Un año después del gran apagón del 28 de abril de 2025, el debate ya no gira solo sobre lo que ocurrió aquel día, sino sobre lo que ha pasado después. La factura del llamado "modo reforzado" —el conjunto de medidas adoptadas para evitar otro colapso eléctrico masivo— está disparando los costes del sistema hasta niveles sin precedentes, y la gran industria española ha decidido unir fuerzas para exigir soluciones al Gobierno.
Varias de las principales patronales empresariales del país han firmado un documento conjunto denominado *Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico*, un texto que funciona como manifiesto y que no tiene precedentes por la amplitud de sectores que agrupa. Bajo ese paraguas se encuentran organizaciones como Anfac, Feique, Fiab, Aice, Unesid, Aspapel o Sernauto, que representan a empresas tan dispares como Repsol, Acerinox, ArcelorMittal, Seat, Renault, Celsa o Cementos Lemona, entre muchas otras. Todas ellas se han sumado a las reclamaciones que lleva meses realizando Aelec, la patronal eléctrica que agrupa a Iberdrola y Endesa.
La factura del posapagón
El núcleo del conflicto está en las cifras. Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema dependiente de Redeia, sostiene que las medidas de refuerzo han supuesto hasta ahora unos 660 millones de euros extra. Esa estimación fue respaldada recientemente por la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en su comparecencia ante el Congreso.
Sin embargo, las patronales manejan un cálculo muy diferente. Según sus estimaciones, los costes totales de operación del sistema eléctrico se dispararon en 2025 hasta los 3.500 millones de euros, lo que representa unos 1.000 millones más que en 2024, un año sin apagón. Y lo que va de 2026 no mejora el panorama: solo en los primeros meses del año los costes ya ascienden a 1.800 millones. Sumando ambos periodos, las patronales atribuyen al posapagón cerca de 3.000 millones de euros en sobrecostes.
Las cifras cobran aún más concreción cuando se analizan en el corto plazo. Solo en los primeros veintitrés días de abril, los consumidores han pagado 23,58 euros por megavatio hora adicionales en la adquisición de energía eléctrica. Un sobrecoste que, en el modelo actual, recae de forma desproporcionada sobre los grandes consumidores industriales.
Quién paga y cómo se reparte
Ese es precisamente el segundo gran frente del conflicto: la distribución del coste. En la actualidad, los sobrecostes del modo reforzado se contabilizan como un coste variable, integrado en el precio del kilovatio hora. Esto significa que cuanto más energía consume una empresa, más parte de esa factura extra asume. El resultado es que la gran industria —los mayores consumidores— carga con el grueso de la factura.
Las patronales proponen una solución diferente: convertir esos costes en peajes regulados, es decir, en cargas fijas que se repartan entre todos los usuarios del sistema de forma proporcional a variables como la potencia contratada, de manera similar a una derrama en una comunidad de vecinos. Con este modelo, el peso se socializaría y dejaría de penalizar de forma tan intensa a la industria intensiva en energía.
En concreto, el documento elevado al Gobierno pide "evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico, de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios sin penalizar a la industria". El objetivo declarado es lograr un equilibrio entre la estabilidad del suministro y la competitividad industrial.
Un debate con múltiples aristas
El conflicto, sin embargo, no es tan lineal como lo presentan las patronales. El modo reforzado consiste básicamente en mantener más centrales convencionales en funcionamiento para garantizar la estabilidad de la red. Eso implica que las propias eléctricas —Iberdrola y Endesa incluidas— han obtenido mayores ingresos durante este periodo por tener más capacidad de generación activa. En otras palabras, las mismas compañías que critican los costes del sistema reforzado son también, en parte, beneficiarias de él. Ese punto débil en su argumentación complica la negociación política.
Mientras el debate regulatorio se desarrolla, el primer aniversario del apagón ha generado otras reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado públicamente la falta de explicaciones oficiales un año después del suceso. El Banco de España ha aprovechado la efeméride para reivindicar el efectivo como medio de pago, recordando que fue el único que funcionó con normalidad el día del colapso. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado la central nuclear de Ascó, en Tarragona, para defender la energía nuclear como pilar de un sistema más resiliente.
Lo que queda claro, un año después, es que el apagón no fue solo un evento puntual. Sus consecuencias económicas y regulatorias siguen sin resolverse, y la presión de la industria sobre el Gobierno para que actúe se intensifica con cada nueva factura.