El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para tramitar la proposición de ley del Partido Popular en materia de vivienda y urbanismo, gracias al apoyo de Junts y Vox. La iniciativa popular plantea un enfoque radicalmente opuesto al del Ejecutivo de Pedro Sánchez: menos intervención en el mercado del alquiler y más agilidad para poner suelo nuevo en manos de los promotores. El debate llega en un momento crítico para el sector residencial español, con un déficit estimado por el Banco de España en más de 700.000 viviendas.

El texto del PP propone, entre otras cosas, la supresión de las llamadas zonas tensionadas, el mecanismo que permite a los ayuntamientos imponer límites a las subidas del alquiler en áreas con alta presión de precios. Los populares argumentan que este sistema, aplicado con más intensidad en Cataluña desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, no ha contenido los precios sino que ha reducido la oferta disponible. Datos del portal Idealista apuntan a que el número de viviendas en alquiler de larga estancia cayó en más de 15.000 unidades en Cataluña durante el último año, con Barcelona como principal afectada. Para los defensores de la medida, el argumento es claro: si al propietario no le salen las cuentas, retira el piso del mercado o lo deriva hacia el alquiler turístico.

La segunda gran pata de la propuesta toca un asunto especialmente sensible: la llamada «inquiokupación». La proposición de ley incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a la mitad el umbral de ingresos que define a una familia como vulnerable a efectos de paralizar un desahucio por impago. El límite bajaría de 1.800 euros mensuales a 900, equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia utilizada para acceder a ayudas y subsidios públicos. Con el umbral actual, muchos propietarios denuncian que no pueden recuperar sus viviendas durante meses o incluso años, soportando además la carga fiscal de unos ingresos que no perciben.

Este problema se ha agudizado con el llamado «escudo social» del Gobierno, que suspende los lanzamientos para familias vulnerables al menos durante 2025. La acumulación de estas medidas —prórroga de desahucios, obligación de tributar por rentas no cobradas y largos procesos judiciales— ha generado un freno real a la oferta de alquiler, según han alertado reiteradamente asociaciones de propietarios y expertos del sector inmobiliario.

El tercer elemento destacado de la iniciativa popular es la agilización de los trámites urbanísticos para la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales. El sector lleva años reclamando que los procedimientos administrativos son uno de los principales cuellos de botella para aumentar el parque de viviendas, tanto en obra nueva como en rehabilitación. La reducción de plazos y la simplificación de licencias son medidas que cuentan con amplio consenso entre promotores y arquitectos, aunque el debate político haya polarizado el debate sobre vivienda hasta hacer difícil cualquier acuerdo transversal.

La aprobación de la toma en consideración de esta proposición de ley se produjo tras meses de bloqueo, en un contexto de enfrentamiento abierto entre el PP y el PSOE. El partido socialista había acusado a los populares de presentar una iniciativa con «gran similitud» a la suya, algo que desde el PP rechazaron de plano. El resultado fue un encallamiento parlamentario que ahora se desbloquea, aunque sea a través de una alianza poco habitual entre los populares, Vox y Junts.

Precisamente la postura de Junts ha marcado también la agenda de la semana en materia de vivienda, ya que la formación de Carles Puigdemont debe decidir si apoya o tumba el decreto del Gobierno que incluye una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que venzan este año, sin posibilidad de subir el precio, además de limitar las actualizaciones de renta al 2%. Desde Junts han afirmado que no hay «nada que negociar» en materia de intervencionismo, aunque el Ejecutivo no descartaba ayer un acuerdo de última hora si se aceptan condiciones como la exención del IVA para autónomos con facturación inferior a 85.000 euros anuales o nuevas bonificaciones fiscales para los propietarios afectados por la prórroga.

El resultado de esa votación marcará el pulso real entre los dos modelos que hoy se disputan el mercado de la vivienda en España: el que apuesta por regular y proteger al inquilino a corto plazo, y el que defiende que solo aumentando la oferta de forma sostenida se resolverá la crisis estructural que lastra el acceso a la vivienda para los más jóvenes.