La distribuidora eléctrica de Naturgy, UFD, ha aprobado un plan de inversión de al menos 1.218 millones de euros para el periodo 2025-2029. El objetivo es reforzar y digitalizar su red de distribución en España, que actualmente da servicio a 3,9 millones de puntos de suministro a través de más de 116.600 kilómetros de líneas. La decisión la ha tomado el consejo de administración de la compañía según fuentes conocedoras de la operación, y sitúa a Naturgy —tercera eléctrica del país por detrás de Iberdrola y Endesa— en el límite máximo de lo que permite el regulador.

El dinero irá destinado principalmente a ampliar la capacidad de conexión de la red para poder atender la creciente demanda de grandes consumidores industriales y tecnológicos. Centros de datos, instalaciones de hidrógeno verde, plantas industriales de alto consumo y proyectos de energías renovables llevan meses, en algunos casos años, a la espera de un punto de acceso a la red. La saturación es un problema sistémico que afecta a toda la red española, no solo a la de Naturgy.

La red eléctrica española, bajo presión

España acumula miles de solicitudes de conexión pendientes de resolución. Parte de ellas corresponden a proyectos reales con necesidades energéticas concretas, pero otra parte responde a maniobras especulativas para reservar puntos de acceso sin intención inmediata de construir nada. Esta situación ha generado fricciones en el sector y ha empujado al Gobierno a tomar medidas para filtrar qué proyectos tienen prioridad real.

El apagón masivo del pasado 28 de abril de 2024, que dejó sin luz a toda la España peninsular durante varias horas, actuó como catalizador para acelerar el debate. Desde entonces, Red Eléctrica de España, el operador del sistema, ha endurecido sus protocolos operativos para garantizar la estabilidad de la red, lo que ha derivado en un incremento de costes que las patronales del sector —entre ellas Aelec, que integra a Iberdrola, Endesa y EDP— reclaman que se distribuya entre todos los usuarios a través de la factura eléctrica.

El tope regulatorio, el gran condicionante

En España, la inversión en redes eléctricas no la decide libremente cada empresa: la fija el Gobierno a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que establece tanto los peajes que cobran las distribuidoras como el volumen máximo de inversión anual que puede ejecutar cada una. El criterio está vinculado al crecimiento del PIB, lo que en la práctica ha limitado la expansión de la red en los últimos años.

Naturgy ha situado su plan exactamente en ese techo regulatorio. Pero la compañía ya ha dejado claro que está dispuesta a ampliar la cifra si el Gobierno flexibiliza esos límites. Y eso es precisamente lo que contempla el borrador de real decreto que el Ejecutivo tiene en fase de tramitación avanzada: permitir, durante un periodo transitorio, inversiones por encima del umbral habitual para desatascar la red y facilitar la llegada de nuevos consumidores.

Más inversión si cambian las reglas del juego

La aprobación de ese real decreto marcaría un antes y un después para el sector. Las grandes distribuidoras llevan tiempo reclamando más margen para invertir, argumentando que la saturación de la red es un freno al crecimiento económico y a la transición energética. Sin capacidad de conexión suficiente, muchos proyectos renovables no pueden volcarse en la red, lo que ralentiza los objetivos climáticos del país.

Para Naturgy, el impacto sería directo: la empresa podría escalar su plan de inversión por encima de los 1.218 millones comprometidos ahora, aumentando la capacidad de UFD para absorber nuevos contratos de suministro, especialmente de industria pesada y tecnológica. Según datos públicos del grupo, UFD opera en varias comunidades autónomas y es una de las distribuidoras de referencia en zonas como Galicia, Castilla y León y Madrid.

El anuncio de Naturgy llega en un momento en que la presión sobre las redes eléctricas no da señales de remitir. La electrificación de la economía —coches eléctricos, bombas de calor, industria verde— seguirá empujando la demanda al alza durante la próxima década. Y aunque el debate regulatorio sobre los topes de inversión está sobre la mesa, la decisión final sigue en manos del Gobierno. Lo que Naturgy ha hecho esta semana es comprometerse con el máximo posible mientras espera que las reglas del juego cambien a su favor.