La Unión Europea se enfrenta a una pregunta que lleva décadas aplazando: ¿qué hace exactamente si uno de sus miembros es atacado? El Consejo informal de ministros de Defensa de los Veintisiete se ha reunido para intentar responder a esa cuestión con más concreción que nunca, en un momento en que el continente vive su mayor revisión estratégica desde el final de la Guerra Fría.
El punto de partida es el dinero. La Comisión Europea ha activado un programa de financiación del rearme que moviliza más de 150.000 millones de euros para que los estados miembros modernicen y amplíen sus capacidades militares. Es una cifra sin precedentes en la historia de la integración europea, y llega en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la presión de Washington para que Europa asuma más responsabilidad sobre su propia seguridad.
Sin embargo, el dinero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cómo actuarían los países europeos de forma coordinada ante una amenaza real. Tener ejércitos mejor equipados no equivale a tener un mando único, una cadena de decisión compartida ni una doctrina común de respuesta. Ese es precisamente el nudo que los ministros reunidos en Bruselas intentan desatar.
El debate no plantea una ruptura con la Alianza Atlántica. La OTAN sigue siendo el paraguas de defensa colectiva para la mayoría de los socios europeos, y nadie en la mesa propone desmantelarla ni sustituirla. Lo que se discute es si Europa puede y debe desarrollar una capacidad autónoma que funcione en paralelo, especialmente en escenarios donde Washington no quiera o no pueda intervenir. La experiencia de los últimos años, con una administración estadounidense que ha cuestionado abiertamente sus compromisos con el artículo 5, ha acelerado esa reflexión.
Ucrania ocupa un lugar central en este análisis. El apoyo europeo a Kiev ha demostrado que los Veintisiete pueden movilizar recursos militares y financieros a una escala considerable, pero también ha expuesto las costuras del sistema: decisiones lentas, vetos nacionales, diferencias en los niveles de compromiso. Lo que ha funcionado de forma reactiva ante una guerra en el este del continente tendría que funcionar de forma mucho más ágil si la amenaza afectara directamente a territorio de la UE.
Otros focos de inestabilidad también están sobre la mesa. La situación en Oriente Próximo, con actores como Hezbolá activos en el Mediterráneo oriental, y la fragilidad de varios estados en el flanco sur de Europa añaden variables que complican cualquier doctrina de defensa que pretenda ser coherente. Los expertos señalan que una estrategia creíble no puede diseñarse pensando solo en el este, sino que debe contemplar amenazas asimétricas, ataques híbridos y presiones migratorias instrumentalizadas.
El marco legal también plantea obstáculos. Los tratados de la UE no contemplan una alianza defensiva al estilo del artículo 5 de la OTAN, aunque el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece una cláusula de asistencia mutua entre estados miembros en caso de agresión armada. Ese precepto ha sido invocado formalmente solo una vez, por Francia tras los atentados de París en 2015, y su aplicación práctica sigue siendo ambigua. Reformar ese marco o dotarlo de contenido operativo es uno de los debates de fondo.
Lo que está claro es que la ventana política para avanzar en este terreno es más amplia ahora que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La combinación de la guerra en Ucrania, el escepticismo estadounidense y el crecimiento del gasto en defensa de casi todos los socios europeos ha generado una presión inédita para que la UE deje de debatir en abstracto y empiece a construir estructuras concretas. Si ese proceso derivará en una arquitectura de defensa genuinamente europea o quedará absorbido por la lógica de la OTAN es la pregunta que este consejo informal no va a resolver, pero sí intenta plantear con más precisión que antes.