Pedro Sánchez llegó a Nicosia, Chipre, con un mensaje claro para sus socios europeos: las medidas presentadas esta semana por la Comisión Europea frente al encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio se quedan cortas. En la cumbre informal de líderes de la UE, el presidente del Gobierno español puso sobre la mesa tres propuestas concretas que van bastante más lejos de lo que Bruselas está dispuesta a mover por ahora.

La primera y más llamativa es la recuperación de un impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, en particular a las eléctricas. Sánchez argumenta que estas empresas están obteniendo ganancias excepcionales gracias al alza de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio, del mismo modo que ocurrió con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, varios países europeos —incluida España— aplicaron gravámenes temporales sobre los beneficios extraordinarios del sector. El presidente defiende que una acción coordinada a escala comunitaria permitiría financiar parte de las medidas de protección para ciudadanos, empresas e industrias sin cargar exclusivamente sobre los presupuestos nacionales.

La segunda propuesta toca una línea roja que la UE ha defendido con firmeza hasta ahora: la extensión del programa Next Generation EU, el fondo de recuperación de hasta 750.000 millones de euros lanzado durante la pandemia. El plan está diseñado para cerrarse este mismo año, y los recursos no comprometidos quedarán inaccesibles una vez venza el plazo. Sánchez plantea prolongarlo entre seis y doce meses adicionales, vinculando esa prórroga a la electrificación de la economía y a la transición energética verde. El presidente considera que mantener abierta esa ventana de financiación haría a Europa más resiliente ante futuros shocks energéticos y geopolíticos.

El problema es que los equipos técnicos de la Comisión Europea han señalado reiteradamente que esta extensión presenta obstáculos jurídicos de calado. El marco legal del fondo no contempla fácilmente una ampliación del plazo, y cualquier modificación requeriría un acuerdo político entre los Veintisiete que está lejos de ser sencillo. No obstante, Sánchez ha decidido forzar el debate, apelando a la urgencia del momento.

Flexibilizar las reglas fiscales, el tercer frente

La tercera pata de la propuesta española apunta al corazón del modelo presupuestario europeo: las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sánchez defiende que ha llegado el momento de activar una cláusula de escape similar a la que se está debatiendo en el ámbito de la defensa, pero orientada esta vez a financiar la inversión en electrificación y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. El argumento es que la transición energética tiene un carácter estratégico que justifica un tratamiento presupuestario especial.

Bruselas, sin embargo, no comparte ese diagnóstico, al menos de momento. Varios comisarios han descartado que la situación actual haya alcanzado el umbral de necesidad que justificaría una relajación generalizada de las normas fiscales. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha advertido incluso de que convertir este shock energético en una crisis fiscal sería el peor resultado posible para el bloque. La posición oficial del Ejecutivo comunitario se centra en pedir que las ayudas nacionales sean temporales, ágiles y dirigidas a los más vulnerables, sin abrir la puerta a un gasto generalizado.

España no está completamente sola en esta posición. Italia también ha reclamado una pausa en la aplicación de las reglas fiscales, lo que sugiere que existe una corriente de países del sur de Europa dispuestos a presionar en esa dirección. La diferencia es que Sánchez ha optado por hacer sus propuestas de forma pública y explícita, elevando la presión política sobre la Comisión en un momento delicado.

Qué hay detrás de la posición española

Las propuestas de Sánchez no surgen de la nada. España es uno de los países más expuestos al encarecimiento de la energía dentro del mercado europeo, en parte por su elevada dependencia de las importaciones y en parte por la estructura de su mercado eléctrico, históricamente vinculado al precio marginal del gas. El Gobierno ya aplicó en su momento el llamado "mecanismo ibérico" para desacoplar el precio de la electricidad del coste del gas, una medida que tuvo efectos positivos pero que también generó tensiones con socios comunitarios.

Ahora, con la tensión en Oriente Medio disparando de nuevo los precios de los combustibles, Madrid busca anclar su estrategia interna en un marco europeo más amplio. Si la UE adoptase el impuesto a las eléctricas o flexibilizase las reglas fiscales para la inversión verde, España podría justificar medidas similares a nivel nacional con mayor respaldo político y legal. La cumbre de Nicosia es, en ese sentido, tanto un escenario de negociación europea como una plataforma de política doméstica.

El debate seguirá abierto. La Comisión ha mostrado que prefiere la cautela, pero la presión de los Estados miembros más afectados por el encarecimiento energético podría ir ganando peso en las próximas semanas si los precios no se estabilizan.