España cerró 2025 con 735 muertes relacionadas con el trabajo: 584 durante la jornada laboral y 151 en los desplazamientos de ida o vuelta al puesto. En los dos primeros meses de 2026, el contador ya marca 104 fallecidos, seis más que en el mismo periodo del año anterior. Con ese telón de fondo, el Consejo de Ministros aprobó este martes, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el anteproyecto de ley para reforzar la prevención de riesgos laborales.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió la norma en rueda de prensa con un mensaje claro: hay trabajos que generan enfermedad y eso no se está midiendo correctamente en las empresas. Díaz también reclamó más atención a la salud mental de los trabajadores y criticó que el debate público se centre en el absentismo sin preguntarse qué condiciones laborales lo provocan.
Las principales novedades del anteproyecto
Una de las medidas más llamativas es la extensión de la protección a los trabajadores autónomos, un colectivo que hasta ahora quedaba fuera de buena parte de la normativa de prevención. Según datos manejados por el ministerio, la siniestralidad entre autónomos ha crecido un 71,4% en los últimos años. El proyecto también crea la figura del "agente territorial de prevención", una persona designada conjuntamente por sindicatos y empresarios que supervisará los riesgos en centros de trabajo con menos de diez empleados, precisamente donde los sindicatos sitúan la mayor concentración de accidentes.
En materia de servicios de prevención propios, el umbral a partir del cual una empresa está obligada a contar con uno baja de 500 a 300 trabajadores en el caso general. Para el sector de la construcción, ese límite se reduce de 250 a 150. Además, el empresario solo podrá asumir personalmente las funciones de prevención en plantillas de hasta diez empleados, frente a los 25 que permite la normativa actual. El texto también pone el foco en los llamados servicios de prevención ajenos, compañías externas a las que muchas empresas subcontratan esta función, y endurece su supervisión.
Otras modificaciones abordan los riesgos derivados de la crisis climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y de edad, y el derecho a la desconexión digital. Se trata de actualizar una ley, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que data de hace tres décadas y que no contemplaba muchos de los riesgos presentes en el mercado laboral actual.
El contexto europeo y la oposición patronal
España registra una tasa de siniestralidad laboral de 1,71 fallecidos por cada 100.000 empleados, según datos de Eurostat, ligeramente por encima de la media comunitaria, que se sitúa en 1,63. La distancia con los países más seguros de Europa es, sin embargo, mucho mayor: Países Bajos anota un 0,38, Alemania un 0,71 y Polonia un 1,18.
El anteproyecto cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, pero la patronal —CEOE y Cepyme— lo rechaza. Ambas organizaciones acusaron en noviembre pasado al Gobierno de utilizar los fallecimientos de trabajadores con fines electorales. Esa oposición empresarial complica el recorrido parlamentario de la norma, en un Congreso donde la mayoría de derechas ha bloqueado anteriormente medidas laborales pactadas solo con los representantes de los trabajadores.
Para sortear ese obstáculo, Trabajo se comprometió con los sindicatos a aprobar también varias modificaciones por vía reglamentaria —decretos que no requieren respaldo parlamentario—. Sin embargo, el ministerio ha aclarado que esos reglamentos no se tramitarán hasta conocer el destino del anteproyecto en las Cortes, lo que ha generado malestar en Comisiones Obreras. El responsable de Salud Laboral del sindicato, Mariano Sanz, considera que el acuerdo comprometía una tramitación paralela. Díaz respondió en rueda de prensa asegurando que el pacto no fija plazos y, en un tono inusualmente directo, afirmó que quien sostiene lo contrario "miente".
¿Qué viene ahora?
Tras esta primera lectura en el Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá someterse a informes preceptivos, entre ellos el del Consejo Económico y Social. Después regresará al Gabinete para una segunda lectura antes de ser enviado al Congreso, donde se someterá al debate y la votación parlamentaria. El calendario exacto dependerá del ritmo de esos informes y de la agenda legislativa del Gobierno.
La norma llega en un momento en que la siniestralidad vuelve a subir tras años de relativa estabilidad. Si los datos de los dos primeros meses de 2026 se confirman como tendencia, España podría cerrar el año con más víctimas que en 2025, lo que añade urgencia política a una reforma que, en cualquier caso, aún tiene un largo camino por delante antes de convertirse en ley.