El Gobierno ha aprobado una de las medidas más drásticas hasta la fecha para frenar el boom de los centros de datos en España: una fianza obligatoria que pueden llegar a sumar más de 10.000 millones de euros en conjunto. La medida, incluida en el real decreto de medidas anticrisis publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo, obliga a cualquier proyecto de data center —tanto los que solicitan un nuevo punto de conexión a la red eléctrica como los que ya tienen licencia pero no la han puesto en uso— a pagar una prestación mensual por reservar esa capacidad.
La lógica detrás de la medida es sencilla: la red eléctrica española está saturada de permisos que nadie usa. Según datos internos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la suma de licencias concedidas y solicitudes pendientes ronda los 170.000 megavatios (MW), una cifra que supera toda la capacidad de generación eléctrica instalada actualmente en el país. De esa montaña de permisos, cerca del 90% no está siendo utilizado de forma efectiva. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, confirmó ante el Congreso de los Diputados que más de 90.000 MW con permisos de acceso concedidos permanecen inactivos.
En ese contexto, los centros de datos se han convertido en uno de los principales acaparadores de licencias de enganche. Solo en proyectos vinculados a la red de alta tensión —gestionada por Redeia— y a las redes de distribución —operadas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP— había a finales de 2024 unos 70.000 MW comprometidos. Aplicando la tasa media prevista por el Ejecutivo, de 160 euros por kilovatio para proyectos con cinco años de demora, la factura total rondaría los 10.000 millones de euros.
Para un centro de datos mediano, de unos 50 MW de potencia —que es el tamaño habitual en la industria—, la fianza a pagar durante ese período de cinco años ascendería a aproximadamente ocho millones de euros. Sin embargo, ese dinero no se pierde: se considera un adelanto de los peajes eléctricos que la instalación deberá abonar una vez esté operativa. El primer año de funcionamiento, los peajes se reducen al cien por cien; a partir del segundo, en un 80% anual hasta absorber el total de la fianza pagada.
Cómo funciona la tasa
El mecanismo diseñado por el Gobierno combina varios factores para calcular el importe mensual que debe pagar cada proyecto. La tasa varía entre 2,3 y 166,3 euros por kilovatio, en función de la potencia del proyecto, el tipo de red a la que se conecta —alta, media o baja tensión— y el tiempo que tarda en materializarse. A eso se añade un factor multiplicador, denominado factor K, que oscila entre 0,4 y 1,5 y escala automáticamente si el proyecto no arranca.
Los tres primeros meses desde la entrada en vigor del decreto —es decir, hasta el 21 de junio— están exentos de pago. Durante ese período, los promotores pueden renunciar a su licencia o retirar su solicitud sin consecuencias económicas. Pasada esa fecha, comienzan los cobros mensuales. Si un proyecto acumula impagos superiores al 10% en un año natural, pierde automáticamente el derecho de acceso o conexión. Con esa amenaza encima de la mesa, el Gobierno espera que los proyectos especulativos o sin viabilidad real abandonen sus posiciones y liberen capacidad para otros usos.
El trasfondo político
La medida va más allá de lo técnico. En la exposición de motivos del decreto, el Ejecutivo fue explícito al señalar que casi el 90% de la capacidad de acceso a la red había sido adjudicada a promotores que no la usaban. Esa retórica, sumada al hecho de que la fianza se aplica exclusivamente a los centros de datos y no a otros grandes consumidores —como polígonos industriales o infraestructuras compartidas—, revela que el Gobierno no siente especial simpatía por este tipo de proyectos.
El auge de los data centers en España responde a factores estructurales: clima favorable para la refrigeración en determinadas zonas, infraestructura de conectividad creciente y una posición geográfica estratégica como puerta de entrada de cables submarinos hacia Europa. Grandes tecnológicas y fondos de inversión han lanzado proyectos de enorme envergadura en los últimos años, lo que ha disparado la demanda de accesos eléctricos y generado tensiones con otros sectores que también compiten por esa capacidad, como las energías renovables.
Ahora, el sector tendrá que adaptarse a un nuevo escenario en el que reservar un hueco en la red tiene un precio real y creciente. La incógnita es si la medida logrará drenar la acumulación de licencias fantasma sin frenar proyectos con vocación real de inversión a largo plazo en España.