El 28 de abril de 2025 a las 12.32 horas, 36 millones de puntos de suministro —30 millones en España y 6 millones en Portugal— se quedaron sin electricidad de forma simultánea. Fue el mayor apagón de la historia de la Península Ibérica: trenes detenidos, semáforos apagados, industrias paralizadas y negocios cerrados de golpe. El suministro no se restableció del todo hasta la madrugada del día siguiente. Un año después, la pregunta sigue sin respuesta clara: ¿quién fue el responsable?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyó el origen del corte a "fuertes oscilaciones" generadas por plantas fotovoltaicas del suroeste peninsular, lo que cargó el peso del relato sobre las energías renovables. Sin embargo, los técnicos del sector señalaron desde el principio al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), dependiente del grupo Redeia. El argumento: ese día solo había programadas diez centrales térmicas en funcionamiento —tres nucleares y siete ciclos combinados de gas—, una cantidad insuficiente de energía síncrona para estabilizar la red ante cualquier perturbación. Además, uno de esos ciclos combinados, el de San Roque (Cádiz), quedó fuera de servicio sin que el operador lo sustituyera, agravando el desequilibrio en el suroeste.

Los informes llegan, las culpas no

El Gobierno encargó la investigación al Consejo de Seguridad Nacional, bajo coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, presentó sus conclusiones el 16 de junio de 2025; REE publicó las suyas al día siguiente. Todos los análisis apuntaron a causas "multifactoriales", pero ninguno atribuyó responsabilidades concretas. La asociación europea de operadores de red, Entso-e, publicó en marzo de 2026 su propio dictamen y aludió también a "una combinación de factores" que, en su lectura, no implicaban directamente a REE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) renunció a elaborar el informe que había prometido, pese a tener competencia legal para ello.

El operador del sistema se autoexculpó en su informe y dirigió las críticas hacia las tres grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, a las que acusó de haber desconectado instalaciones antes de lo debido y de no haber gestionado correctamente la tensión en sus plantas. Las empresas respondieron que el fallo estuvo en la programación del propio REE. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, declaró ante la comisión de investigación del Congreso que en enero y febrero de 2025 las señales de inestabilidad en el sistema "ya eran tremendas".

La comisión del Senado, con mayoría del Partido Popular, concluyó que los responsables habían sido el Gobierno, Red Eléctrica y la propia CNMC. Su trabajo más destacado fue la filtración de audios con conversaciones internas de técnicos de REE y de las eléctricas durante la mañana del apagón. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, los calificó de "transcripciones sesgadas e interesadas". La comisión del Congreso, abierta recientemente, continúa su trabajo.

La CNMC actúa, pero tarde y con polémica

Casi un año después del apagón, la CNMC aprobó su primera medida administrativa. El 17 de abril de 2026, el supervisor abrió 20 expedientes sancionadores: uno contra Red Eléctrica por presunto incumplimiento de sus funciones como operador del sistema —calificado como infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico— y otros 19 contra instalaciones de Endesa, Iberdrola, Naturgy, la filial eléctrica de Repsol y Bahía de Bizcaia Electricidad, por infracciones graves. Días después, el organismo hizo públicos otros 35 expedientes adicionales que, según reconoció el propio supervisor, no están directamente vinculados al apagón. Algunos se refieren a hechos ocurridos dos años antes, incluida una presunta manipulación de precios. El sector lo interpretó como una señal de que la CNMC "no había hecho sus deberes" y de que está enmarañando en lugar de aclarar. El plazo para resolver estos expedientes es de 18 meses.

La factura que sí tiene número

Mientras los informes se acumulan y los expedientes avanzan despacio, el coste del apagón ya se nota en las facturas. Desde el corte eléctrico, REE opera el sistema de forma reforzada: en lugar de los siete ciclos combinados de gas que estaban activos el día del incidente, ahora programa alrededor de 25 diarios. Estas centrales entran a través del denominado servicio de restricciones, que tiene un coste fijo para el sistema, y además consumen gas, cuyo precio ha subido de 34,67 euros por megavatio hora (MWh) en 2024 a 54,58 euros en lo que va de 2026, en parte por la tensión en torno a Irán.

Las discrepancias sobre el sobrecoste exacto son notables. Según los propios datos de REE, el conjunto de restricciones —sin desglosar la operación reforzada— pasó de 2.700 millones de euros en 2024 a 3.900 millones en 2025, y ya suma 1.500 millones en los primeros meses de 2026. La consultora Nera cifra el coste específico de la operación reforzada en 1.500 millones de euros desde el apagón; PwC lo estima en 920 millones solo entre mayo y diciembre de 2025; y la plataforma Hello Watt calcula que el 28% de la factura de la luz, aproximadamente uno de cada cuatro euros, se destina a estabilizar la red. REE, por su parte, sitúa ese sobrecoste en 660 millones en el último año. Para muchos expertos del sector, mantener esta operación reforzada equivale a una "autoinculpación" implícita del operador.

Cambios técnicos, pero sin reformas de fondo

Las reformas estructurales que Sánchez prometió "hasta el final" no han llegado. La idea de separar el operador del sistema de Redeia y convertirlo en un servicio público nacionalizado quedó aparcada. Lo que sí ha avanzado son ajustes técnicos y regulatorios, entre ellos la aprobación del nuevo procedimiento de operación P.O. 7.4, que permitirá a las energías renovables ofrecer control dinámico de tensión —algo que antes solo podían hacer las centrales síncronas— y cambios en la gestión de la interconexión eléctrica con Francia. Fuentes del sector señalan que estas modificaciones "se podían haber aprobado hace mucho tiempo". El apagón del 28 de abril, en definitiva, ha dejado facturas más altas, una maraña de expedientes y la sensación de que la rendición de cuentas aún está pendiente.