Hay frases que no necesitan explicación para funcionar. 'Los españoles primero' es una de ellas. En pocas semanas, el llamado 'principio de prioridad nacional' ha pasado de ser un punto discreto en acuerdos de gobierno regionales a convertirse en el eje central del debate político español. Y todo apunta a que no va a desaparecer pronto.
El detonante fue la firma de los pactos de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox en Aragón y en Extremadura, dos comunidades donde la derecha sumó mayoría tras las elecciones autonómicas de mayo. Ambos acuerdos recogen, con distintas formulaciones, el principio de dar preferencia a los ciudadanos españoles —o a quienes acrediten un arraigo suficiente— en el acceso a determinados servicios públicos como vivienda, sanidad o educación. La cúpula del PP nacional, lejos de desmarcarse, avaló los pactos desde la sede de Génova. Ese respaldo fue el verdadero salto cualitativo: ya no era Vox quien empujaba la idea, sino el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.
La reacción en la calle —ese termómetro imperfecto pero revelador que son las conversaciones cotidianas— ha sido llamativa. Quejas que antes se expresaban en voz baja sobre listas de espera sanitarias, acceso a vivienda pública o la percepción de que determinados colectivos recibían atención preferente han encontrado de pronto un nombre y un respaldo político explícito. El malestar difuso tiene ahora una bandera. Si eso se traduce en votos es la pregunta que todos los estrategas electorales se están haciendo con urgencia.
Una tendencia con raíces europeas
España no está inventando nada nuevo. El giro identitario que propone anteponer a los ciudadanos nacionales frente a los inmigrantes lleva años ganando terreno en Europa occidental. Marine Le Pen lidera las encuestas en Francia con su consigna de 'los franceses primero'. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) ha crecido de forma sostenida bajo el lema 'Alemania para los alemanes', con Alice Weidel como su cara más visible. Y en Italia, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 apelando a valores como 'Dios, patria y familia', consolidando al país transalpino como el ejemplo más citado de este modelo político en el poder.
El patrón se repite: sociedades con tensiones por los flujos migratorios, brechas sociales que no se cierran y una percepción extendida de que las élites políticas no escuchan a quienes se sienten 'dejados atrás'. En ese caldo de cultivo, la política identitaria prospera porque ofrece un relato simple, un culpable claro y una solución aparentemente directa. Que ese relato se apoye muchas veces en datos distorsionados o en posverdades no lo hace menos efectivo electoralmente.
El cálculo del PP y la apuesta de Sánchez
Desde la perspectiva del PP, el movimiento tiene una lógica: absorber el electorado potencial de Vox sin ceder la moderación suficiente como para espantar al votante de centro. Es un equilibrio complicado, pero los números en Aragón y Extremadura sugieren que puede funcionar. Los populares han dejado de competir con Vox por ver quién marca más distancias y han optado por una cohabitación más abierta, asumiendo el coste reputacional que eso implica.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, ha recibido los acuerdos como un regalo político. La estrategia de La Moncloa ha consistido desde hace años en equiparar al PP con Vox, presentándolos como 'las dos caras de la misma moneda'. Cada vez que el PP pactaba con Vox en un ayuntamiento o una comunidad, el PSOE lo amplificaba. Ahora, con el aval explícito de la dirección nacional del PP a un principio que el Gobierno califica directamente de xenófobo, el argumento se refuerza solo. La Moncloa no ha tardado en activar esa narrativa.
Sin embargo, los estrategas de la izquierda harían bien en no cantar victoria demasiado pronto. Que el PP haya dado un giro no significa automáticamente que ese giro vaya a perjudicarle. La evidencia europea apunta en dirección contraria: los partidos que han adoptado posiciones más duras en materia migratoria no han perdido votos por ello, sino que en muchos casos los han ganado. El riesgo para el PSOE es que una parte de su propio electorado tradicional —trabajadores con salarios bajos, residentes en barrios con alta presión migratoria— sienta que sus preocupaciones están más cerca de lo que propone la derecha que de lo que defiende la izquierda.
Qué dice la ley y qué dicen las encuestas
Más allá del debate político, conviene preguntarse qué implica jurídicamente el 'principio de prioridad nacional'. En España, la Constitución/con) prohíbe la discriminación por razón de nacimiento o raza en el acceso a derechos fundamentales. Cualquier normativa regional que establezca preferencias explícitas en servicios públicos básicos según la nacionalidad chocaría previsiblemente con el marco legal vigente y abriría la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso no quiere decir que el debate carezca de recorrido: la gestión de listas de espera, la asignación de vivienda pública o los criterios de escolarización son materias donde las comunidades autónomas tienen margen de actuación, y es ahí donde el concepto puede concretarse de formas diversas sin necesariamente vulnerar derechos fundamentales.
Lo que está claro es que el término ha llegado para quedarse en la conversación pública. A un año vista de las elecciones generales, el 'principio de prioridad nacional' ya ocupa un espacio en el debate que ningún partido puede ignorar. La pregunta no es si influirá en el resultado electoral, sino cuánto.