Los repartidores de Glovo han convocado una huelga para este fin de semana en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa anunció el pasado 11 de marzo y que prevé el despido de unos 750 trabajadores en diversas provincias españolas. El paro, impulsado principalmente por CC OO —el sindicato mayoritario en la compañía— contempla una jornada de huelga parcial este viernes de 20.00 a 00.00 horas, un paro total este sábado 25 de abril y otro parcial el domingo de 12.00 a 16.00. UGT respalda también las movilizaciones, mientras que CNT llama a parar en Málaga y Córdoba.
La huelga llega días después de que un centenar de personas se concentrase frente a la sede de Glovo en Madrid para exigir la retirada del ERE y la negociación de un convenio colectivo. Además de los paros, está prevista una concentración el sábado a las 17.00 horas en varios establecimientos de McDonald's de la Comunidad de Madrid, concretamente en Parla, Collado Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada. CC OO ha convocado la huelga en Madrid, Almería, A Coruña, Sevilla, Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante, Navarra, Las Palmas, Álava y Asturias.
El ERE de Glovo afecta a repartidores en Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Gipuzkoa, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según la propia empresa, la medida responde a la necesidad de reducir el servicio en más de 60 localidades de distintas provincias para garantizar la viabilidad del negocio. En el resto de ciudades —más de 800 en toda España— la aplicación mantiene su operativa habitual, según indicó Glovo al anunciar el expediente.
El largo camino hacia la laboralización
El contexto de este conflicto no puede entenderse sin repasar la historia reciente de Glovo con la regulación laboral. Durante años, la compañía resistió la aplicación de la conocida como ley rider, que obliga a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores como asalariados en lugar de tratarlos como autónomos. Tras sucesivas sanciones de la Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales en su contra, Glovo comenzó a transitar hacia un modelo de empleo asalariado que arrancó en julio de 2024.
El anuncio definitivo de que la empresa operaría íntegramente con trabajadores por cuenta ajena llegó en diciembre de ese mismo año, en una fecha que no pasó desapercibida: un día antes de que su fundador, Óscar Pierre, compareciese ante la justicia acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. La laboralización también abrió la puerta a la celebración de elecciones sindicales en la empresa, proceso que ha ido consolidando la representación de CC OO como el sindicato con más respaldo entre los repartidores.
Los sindicatos, sin embargo, denuncian que la compañía habría estado realizando despidos de forma encubierta antes de anunciar el ERE formalmente. CC OO ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional con esa base, argumentando que los ceses se habrían producido de manera fragmentada para eludir los requisitos legales de un expediente colectivo. La empresa no ha respondido públicamente a esa acusación.
Un sector en plena convulsión
La situación de Glovo no es un caso aislado. El sector del reparto de comida a domicilio atraviesa una fase de transformación profunda que está generando tensión laboral en varias compañías al mismo tiempo. Uber Eats anunció recientemente la laboralización de sus repartidores autónomos, un paso que, al igual que en Glovo, se produce en parte para evitar consecuencias penales para sus directivos. La Inspección de Trabajo reclama a Uber Eats 110 millones de euros en cotizaciones sociales impagadas, y fuentes sindicales apuntan a que la regularización de esos trabajadores podría desembocar también en un ERE, dado el modelo de subcontratación que la empresa tiene previsto adoptar.
A esto se suma que Just Eat, la otra gran plataforma del sector en España, también ha comunicado esta semana que estudia un expediente de regulación de empleo, aunque de dimensiones mucho más reducidas. Según la propia compañía, el proceso afectaría a unas 60 personas del área logística —no a repartidores— y está aún en fase de consultas con la representación legal de los trabajadores. Just Eat lo justifica como parte de una reorganización operativa destinada a simplificar su estructura y reducir la complejidad administrativa.
El panorama dibuja un sector en el que la laboralización obligatoria, lejos de estabilizar las relaciones laborales, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Las empresas alegan que integrar a los repartidores como asalariados eleva sus costes operativos hasta hacer inviable el servicio en determinadas zonas, mientras que los sindicatos consideran que el ERE es una respuesta desproporcionada que castiga a los trabajadores por reclamar derechos que ya les reconoce la ley. La negociación del convenio colectivo, que CC OO exige con urgencia, sigue sin cerrarse.