Dos de los principales responsables del Gobierno implicados en la crisis de gobernanza de Indra rechazaron este martes comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en Moncloa, y Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no se presentaron a las comparecencias a las que habían sido convocados para dar explicaciones sobre los recientes movimientos que han sacudido a la empresa tecnológica de defensa.
La presidenta de la comisión, la diputada popular Edurne Uriarte, explicó que ambos fueron avisados con quince días de antelación y que también recibieron mensajes directos y correos electrónicos los días 14 y 15 de abril en los que se les ofrecían dos fechas posibles: el 21 de abril o el 28 del mismo mes. Ante la ausencia de respuesta, la mesa y los portavoces de los grupos aprobaron la convocatoria formal para este martes. De la Rocha tenía que responder por las gestiones relacionadas con la posible fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering. Gualda, por su parte, debía aclarar qué instrucciones dio a los consejeros propuestos por la SEPI ante los cambios en la presidencia de la compañía.
El Gobierno justificó la ausencia a través de una carta que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, envió a Uriarte el pasado 23 de abril. En ella argumentaba que los comparecientes habían sido avisados con tiempo insuficiente. Uriarte rechazó ese argumento y calificó la situación de "falta de respeto del Gobierno a la comisión, al Parlamento y a los ciudadanos".
El portavoz socialista en la comisión, Víctor Ruiz de Diego, mostró su sorpresa ante las declaraciones de la presidenta, a las que tachó de propias del portavoz del PP antes que de quien preside el órgano. Ruiz de Diego pidió que se publicara íntegramente la carta de Simancas y defendió que existen otras vías parlamentarias de control del Ejecutivo. También apuntó que fijar fechas de comparecencia sin coordinarlas previamente con los convocados es, en sí mismo, una falta de respeto, y señaló que no era la primera vez que ocurría.
Desde los grupos de la oposición, los reproches fueron más directos. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro habló de "burla al Parlamento" y pidió a la presidenta de la comisión que trasladara una protesta formal a la mesa del Congreso. Por su parte, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, fue más allá y tachó de "bananeras" las decisiones tomadas desde la Oficina Económica sobre Indra. Hernando sostuvo que la negativa a comparecer demuestra la "voluntad acreditada" del Gobierno de esquivar el control parlamentario, y llegó a cuestionar cuál fue el papel del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en el conflicto interno de la empresa.
Qué ha pasado en Indra en los últimos meses
La crisis que llevó a esta situación parlamentaria arrancó meses atrás, cuando comenzó a estudiarse la posible adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra con el objetivo de crear un gran grupo nacional en el sector de la defensa. El problema: Ángel Escribano era simultáneamente presidente de Indra y dueño de la empresa que se pretendía comprar, además de accionista relevante de la propia Indra con un 14,3% del capital. Ese potencial conflicto de interés acabó siendo señalado por la SEPI, aunque los reparos llegaron tarde, cuando la operación ya llevaba tiempo sobre la mesa.
La tensión entre el Gobierno —a través de la SEPI, principal accionista de Indra con cerca del 28% del capital— y Escribano fue escalando hasta que, a principios de abril, el hasta entonces presidente decidió dimitir. En su lugar fue nombrado Ángel Simón, exConsejero Delegado de Criteria Caixa y figura vinculada históricamente a la gestión de empresas públicas en el entorno del PSC y del Ayuntamiento de Barcelona. La adquisición de EM&E quedó congelada.
El impacto en bolsa
Toda esta turbulencia tuvo un reflejo inmediato en los mercados. Las acciones de Indra llegaron a rozar los 65 euros por acción a principios de 2025, tras acumular una revalorización superior al 180% desde comienzos de año, impulsada en parte por la ola de inversión en defensa que recorre Europa desde la escalada de tensiones en el este del continente. Sin embargo, la crisis de gobernanza provocó una corrección brusca. En el momento actual, el título cotiza por debajo de los 50 euros, lo que supone una caída de aproximadamente un 25% desde los máximos. Los inversores siguen pendientes de cómo el nuevo equipo directivo gestiona la estabilización de la compañía y si la operación con EM&E acaba retomándose o se descarta definitivamente.
La Comisión Mixta de Seguridad Nacional tiene previsto insistir en las comparecencias. Uriarte no descartó volver a convocar a De la Rocha y Gualda ni emprender otras acciones para exigir que el Ejecutivo dé explicaciones sobre una empresa en la que el Estado es el mayor accionista individual y que opera en uno de los sectores más sensibles para la seguridad nacional.