El Gobierno dará el martes su primer visto bueno a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que lleva en vigor desde 1995 y que el Ministerio de Trabajo considera obsoleta ante los cambios profundos que han experimentado el mercado laboral y los modelos productivos en tres décadas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo confirmó este jueves en un acto en su propio ministerio, donde subrayó que las relaciones laborales actuales poco tienen que ver con las de hace treinta años.
El anteproyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. Sin embargo, la patronal CEOE ha rechazado el texto, lo que condiciona su recorrido parlamentario. Tras recibir el aval inicial del Consejo de Ministros, el proyecto deberá pasar por los informes preceptivos de los organismos consultivos correspondientes y superar una segunda lectura en el gabinete antes de ser remitido al Congreso. En la Cámara, las perspectivas son complicadas: la oposición de la patronal y el previsible voto en contra de los grupos parlamentarios de derechas hacen difícil que el texto prospere tal y como está planteado.
Las principales novedades del anteproyecto
Una de las medidas más llamativas es la creación de la figura del "agente territorial de prevención", un profesional designado conjuntamente por sindicatos y organizaciones empresariales cuya función sería vigilar los riesgos laborales en empresas con menos de diez trabajadores. Según los sindicatos, es precisamente en estas microempresas donde se concentra la mayor parte de los accidentes laborales, ya que suelen carecer de estructuras de prevención propias y del conocimiento técnico necesario para gestionarlos.
El texto también propone rebajar el umbral a partir del cual una empresa está obligada a contar con un servicio de prevención propio. Actualmente esa cifra está fijada en 500 trabajadores; con la reforma, bajaría a 300. En el sector de la construcción, donde la siniestralidad es especialmente elevada, el umbral sería aún más estricto: se exigiría servicio propio a partir de 150 empleados, frente a los 250 actuales. Además, el anteproyecto endurece el control sobre los llamados servicios de prevención ajenos, es decir, las empresas externas a las que muchas compañías subcontratan esta función.
Otras modificaciones relevantes afectan a los trabajadores autónomos, cuyo seguimiento preventivo se reforzaría de manera expresa. El texto también incorpora referencias a los riesgos derivados de la crisis climática, los riesgos psicosociales —como el estrés o el acoso—, la perspectiva de género y la de edad. En línea con las tendencias laborales más recientes, se recoge además el derecho a la desconexión digital. Por último, se limita la posibilidad de que el propio empresario asuma personalmente la gestión de la prevención: solo podría hacerlo en empresas de hasta diez empleados, la mitad del límite actual de 25.
Los datos de siniestralidad que motivan la reforma
Detrás de esta iniciativa legislativa hay una realidad preocupante. Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 2024 murieron 735 personas en España a causa de accidentes laborales, una cifra que, aunque supone 61 fallecidos menos que el año anterior, esconde un dato alarmante: en la construcción, el sector con mayor siniestralidad, los fallecimientos aumentaron de 135 a 164, un incremento de casi el 22%.
España lleva años con tasas de siniestralidad por encima de la media europea, lo que ha generado una presión creciente de los sindicatos para actualizar un marco normativo que consideran insuficiente. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada hace tres décadas, ha sido modificada en varias ocasiones pero nunca sometida a una reforma estructural de este calado.
El rechazo de la CEOE al texto es un obstáculo significativo. La patronal considera que algunas de las medidas propuestas suponen una carga administrativa y económica desproporcionada para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Este desacuerdo no solo dificulta el consenso social imprescindible en materias laborales, sino que anticipa una tramitación parlamentaria tensa en un Congreso donde el Gobierno no cuenta con mayoría estable.
Lo que sí parece claro es que el debate sobre la prevención laboral en España va a intensificarse en los próximos meses. Con datos de accidentalidad que siguen siendo elevados y una ley que no ha sido renovada en profundidad desde el siglo pasado, la presión para modernizar el sistema es real, independientemente de cuál sea el destino final de este anteproyecto concreto.