La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia que revierte el control que Vodafone España ejercía sobre Wewi Mobile, sociedad matriz del operador de telecomunicaciones Finetwork. El tribunal ha declarado ineficaz el plan de reestructuración que permitió a la multinacional británica hacerse con más del 90% del capital social de la compañía alicantina, y ordena cancelar la ampliación de capital que ya constaba inscrita en el Registro Mercantil. La demanda había sido interpuesta por los socios fundadores de Finetwork, encabezados por el family office KAI Capital.
El fallo anula a su vez el auto dictado en septiembre de 2025 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, que había dado luz verde a la capitalización de deuda por la que Vodafone adquirió su posición mayoritaria. La operación, valorada en torno a los diez millones de euros, implicaba que el operador canjeaba la deuda acumulada por impago de contratos mayoristas de acceso a infraestructuras por una participación superior al 90% en la propietaria de Finetwork. Los socios fundadores sostuvieron desde el principio que esa valoración era artificialmente baja y que la maniobra equivalía a una expropiación encubierta de sus derechos de propiedad.
El error procesal que lo cambia todo
El núcleo de la sentencia no es una cuestión de fondo sobre el valor de la empresa, sino un defecto de forma en la aplicación de la Ley Concursal. Según la Audiencia, el plan se tramitó bajo el artículo 638, reservado para planes consensuados entre las partes. Sin embargo, al existir una oposición expresa y documentada de los socios fundadores, el procedimiento debía haberse encauzado por el artículo 639, diseñado para planes no consensuados o impuestos por los acreedores.
Esta distinción no es un mero tecnicismo administrativo. La vía del plan no consensuado exige requisitos de valoración y transparencia considerablemente más estrictos, entre ellos un informe técnico robusto sobre el valor de la empresa como negocio en funcionamiento. La sala concluye que ni el informe presentado por la consultora PwC ni el del experto independiente designado cumplieron con esas exigencias legales para una operación de esta magnitud. El documento, de 32 páginas, señala literalmente que falta ese informe y que ninguno de los elaborados cubre ese vacío.
Gobernanza en el aire y reacción de Vodafone
Desde que la ampliación de capital se inscribió en el Registro Mercantil, Vodafone había ejecutado cambios de calado en la estructura de Finetwork. La anterior cúpula directiva fue sustituida y José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, fue nombrado administrador único de Wewi Mobile, consolidando la integración operativa entre ambas entidades. La sentencia pone ahora en suspenso esa gobernanza.
Vodafone España ha respondido con contundencia. Fuentes de la compañía califican el fallo de inaudito y sorprendente, y advierten de que genera una grave inseguridad jurídica para los procesos de reestructuración en España. La operadora ha anunciado que elevará el conflicto al Tribunal Constitucional, con el argumento de que la resolución vulnera derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica de los acreedores. Mientras se tramiten esos recursos, la ejecución del fallo queda en el aire y la situación operativa de Finetwork permanece en un limbo legal.
Expertos del sector señalan que revertir la operación será técnicamente complejo. Desde la toma de control, Vodafone ha renovado contratos con terceros, integrado sistemas de gestión e incorporado cuadros directivos propios. Deshacer esos cambios no es inmediato y plantea preguntas sin respuesta clara sobre quién asume los efectos contables de la ampliación cancelada.
Un precedente para la reestructuración empresarial en España
El caso trasciende el conflicto entre dos operadoras. La reforma de la Ley Concursal aprobada en 2022, que transpuso la Directiva europea de reestructuraciones, otorgó a acreedores y fondos de inversión una mayor capacidad para tomar el control de empresas en dificultades mediante planes de reestructuración forzosos. Operaciones como las de Celsa o Telepizza habían establecido ese marco como una herramienta viable. La sentencia de Alicante introduce un límite claro: si los socios disidentes se oponen formalmente, el plan debe cumplir con los estándares de valoración independiente más exigentes, sin atajos procesales.
Finetwork, con cerca de un millón de clientes, es uno de los operadores de bajo coste más relevantes del mercado español. Independientemente de quién ostente la propiedad de sus acciones, la compañía sigue teniendo una deuda considerable con Vodafone, que continúa siendo su principal proveedor de red y su mayor acreedor. Una reversión total de la propiedad obligaría a los socios fundadores a buscar nuevos socios financieros o industriales para hacer frente a esa deuda y garantizar la continuidad del servicio a sus usuarios.
La Audiencia ha citado a ambas partes para coordinar la ejecución de la sentencia y abordar las derivadas del proceso de reestructuración. El futuro de la gestión de Vodafone al frente de Wewi Mobile dependerá, en última instancia, de la capacidad de la operadora para paralizar el fallo en instancias superiores antes de que su ejecución se materialice.