El salón de baile del Washington Hilton se convirtió el pasado sábado en el último escenario de una tendencia que preocupa cada vez más a los analistas políticos estadounidenses. Un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, irrumpió en un control de seguridad durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y abrió fuego contra los agentes. Donald Trump y otros altos cargos fueron evacuados a tiempo. El sospechoso fue reducido por las fuerzas de seguridad. Pero más allá del incidente en sí, lo que siguió después revela algo sobre el estado de la política en ese país: en cuestión de minutos, las redes sociales estaban en llamas, cada bando culpando al otro.

Este episodio no es un hecho aislado. Es la última pieza de un patrón que se repite con una frecuencia creciente. En julio de 2024, una bala rozó la oreja de Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania. En septiembre de ese mismo año, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf del presidente en Florida. Y en junio de 2025, la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a tiros en su propia casa en lo que las autoridades describieron como un crimen con motivación política. La violencia, en definitiva, no entiende de partidos.

William Braniff, director del Laboratorio de Investigación sobre Polarización y Extremismo de la American University, lleva años estudiando este fenómeno. Su diagnóstico es claro: hay una tendencia inequívoca al alza en los delitos de odio, los intentos de asesinato y otras formas de violencia premeditada con fines políticos. Y señala como causa principal lo que denomina un "entorno informativo tóxico" dominado por lo que él llama "empresarios del conflicto", figuras que construyen su audiencia —y su negocio— alimentando la indignación y el miedo. A esto se suma, dice Braniff, una erosión profunda de la confianza en las instituciones democráticas que lleva a una parte de la ciudadanía a ver la violencia como una salida legítima.

Una aceptación que crece

Los datos respaldan esta lectura. Robert Pape, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, lleva cinco años realizando encuestas anuales sobre el apoyo a la violencia política en Estados Unidos. Sus resultados son perturbadores: decenas de millones de estadounidenses expresan algún nivel de receptividad ante el uso de la fuerza para alcanzar objetivos políticos. No hablamos de grupos marginales ni de células clandestinas. Hablamos de una corriente de opinión que, según Pape, se está normalizando, impulsada en buena medida por las redes sociales.

El politólogo va más lejos y advierte de que las elecciones de mitad de mandato del próximo otoño podrían ser las más peligrosas en décadas si esta dinámica no se frena. Una advertencia que, en otro contexto, sonaría exagerada, pero que hoy resulta difícil de desestimar.

Dos relatos irreconciliables

Lo que hace especialmente difícil abordar este problema es que los dos grandes bloques políticos tienen lecturas completamente opuestas de la misma realidad. Desde el entorno conservador y de apoyo a Trump, la violencia viene exclusivamente de la izquierda. Comentaristas como Matt Walsh o Benny Johnson en la red X apuntan a los demócratas como responsables directos, y figuras como Kari Lake, al frente de la entidad que supervisa medios financiados por el Gobierno como Voice of America, llegó a responsabilizar a periodistas de la CNN del tiroteo del sábado.

Desde el otro lado, los demócratas recuerdan que también sus representantes han sido víctimas: la muerte de Hortman es el ejemplo más reciente. Y varios analistas, entre ellos Jennifer McCoy, politóloga de la Universidad de Georgia e investigadora de la Carnegie Endowment for International Peace, apuntan directamente al estilo político de Trump como catalizador del problema. McCoy describe una estrategia de "polarización perniciosa" basada en demonizar al adversario, identificar chivos expiatorios y vilipendiar a grupos específicos, ya sean demócratas o comunidades inmigrantes. Esa retórica, sostiene, genera un clima en el que ciertos actos de violencia parecen tolerables o incluso justificados para parte de la población.

Amenazas al poder judicial

Un dato que ilustra bien la magnitud del problema es el que recoge el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos: durante el año fiscal 2025, que concluyó el pasado 30 de septiembre, se registraron 564 amenazas creíbles contra 396 jueces federales. Expertos legales vinculan este incremento con los ataques sistemáticos de Trump contra magistrados que han bloqueado algunas de sus políticas. En noviembre del año pasado, varios legisladores demócratas solicitaron la intervención de la Policía del Capitolio tras publicaciones del propio Trump en las que acusaba a esos representantes de "conducta sediciosa castigada con la muerte".

El propio Trump, tras ser evacuado el sábado por la noche, hizo una broma sobre el peligro de ser presidente y comparó su cargo con el de piloto de carreras o jinete de rodeos. Tiene razón en que ser presidente de Estados Unidos es uno de los trabajos más peligrosos del mundo: cuatro mandatarios han sido asesinados en el cargo —Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy— y Reagan sobrevivió a un disparo en 1981 frente al mismo hotel donde ocurrió el último incidente.

Pero lo que distingue el momento actual de aquellos episodios no es la presencia de individuos violentos —esos siempre han existido— sino la infraestructura cultural y mediática que legitima, amplifica y en ocasiones celebra esa violencia. Eso es lo nuevo. Y eso es lo que hace que el problema sea mucho más difícil de resolver.