Pedro Sánchez llegó este viernes a la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Nicosia, Chipre, con un mensaje claro dirigido a Bruselas: la respuesta a la crisis energética es insuficiente y la Unión Europea debe flexibilizar sus reglas fiscales, al igual que hizo con el gasto en defensa hace algo más de un año. El presidente del Gobierno español se sumó así a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un frente común que exige más ambición al Ejecutivo comunitario.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán ha disparado la tensión en los mercados energéticos globales. El cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas más críticas para el suministro mundial de petróleo y gas, ha agravado una situación que ya era delicada. En este contexto, varios líderes europeos consideran que las medidas propuestas hasta ahora por la Comisión Europea no están a la altura de las circunstancias.

La cláusula de escape, de nuevo sobre la mesa

Lo que Sánchez plantea no es nuevo en el debate europeo. Italia ya reclamó desde el inicio de la crisis la activación de la llamada cláusula de escape, un mecanismo que permite suspender temporalmente las restricciones que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre el gasto público de los Estados miembros. La Comisión lo rechazó entonces, argumentando que no se daba una caída «grave» de la actividad económica. Sin embargo, la presión no ha cesado y se ha intensificado en la última reunión del Eurogrupo.

Las nuevas reglas fiscales aprobadas a comienzos de 2024 contemplan dos vías para que los Gobiernos puedan aumentar el gasto en situaciones extraordinarias. La primera es de carácter individual: cada Estado puede acogerse si considera que se dan las causas previstas en la normativa. La segunda implica una suspensión general para todos los socios. En el caso del gasto en defensa, la UE optó por la primera modalidad, permitiendo a 17 países incrementar esa partida hasta en un 1,5% del PIB sin que computara a efectos de déficit. España, con una deuda pública ligeramente por encima del 100% del PIB y un déficit estimado del 2,4% en 2025, no se acogió a esa excepción.

Ahora Sánchez propone aplicar una lógica similar para la inversión en electrificación y energías renovables. En concreto, pide que el gasto destinado a la transformación energética de la economía europea quede excluido del cómputo del déficit, un planteamiento que conecta con las propuestas de otras capitales como Varsovia o Roma, aunque en estas no siempre estuviera directamente vinculado a la crisis actual.

Ampliar los fondos de recuperación

Otra de las demandas de Sánchez en Nicosia es extender entre seis y doce meses el plazo de ejecución del Fondo de Recuperación europeo, el gran instrumento financiero creado durante la pandemia y cuyo plazo oficial de uso vence entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre de este año. El objetivo sería redirigir los recursos aún no utilizados hacia la transición energética.

En este punto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ofreció una respuesta diferente: recordó que entre el Fondo de Recuperación, los fondos de Cohesión y los de modernización existen casi 300.000 millones de euros disponibles, de los cuales 95.000 millones pueden destinarse a energía y aún no se han movilizado. Su llamamiento fue directo: los Estados miembros deben usar ese dinero antes de pedir nuevas concesiones presupuestarias.

El impuesto a las energéticas, otro frente abierto

España e Italia también coinciden en reclamar un mecanismo europeo coordinado para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas, los denominados windfall profits, que se han disparado a raíz del conflicto en Oriente Próximo. Sánchez fue explícito al respecto: pidió replicar el modelo aplicado durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, cuando varios países europeos implantaron tasas sobre los beneficios inesperados del sector.

España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal, ya trasladó formalmente a la Comisión la necesidad de contar con un marco legal sólido a escala europea para gravar esas rentas. La posición de Bruselas, sin embargo, sigue siendo la de dejar esta decisión en manos de cada Estado miembro, sin coordinar una respuesta comunitaria. Ante eso, Sánchez considera que la primera propuesta de la Comisión, que se limitó a señalar que los Gobiernos podían implantar ese impuesto si lo deseaban, resulta claramente insuficiente.

El presidente chipriota Nikos Christodoulides, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre, anunció que los jefes de Estado y Gobierno han encargado a sus ministros de Finanzas que presenten en mayo propuestas fiscales concretas y a corto plazo para hacer frente a la crisis. Ese será el próximo escenario en el que se dirimirá si la presión de España, Italia y otros países logra mover la posición de la Comisión Europea.