El 28 de abril de 2025, a las 12.32 horas, la Península Ibérica se quedó sin electricidad. Trenes detenidos, semáforos apagados, comercios cerrados y fábricas paralizadas: lo que comenzó como un soleado lunes de primavera se convirtió en el mayor apagón eléctrico de la historia reciente de España y Portugal. El suministro no se restableció completamente hasta la madrugada del 29 de abril. Hoy se cumple un año de ese día y las preguntas siguen sin respuesta oficial.
En las primeras horas, el colapso fue total. El transporte público metropolitano se detuvo en las principales ciudades. Los sistemas de pago electrónico dejaron de funcionar, obligando a cerrar comercios de todo tipo. Las empresas sin generadores propios enviaron a casa a sus trabajadores antes del mediodía. Las industrias fueron apagándose en cadena. Millones de personas vivieron en primera persona lo que significa depender por completo de una red eléctrica que, de repente, desaparece.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apareció ante los medios ese mismo día para anunciar la apertura de una investigación urgente a cargo del Consejo de Seguridad Nacional y prometió "llegar hasta el final". Esa frase, repetida durante semanas, marcó el tono político de los meses siguientes. Sin embargo, doce meses después, ese final sigue sin materializarse en ninguna resolución firme ni en ninguna responsabilidad declarada.
Los informes y el silencio de los primeros meses
Tras el apagón, los meses siguientes estuvieron dominados por una avalancha de informes técnicos elaborados por los principales agentes del sector energético. Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, y las grandes eléctricas presentaron sus análisis. También lo hicieron organismos reguladores y asociaciones industriales. Cada informe aportaba datos parciales, pero ninguno cerró el círculo de las causas ni identificó una responsabilidad clara y única. El debate técnico se enredó con el político y los meses fueron pasando sin avances visibles para la ciudadanía.
En paralelo, el coste de mantener la red en condiciones reforzadas empezó a trasladarse a las facturas. Red Eléctrica implementó una operación reforzada del sistema para reducir el riesgo de un nuevo corte masivo, una medida que tiene un coste operativo mayor y que, según fuentes del sector, ha contribuido al encarecimiento de la electricidad en España durante este último año. Los consumidores han pagado más, por tanto, tanto por el apagón en sí como por las medidas adoptadas para evitar otro.
La CNMC actúa y el Congreso abre su propia investigación
El primer movimiento regulatorio concreto llegó el 17 de abril de 2026, cuando la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abrió 20 expedientes sancionadores contra las principales empresas del sector eléctrico. El más grave afecta a REE, acusada de una infracción muy grave contra la Ley del Sector Eléctrico. Las otras compañías implicadas son Endesa, con siete expedientes; Iberdrola y Naturgy, con cinco cada una; y Repsol y Bahía de Bizcaia Electricidad, con uno respectivamente. La apertura de expedientes no implica sanción, pero es el paso formal previo a cualquier resolución.
Ese mismo 17 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el apagón. Su objetivo es esclarecer las causas, evaluar la respuesta de las instituciones y, en su caso, señalar responsabilidades políticas. Las comisiones de investigación en España tienen capacidad para llamar a declarar a responsables públicos y privados, aunque sus conclusiones no tienen efectos jurídicos vinculantes. La comisión acaba de arrancar y su trabajo se prolongará durante meses.
Un año después: sin reformas y con la factura más alta
El balance a doce meses del apagón es, en términos de rendición de cuentas, escaso. No se ha producido ninguna dimisión ni destitución relevante en el sector público o privado relacionada con el suceso. Las reformas estructurales del sistema eléctrico que el Gobierno prometió tras el apagón, orientadas a reforzar la resiliencia de la red y a diversificar las fuentes de generación, no se han materializado en cambios legislativos aprobados. El debate sobre la dependencia de las energías renovables intermitentes y su impacto en la estabilidad de la red sigue abierto entre ingenieros, economistas y políticos, sin consenso.
Lo que sí ha cambiado de forma tangible es el precio de la electricidad. La operación reforzada que aplica REE desde el apagón tiene un coste que se repercute en el sistema y, en última instancia, en los consumidores. España cierra este primer aniversario con más expedientes abiertos que respuestas dadas, una comisión parlamentaria que acaba de empezar y millones de ciudadanos que recuerdan perfectamente qué estaban haciendo aquel lunes de abril cuando se fue la luz.