España destina cada año unos 18.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal y otros 16.000 millones adicionales en costes directos para las empresas. Son cifras que hablan por sí solas, y que la OCDE ha puesto sobre la mesa en un informe encargado por el propio Gobierno español para comparar cómo gestionan otros países europeos las bajas laborales. La conclusión más clara: España tiene un sistema generoso, pero no tiene los mecanismos necesarios para que trabajadores y empresas quieran que la baja acabe cuanto antes.

El documento, elaborado a partir del análisis de Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia, identifica una brecha estructural en el modelo español. Mientras que en el resto de países analizados existen incentivos concretos para el retorno progresivo al trabajo, en España la prestación durante la baja suele complementarse con aportaciones salariales de las empresas, lo que eleva la cobertura económica del trabajador. El problema, según los técnicos de la organización, es que no hay ningún contrapeso que fomente la reincorporación: ni para el trabajador, ni para el empleador.

Qué hace bien Europa que España no aplica

La medida más destacada en el informe es la incapacidad temporal parcial, un modelo que funciona en Suecia y Bélgica. En estos países, un trabajador puede estar de baja al 25%, al 50% o al 75% de su jornada, cobrando la parte proporcional de la prestación mientras trabaja el resto del tiempo. Es un sistema que no existe en España, donde la baja es total o no es.

Alemania y Austria apuestan por un esquema de retorno gradual: el empleado, técnicamente aún en situación de incapacidad, empieza trabajando pocas horas que van aumentando semana a semana según un plan médico. El dato más revelador lo aporta Austria, donde el 75% de los participantes en este esquema siguen empleados cinco años después. El incentivo para la empresa es claro: durante ese periodo de reincorporación, el salario lo cubre el seguro, no el empresario.

Alemania va un paso más allá con la llamada Gestión de Integración Ocupacional, que obliga legalmente a las empresas a ofrecer adaptaciones del puesto —cambios de horario, mobiliario ergonómico, redistribución de tareas— a cualquier trabajador que acumule seis semanas de baja en un año. Es una forma de forzar la proactividad empresarial antes de que la situación se vuelva crónica.

En cuanto al control, Suecia establece hitos temporales rígidos: a los 90 días se evalúa si el trabajador puede retomar su actividad habitual; a los 180 días, si puede desempeñar cualquier otra labor en el mercado general. Y los Países Bajos tienen uno de los sistemas más exigentes: las empresas deben documentar cada paso del proceso de reintegración bajo amenaza de sanciones, que incluyen asumir el coste de un tercer año de baja si no acreditan esfuerzos suficientes. Un incentivo financiero muy directo para que el empleador no se desentinda desde el primer momento.

La propuesta del Ministerio y el contexto político

El Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz —también portavoz del Ejecutivo—, lleva meses trabajando en la implantación de las denominadas altas progresivas. La propuesta se centra en los casos de incapacidad temporal de larga duración, es decir, aquellos que superan los 180 días. Una vez recibida el alta médica, el trabajador podría reincorporarse de forma progresiva durante un máximo de 30 días, trabajando la mitad de su jornada habitual. En ese periodo cobraría el salario correspondiente a las horas trabajadas más una prestación equivalente al 50% de la parte que no trabaja.

La medida aplica tanto a trabajadores a jornada completa como a los que tienen contratos a tiempo parcial con una jornada superior al 80%. Sobre el papel, el diseño es coherente con lo que la OCDE señala como buenas prácticas. El problema es político: fuentes del diálogo social señalan que la propuesta no ha logrado el apoyo ni de las organizaciones empresariales ni de los sindicatos, lo que complica su tramitación. El informe de la OCDE podría darle al Gobierno el respaldo técnico que le faltaba para insistir.

El absentismo laboral en España ha registrado un fuerte aumento en los últimos años, una tendencia que la propia OCDE menciona como una señal de alerta sobre la sostenibilidad del sistema. El debate no es menor: con 34.000 millones en juego entre prestaciones y costes empresariales, cualquier reforma tiene un impacto fiscal y económico considerable. La pregunta es si el diagnóstico internacional será suficiente para desbloquear un acuerdo que, por ahora, no termina de cuajar entre los agentes sociales.