La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto 16 nuevos expedientes sancionadores relacionados con el apagón masivo que dejó sin electricidad a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Con esta nueva tanda, el regulador amplía una investigación que arrancó hace apenas una semana con la incoación de otros 20 procedimientos. La principal afectada vuelve a ser Endesa, a la que corresponden 13 de los 16 nuevos expedientes, lo que eleva a 20 el total de procedimientos abiertos contra la compañía. Los tres restantes recaen sobre Engie, TotalEnergies y Contour Global, uno de los grandes operadores de plantas termosolares en España, participado por el fondo de inversión KKR.
Lo más llamativo de esta segunda oleada de expedientes es que no todos guardan relación directa con la jornada del apagón. La CNMC ha aclarado expresamente que algunos de los nuevos procedimientos investigan "prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril", aunque considera que constituyen igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectadas durante la investigación. En la práctica, esto significa que el regulador ha aprovechado el escrutinio derivado del gran corte de suministro para aflorar irregularidades de un alcance temporal más amplio.
Desde el punto de vista jurídico, la mayoría de los nuevos expedientes se encuadran como infracciones graves del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico, por presuntos incumplimientos de los artículos 64.15, 64.16 y 64.17, que regulan los controles de tensión, "sin riesgo de garantía del suministro o daño grave". La excepción es el expediente abierto contra la Asociación Ascó-Vandellós, que se investiga por presunta manipulación de precios, no por fallos en los controles de tensión. El único expediente catalogado como infracción muy grave sigue siendo el de Red Eléctrica, abierto la semana pasada, por supuesto incumplimiento de sus funciones como operador del sistema con perjuicio para el conjunto de la red.
Endesa: 20 expedientes y un CEO que ya lo anticipó
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, compareció el pasado lunes en la comisión de investigación del apagón constituida en el Congreso de los Diputados. Allí reconoció que varios de los expedientes ya abiertos hacen referencia a hechos ocurridos hasta dos años antes del corte de suministro, y advirtió abiertamente de que esperaba que la CNMC incoara más procedimientos, tal como ha ocurrido. Bogas argumentó que varias de las instalaciones investigadas, por su reducido volumen de producción, no tenían obligación legal de cumplir los controles de tensión exigidos a las grandes plantas. Señaló específicamente los casos de las hidroeléctricas de Ondinas y Biescas, cuya actividad se sitúa doce horas antes del apagón pero que, según él, no estaban sujetas a esas obligaciones dado su tamaño.
Entre los expedientes publicados esta semana figuran de nuevo las centrales nucleares catalanas de Endesa, Ascó y Vandellós, que ya aparecían en la lista de la semana pasada y que se investigan por presunta manipulación de precios en el mercado, no por fallos técnicos vinculados al apagón. También reaparecen varias pequeñas hidroeléctricas: Biesca, Ondinas, Mequinenza, Mediano y Ribarroja. Su inclusión refuerza la tesis de que estas investigaciones tienen un alcance más amplio que el corte del 28 de abril.
Errores de atribución y plazos que se agotan
La publicación de los nuevos expedientes no ha estado exenta de polémica. Según fuentes del sector eléctrico, la CNMC ha incurrido en errores de atribución al identificar la titularidad de algunas instalaciones. En el caso de Iberdrola, el regulador habría asignado a su filial de generación la propiedad de la central nuclear de Almaraz, cuando esta pertenece a una agrupación en comunidad de bienes integrada por varias compañías, en la que Iberdrola ostenta el 52%. Además, en los expedientes publicados el 17 de abril, el regulador atribuyó a la matriz Iberdrola S.A. la propiedad de una instalación que corresponde a su filial de generación, un error que el sector ha señalado públicamente.
Más allá de los errores formales, hay una cuestión jurídica de fondo con consecuencias prácticas. Las empresas o particulares que sufrieron daños durante el apagón y que pretendan reclamar indemnizaciones a las compañías expedientadas tienen un plazo que prescribe el 28 de abril de 2026. Si la CNMC sigue abriendo nuevos expedientes después de esa fecha, quienes busquen resarcimiento no podrán dirigirse contra las empresas recién investigadas. Además, muchos de los expedientes ahora publicados, al no estar vinculados directamente con el corte de suministro, tienen una utilidad limitada para quienes quieran reclamar por los perjuicios del apagón.
La resolución de todos estos procedimientos no se espera en el corto plazo. El plazo estimado para la instrucción de los expedientes es de aproximadamente un año y medio, lo que significa que las conclusiones definitivas no llegarán antes de finales de 2026. Mientras tanto, la investigación sobre las causas técnicas y responsabilidades del mayor corte de suministro eléctrico registrado en España en décadas sigue abierta en múltiples frentes: el regulador sectorial, el Congreso y la Fiscalía.