El accidente de la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, ha pasado de ser una crisis institucional a convertirse en una herida abierta dentro del PSOE asturiano. La Federación Socialista Asturiana (FSA) lleva días bajo presión creciente tras la publicación del informe interno de la Inspección General de Servicios y el borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación, documentos que apuntan directamente a tres exconsejeros de Industria del partido: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, hoy al frente del Puerto de Gijón; y Belarmina Díaz, quien dimitió días después del siniestro.
La dirección regional del partido, encabezada por Adrián Barbón —que se encontraba en México en viaje institucional cuando estalló la crisis—, ha optado por una estrategia clara: centrar el foco en el empresario que explotaba ilegalmente el yacimiento de Degaña y rechazar cualquier responsabilidad política interna. Esa postura, sin embargo, no convence a todos. El sindicato minero SOMA-UGT ha exigido públicamente que se depuren responsabilidades políticas por el accidente, y su voz resuena con fuerza en las Cuencas, donde varias agrupaciones socialistas comparten ese criterio.
Para contener la brecha, Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, convocó de urgencia a los secretarios generales de todas las agrupaciones de concejos asturianos. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria general de la FSA, defendió la reunión como algo lógico en cualquier organización ante circunstancias extraordinarias. En declaraciones recogidas por distintos medios, Lastra insistió en que ni los informes disponibles ni las comparecencias de la comisión permiten establecer una relación causa-efecto entre la actuación administrativa y el accidente. "Pedir responsabilidades personales a cuatro cargos políticos y tres técnicos nos parece irresponsable", afirmó.
Pero las grietas son visibles. En la agrupación de Langreo, una de las más activas en las Cuencas Mineras, la postura dominante es la contraria: depurar responsabilidades políticas "hasta el límite". Fuentes internas señalaron a este periódico que el riesgo real es "quedarse solos en la Junta General defendiendo lo indefendible" y que el malestar es generalizado tanto dentro del partido como entre la ciudadanía. Recordaron además que el propio Barbón había prometido en un primer momento "llegar hasta el final, caiga quien caiga".
En Mieres, otra agrupación del corazón minero asturiano, el ambiente es de preocupación y se echa en falta más autocrítica, aunque sus responsables optan por la mesura. Alejandro Fernández, al frente de esa agrupación, fue claro: "Si del dictamen se derivan responsabilidades políticas de antiguos cargos del partido, tendrán que asumirlas". Una frase que, dicha con calma, marca distancias respecto a la línea oficial de la FSA.
En el extremo opuesto, la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, Delia Losa, cerró filas con Barbón y calificó de "exceso" señalar a los exconsejeros en el borrador. El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, también respaldó la postura oficial, aunque dentro de su propia agrupación hay militantes afines al sector mayoritario que consideran que Roqueñí y Fernández deberían dimitir o ser cesados, lo que evidencia que la fractura no sigue líneas geográficas simples.
Las agrupaciones del Occidente asturiano optaron mayoritariamente por no hacer declaraciones públicas antes de escuchar las explicaciones de la dirección regional. Óscar Ancares, alcalde socialista de Degaña —el concejo donde ocurrió la tragedia—, prefirió esperar a que haya un dictamen definitivo y trasladó que la preocupación más inmediata en su municipio es la parálisis de la actividad en el resto de minas del Suroccidente.
El caso Cerredo, investigado también en sede judicial, pone así a prueba la cohesión interna de un partido que gobierna el Principado en coalición con Izquierda Unida y que afronta una doble presión: la de la oposición en la Junta General y la de sus propias bases territoriales. La comisión parlamentaria de investigación, cuyo borrador de conclusiones ha actuado como detonante de esta crisis, fue presidida por la diputada Covadonga Tomé, del grupo mixto. El Gobierno del Principado de Asturias ha sido el encargado de tramitar los documentos administrativos que ahora centran el debate político. Con el dictamen final aún pendiente de aprobación, la presión sobre la FSA no hará sino aumentar en los próximos días.