La guerra legal que mantiene España con inversores internacionales por la retirada de las primas a las energías renovables acaba de escalar a un nuevo nivel. Un tribunal neerlandés ha autorizado el embargo del edificio que ocupa el Instituto Cervantes en Utrecht, la principal sede de la institución cultural española en Países Bajos, valorada en torno a los 10 millones de euros. El responsable directo de esta situación es Eurus, la filial energética de Toyota, que lleva años reclamando una compensación a España por los recortes que el Gobierno aplicó al sector renovable hace más de una década.
El origen del conflicto se remonta a las reformas que España introdujo entre 2010 y 2014 para reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico, eliminando o recortando las primas que en su día habían atraído a miles de inversores extranjeros al sector de las energías limpias. Muchos de esos inversores acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo arbitral del Banco Mundial, y obtuvieron laudos favorables contra el Estado español. Eurus fue uno de ellos: el CIADI condenó a España a abonar más de 106 millones de dólares, cerca de 100 millones de euros al tipo de cambio actual, más los intereses de demora acumulados desde entonces.
Ante el impago continuado por parte de España, los inversores han optado por buscar la ejecución forzosa de esos laudos en distintas jurisdicciones. El Tribunal de Distrito de La Haya dio el primer paso el 19 de marzo al autorizar la ejecución del laudo en territorio neerlandés. España fue notificada formalmente el 20 de abril y, sin que se produjera ningún pago, el 24 de ese mismo mes el tribunal autorizó el embargo ejecutivo del inmueble ubicado en el número 3 de la plaza Domplein, en pleno centro histórico de Utrecht. La medida ya ha quedado inscrita en el registro de la propiedad neerlandés.
El edificio en cuestión es una construcción de cuatro plantas situada en una de las zonas más cotizadas de Utrecht. Los inversores estiman su valor de mercado en alrededor de 10 millones de euros y ya estudian la posibilidad de avanzar hacia una subasta pública del inmueble si España no liquida la deuda. Desde el punto de vista legal, los representantes de Eurus consideran que una eventual alegación de inmunidad soberana por parte de la Abogacía del Estado tendría escaso recorrido, dado que el Instituto Cervantes es un ente de carácter cultural y no un órgano esencial para el ejercicio de la función diplomática española.
Esta acción en Países Bajos no es un episodio aislado. La ofensiva de los inversores contra España se desarrolla en paralelo en múltiples jurisdicciones. Ya hay resoluciones favorables a los demandantes en Reino Unido, Bélgica, Australia, Singapur y Estados Unidos. El frente estadounidense resulta especialmente llamativo: según información publicada en medios especializados, los requerimientos judiciales dictados allí podrían afectar a la operativa de la selección española de fútbol durante el Mundial que arranca en junio, lo que convierte esta disputa en un asunto con implicaciones que van mucho más allá del ámbito estrictamente financiero.
La factura total que acumula España por esta crisis no deja de crecer. Sumando las condenas reconocidas en los diferentes laudos arbitrales y los intereses de demora generados por años de impago, la cifra supera ya los 2.000 millones de euros. Es una deuda que se ha ido hinchando precisamente porque el Estado español ha optado sistemáticamente por no pagar y por recurrir los laudos ante la justicia ordinaria de cada país, con resultados desiguales. La estrategia ha permitido ganar tiempo, pero a un coste financiero cada vez más elevado y con un creciente deterioro de la imagen de España como destino seguro para la inversión en infraestructuras energéticas.
El caso del Instituto Cervantes añade una dimensión simbólica a este conflicto. La institución, creada en 1991 para la promoción del español y las culturas hispánicas en el mundo, opera en decenas de países y gestiona un patrimonio inmobiliario considerable. Que uno de sus edificios pueda acabar en una subasta judicial como consecuencia de una disputa energética es un escenario que hasta hace poco parecía impensable, y que ilustra hasta qué punto la prolongada resistencia española a ejecutar los laudos del CIADI empieza a tener consecuencias concretas y visibles sobre activos del Estado en el extranjero.
El Gobierno español no ha hecho declaraciones públicas sobre este embargo concreto. La posición oficial ha sido siempre defender que los recortes a las renovables eran conformes al derecho europeo y que los laudos del CIADI no son ejecutables en el seno de la Unión Europea, un argumento que los tribunales de terceros países han rechazado de manera reiterada. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la deuda, sumando intereses, no deja de aumentar.