Los repartidores de Glovo han convocado este viernes la primera huelga de alcance nacional en la historia de la plataforma en España. La protesta, impulsada por Comisiones Obreras y respaldada por UGT, responde al Expediente de Regulación de Empleo anunciado el pasado 11 de marzo, que prevé el despido de 750 trabajadores en unas 60 ciudades del país. Los paros arrancaron este viernes a las 20.00 horas y se prolongarán hasta el domingo 26 de abril, con distintas franjas horarias según el día.
La huelga se produce en un momento especialmente tenso para la compañía, que lleva meses sumida en un conflicto laboral que va más allá de los despidos. CCOO denuncia un régimen sancionador que considera abusivo, una sucesión de despidos disciplinarios sin garantías que califica de "ERE encubierto" y la falta de un convenio colectivo propio para los repartidores. La central sindical ha llevado esta situación ante la Audiencia Nacional y exige, además, el fin de lo que describe como persecución sindical. "Cuando evades normativa y sometes a tus trabajadores a un incumplimiento, causas un impacto muy negativo", declaró a EFE José Ramón Navas, presidente del comité de empresa en Madrid.
Para este sábado, CCOO ha organizado concentraciones a las 17.00 horas frente a establecimientos de McDonald's en cuatro municipios del sur y noroeste de Madrid: Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada. La elección de puntos de reparto emblemáticos como símbolo de protesta no es casual: refleja el peso que tiene la hostelería y la comida rápida en el negocio del delivery. Como antesala de estas jornadas, trabajadores de Glovo ya se concentraron el 15 de abril frente a la sede de la empresa en Madrid para visibilizar la precariedad y el impacto del ERE.
El precio de la laboralización
El conflicto tiene raíces estructurales. Glovo comenzó a contratar directamente a sus repartidores hace menos de un año para adaptarse a la llamada ley rider, vigente desde 2021, que prohíbe el uso de falsos autónomos en las plataformas de reparto. La empresa afirma haber incorporado a más de 14.000 repartidores en plantilla. Sin embargo, CCOO estima que otros 20.000 trabajadores siguen prestando servicios a través de empresas intermediarias que la central sindical califica de "empresas pantalla", y ha pedido a la Seguridad Social que aclare el número real de afiliados, que rondaría los 30.000.
Glovo justifica el ERE por la necesidad de "evitar su cierre". La compañía alega que la adaptación al nuevo modelo laboral ha encarecido y complicado su operativa, lo que se ha traducido en tiempos de entrega más largos y en la retirada de servicio en zonas con menor demanda. Pese a ello, la plataforma sigue activa en unas 800 localidades españolas. La empresa ha evitado hacer declaraciones públicas sobre la huelga, mientras que UGT exige garantías de empleo tras el fracaso de la mediación sobre el ERE a principios de abril.
Un sector bajo presión
El caso de Glovo no es aislado. La industria del delivery en España atraviesa una transformación profunda impulsada por la regulación y por un mercado en contracción. Según datos de la consultora Circana, la demanda del reparto a domicilio cayó un 7% en España durante 2025, en contradicción con el crecimiento del 4% registrado en el conjunto de Europa. Este dato evidencia que el modelo de negocio enfrenta desafíos particulares en el mercado español.
Otros actores del sector también han tenido que redefinir su estructura. Uber Eats anunció el pasado 15 de enero el fin de su colaboración con trabajadores autónomos, abandonando el modelo híbrido que había mantenido durante años junto a empresas logísticas. Just Eat, por su parte, cuenta en España con cerca de 3.000 empleados y un convenio colectivo renovado, lo que le coloca en una posición diferente frente a los conflictos laborales que afectan a sus competidores.
Glovo pertenece desde 2022 al grupo alemán Delivery Hero, una de las mayores plataformas de reparto del mundo. El año pasado, la Comisión Europea multó a ambas compañías con 329 millones de euros por haber formado durante cuatro años un cartel en el reparto de comida y otros productos. A ello se suman las millonarias sanciones que Glovo acumuló en España por el uso de autónomos antes de la laboralización, lo que sitúa a la empresa en una posición financiera y reputacional especialmente delicada en el momento en que debe gestionar su mayor conflicto laboral hasta la fecha.