El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, compareció este martes ante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados tres meses después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un total de 47 muertos y más de 200 víctimas entre ambos siniestros. La comparecencia, solicitada por el propio directivo, arrancó con una afirmación que marcaría el tono de todo el debate: Renfe acudía «como empresa perjudicada» en ambos accidentes. La respuesta de la práctica totalidad de los grupos de la oposición fue inmediata y contundente.
Fernández Heredia abrió su intervención recordando a las 211 víctimas —47 de ellas mortales— de los dos choques ocurridos en enero. El primero tuvo lugar el 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un Alvia que circulaba entre Madrid y Huelva impactó contra un tren de la operadora Iryo que había descarrilado segundos antes a la altura del punto kilométrico 318,681, en Adamuz. La hipótesis que maneja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a la rotura de un carril o de una soldadura como causa del descarrilamiento inicial, según confirmó el propio presidente del organismo en el Senado el lunes anterior.
El segundo accidente se produjo el 20 de enero en la línea 4 de Rodalies de Cataluña, a la altura de Gelida. Según la versión de Renfe, un trozo de hormigón del muro de la autopista AP-7 se desprendió sobre la vía coincidiendo con el paso del convoy, en plena borrasca Harry. El tren circulaba a 60 kilómetros por hora, activó el freno de emergencia pero tardó 60 metros y cuatro segundos en detenerse. El resultado fue la muerte del conductor en formación y 41 heridos. En ambos casos, el directivo insistió en que el personal estaba correctamente habilitado y los trenes al día en sus revisiones técnicas.
Las críticas desde todos los flancos
La defensa de Fernández Heredia no convenció a casi ningún grupo parlamentario. Desde el Partido Popular, el diputado Héctor Palencia acusó al presidente de Renfe de mostrar una «actitud cobarde» al esquivar las preguntas sobre el deterioro general del servicio, la bajada en los estándares de exigencia y la reducción de las indemnizaciones a viajeros afectados por retrasos e incidencias. El popular también apuntó que Renfe perdió el control durante 31 minutos sobre la situación del Alvia siniestrado en Adamuz, algo que el compareciente negó: según explicó, los sistemas GPS del tren seguían operativos y la interventora contactó con el centro de control cinco minutos después del choque.
Desde Vox, la diputada Patricia Rueda fue aún más directa y lamentó que el presidente de la operadora no hubiera «entonado el mea culpa», añadiendo que en una empresa privada «estarían todos despedidos». Por su parte, la representante del PNV, Nerea Rentería, advirtió de que «la seguridad ferroviaria no puede estar supeditada a criterios económicos» y denunció el «abandono» del servicio en el País Vasco y Navarra, con retrasos sistemáticos y la pérdida de conexiones de larga distancia.
El representante de Junts, Isidre Gavin, fue especialmente duro al recordar que el accidente de Gelida guarda similitudes con el ocurrido en Vacarisses (Barcelona) en noviembre de 2018, donde también hubo un fallecido y las lluvias fueron señaladas como detonante. Para Gavin, el de Gelida «era evitable» y Renfe debió exigir soluciones a Adif antes de que ocurriera la tragedia. Desde ERC también se criticó la gestión conjunta de Renfe y Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, como un lastre estructural para el servicio.
El foco sobre el 112 de Andalucía
Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia fue cuando Fernández Heredia puso el foco en la actuación del servicio de emergencias 112 de Andalucía durante el accidente de Adamuz. Según explicó, las llamadas de los pasajeros de ambos trenes llegaron al sistema de emergencias en el primer minuto tras la colisión. Sin embargo, todo apunta a que el 112 localizó el tren de Iryo descarrilado pero no geolocalizó al Alvia, lo que habría retrasado la llegada de la Guardia Civil al convoy hasta casi una hora después del choque, a las 20.36 horas del domingo 18 de enero. Esta versión coincide con la denuncia pública que han venido haciendo las propias víctimas y sus familias.
Fernández Heredia cerró su intervención reafirmando que Renfe «es una víctima más» y que la compañía ha «redoblado esfuerzos» para defender la seguridad del transporte ferroviario. También mencionó que Adif ha intervenido sobre 90 puntos críticos de la red catalana tras las borrascas de enero, a instancias de Renfe y sus maquinistas. Reconoció, eso sí, que el servicio de Rodalies «no es el que merecen los viajeros», aunque rechazó que eso implique cuestionar la seguridad de la red.
El único apoyo explícito al Gobierno llegó del diputado socialista Ignacio López Cano, que defendió la transparencia del Ejecutivo tras los siniestros y recordó la tragedia de Angrois en 2013 —cuando el PP gobernaba— como contrapunto al discurso de la oposición. Las investigaciones técnica y judicial sobre ambos accidentes siguen abiertas.