El cierre del estrecho de Ormuz lleva dos meses sacudiendo los mercados energéticos, pero sus efectos van mucho más allá del petróleo y el gas. La interrupción del tráfico marítimo por ese paso estratégico ha cortado el suministro de fertilizantes esenciales para la agricultura europea, encareciendo insumos básicos y poniendo en jaque la próxima temporada de siembra en el hemisferio norte. España fue uno de los primeros países en llevar el asunto a la mesa europea.
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, lo dejó claro en su llegada al Consejo de ministros de Agricultura celebrado en Luxemburgo: la Unión Europea necesita actuar «cuanto antes» para garantizar el suministro de fertilizantes y evitar que los costes de producción se disparen. Planas subrayó que por el estrecho de Ormuz pasaba, antes del conflicto, el 40% de la urea y el 30% del nitrógeno que consume Europa, incluyendo el amoniaco, un componente crítico para la industria agroquímica. Con ese corredor bloqueado, los precios suben, los plazos de entrega se alargan y los agricultores europeos se encuentran frente a decisiones muy complicadas.
La respuesta de Bruselas no tardó en llegar. El comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, confirmó que la Comisión Europea presentará el 19 de mayo un plan específico sobre fertilizantes. El objetivo declarado es triple: reducir la dependencia de terceros países, reforzar la producción interna europea y fomentar alternativas más baratas y sostenibles. Junto a esas medidas estructurales, Hansen adelantó que también se estudian alivios de carácter financiero y regulatorio para los agricultores mientras llegan soluciones de más largo plazo.
Por qué los fertilizantes son clave en este momento
Entender el problema exige conectar varias piezas. Los fertilizantes nitrogenados, los más usados a escala global, se producen a partir del gas natural. Cuando el precio del gas sube, sube también el coste de fabricar urea y amoniaco. El bloqueo de Ormuz ha encarecido el gas, ha reducido el volumen disponible de fertilizantes y ha complicado su transporte en un momento en que la demanda agrícola es especialmente intensa. El resultado es una tormenta perfecta que llega justo cuando los agricultores están planificando o iniciando la siembra.
La organización Copa-Cogeca, que representa a los productores agrarios y cooperativas de toda la UE, advirtió durante la cumbre de Luxemburgo de que muchas explotaciones están reduciendo superficies cultivadas, cambiando de cultivos o directamente abandonando la siembra porque producir ya no es rentable. Una señal de alarma que va más allá de las cifras macroeconómicas y afecta directamente a la disponibilidad de alimentos en los próximos meses.
La dimensión global del problema tampoco es menor. Un informe reciente de la ONU cifró en 266 millones el número de personas que sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria en cerca de cincuenta países durante 2025, agravada por conflictos armados y fenómenos climáticos extremos. Los expertos advierten de que si el colapso de Ormuz se prolonga, la cadena causal es bastante previsible: menos fertilizantes, peores cosechas, más carestía de alimentos.
La respuesta española y lo que se exige a Europa
En España, los fertilizantes y el gasóleo representan alrededor del 13% de los costes de producción vegetal. El Gobierno ha movilizado un paquete de ayudas de 877 millones de euros para el sector agrario, de los cuales 500 millones están destinados específicamente a compensar el sobrecoste de los fertilizantes. Una cifra que puede quedarse corta dependiendo de la duración del conflicto, pero que al menos refleja la magnitud del impacto económico.
Sin embargo, lo que el sector reclama va más allá de parches coyunturales. Asaja, una de las principales organizaciones agrarias españolas, sintetizó bien la posición del sector: no hay soberanía alimentaria sin fertilizantes, y no hay fertilizantes sin energía asequible. La propuesta es que la política de fertilizantes quede integrada en los planes europeos de autonomía energética, con una visión estratégica que conecte la seguridad alimentaria con la independencia energética. Dos debates que, durante demasiado tiempo, han discurrido por separado en los despachos de Bruselas.
Lo que está en juego en las próximas semanas es considerable. El plan que la Comisión Europea tiene previsto presentar el 19 de mayo marcará si la respuesta de la UE es reactiva y limitada, o si aprovecha la crisis para rediseñar de forma más robusta su política agroindustrial. La experiencia de los últimos años —con la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora el conflicto en Oriente Próximo— ha demostrado que la dependencia exterior en materias primas estratégicas tiene un precio muy concreto cuando los flujos comerciales se interrumpen. Los agricultores europeos, que no pueden esperar a que los mercados se reequilibren solos, necesitan saber cuánto tardará Bruselas en aprender esa lección.