El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el programa de política habitacional más ambicioso de los últimos años en términos presupuestarios. Con una dotación total de 7.000 millones de euros —el triple que el plan anterior—, el Ejecutivo quiere ampliar el parque público de vivienda y aliviar la presión que vive el mercado del alquiler en las principales ciudades españolas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha definido como el instrumento que debe marcar un cambio estructural en el modelo residencial del país durante los próximos cuatro años.
El presupuesto se repartirá entre el Estado, que aportará el 60% de los fondos (unos 4.200 millones), y las comunidades autónomas, que deberán contribuir con el 40% restante, aproximadamente 2.800 millones. La adhesión al plan es voluntaria para las autonomías, pero quienes quieran acceder a la financiación estatal deberán suscribir convenios bilaterales con el Ministerio. Según el calendario previsto, los efectos reales del programa no comenzarán a notarse sobre el terreno hasta el segundo semestre de 2025, una vez cerrada la ronda de conferencias sectoriales prevista para mayo.
Cómo se distribuyen los 7.000 millones
El plan divide su presupuesto en tres grandes bloques. El 40% de los fondos —unos 2.800 millones— se destinarán a construir vivienda nueva asequible. El 30% irá a la rehabilitación de inmuebles para mejorar su eficiencia energética e incorporarlos al parque público. El 30% restante se repartirá entre colectivos vulnerables: jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de exclusión social o económica.
Uno de los cambios más relevantes respecto a planes anteriores afecta al régimen de protección de las nuevas viviendas. Hasta ahora, las viviendas de protección oficial dejaban de serlo tras un número determinado de años, lo que permitía su venta a precio de mercado. Con el nuevo marco, las viviendas construidas al amparo de este plan mantendrán la calificación de protegidas de forma indefinida, lo que impide que entren en el mercado libre en ningún momento. El objetivo es evitar que el parque público se vaya erosionando con el tiempo, como ha ocurrido en décadas anteriores.
Ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda
Para quienes buscan alquilar, el plan contempla una ayuda directa de hasta 300 euros al mes dirigida a jóvenes de hasta 35 años. Cada comunidad autónoma tendrá margen para fijar el importe exacto dentro de ese límite. Los alquileres protegidos que se generen al amparo del programa tendrán precios máximos en torno a los 900 euros mensuales y se adjudicarán mediante criterios objetivos y transparentes.
El plan también abre una vía para quienes prefieren comprar. Los ciudadanos que quieran adquirir o construir su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes podrán solicitar una ayuda de hasta 15.000 euros. Esa cantidad sube a 20.000 euros si el municipio en cuestión está perdiendo población, un incentivo pensado para frenar la despoblación en el medio rural y reactivar el stock de vivienda existente en esas zonas.
Qué pasa con las casas vacías
Uno de los apartados que más interés ha generado es el destinado a propietarios de viviendas vacías. Si un inmueble lleva más de dos años desocupado, el propietario puede acceder a una subvención de hasta 30.000 euros para reformarlo, siempre que después lo ponga en alquiler residencial durante un mínimo de cinco años a un precio asequible. Si la vivienda se encuentra en el medio rural, la ayuda puede llegar hasta los 35.000 euros. La medida apunta a movilizar parte del stock de viviendas que actualmente están fuera del mercado, cuya cifra, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, supera los tres millones de inmuebles en España.
El plan no requiere aprobación parlamentaria, ya que no tiene rango de ley sino de programa de cobertura estatal. Esto lo diferencia, por ejemplo, del real decreto de prórroga extraordinaria de alquileres —que incluye un tope del 2% a las subidas anuales de renta y que sí debe pasar por el Congreso— y agiliza su puesta en marcha. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que durante las próximas semanas iniciará reuniones técnicas bilaterales con cada autonomía para redactar los convenios de adhesión y concretar la distribución territorial de los fondos.
El nuevo plan llega en un momento en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que señala la población joven española. Según distintas encuestas y barómetros del CIS, el precio de la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los menores de 35 años, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Palma. La ejecución real del presupuesto y la coordinación efectiva entre administraciones serán los factores que determinen si el plan logra el impacto que promete sobre el papel.