El 28 de abril de 2025, la Península Ibérica se quedó sin luz durante horas en el mayor apagón de su historia reciente. Doce meses después, la única certeza es que nadie ha asumido ninguna responsabilidad. El Gobierno, Red Eléctrica de España (REE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— se han enzarzado en una guerra de acusaciones cruzadas que ha deteriorado la imagen del sector y, por extensión, la de España como país con garantías de suministro energético.
Desde el primer momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió públicamente a dar explicaciones sin descartar un ciberataque, una hipótesis que los técnicos de Red Eléctrica ya estaban descartando en paralelo. En los días siguientes, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entró en las sedes de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, compañías contra las que la CNMC ha abierto posteriormente expedientes sancionadores. El Ministerio para la Transición Ecológica encargó y presentó en tiempo récord un informe que, aunque alineado en gran parte con la versión oficial, también cuestionó la planificación del operador del sistema, lo que generó las primeras fricciones entre el Ejecutivo y REE.
La batalla pública entre REE e Iberdrola
El choque más encendido ha sido el protagonizado por Red Eléctrica y las grandes eléctricas, especialmente Iberdrola. La presidenta de REE, Beatriz Corredor, esperó varios meses antes de responder a las críticas que llegaban a través de medios afines a las compañías del sector. Lo hizo en un foro organizado por el diario Expansión, donde afirmó que las grandes centrales habían incumplido sus obligaciones de control de tensión. "No se han tomado la pastilla de la tensión", dijo como metáfora del origen del fallo. La frase tuvo una repercusión enorme.
El enfrentamiento alcanzó su punto más visible en un foro organizado por Cinco Días donde Corredor y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, se acusaron mutuamente ante un auditorio completo. Pocas semanas después, el informe técnico de REE sobre el apagón señalaba como principal causa una desconexión abrupta de una gran planta fotovoltaica en Extremadura, sin mencionar a su propietaria. Fue elDiario.es quien publicó que esa instalación pertenecía a Iberdrola. La guerra ya no tenía marcha atrás.
Las acusaciones de ocultación de datos entre las partes se convirtieron en algo habitual. Y el conflicto terminó escalando hasta la política institucional: la comisión de investigación del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, fue escenario de un cruce de golpes constante. El episodio más llamativo fue la filtración de audios internos de técnicos de las eléctricas y REE, en los que se podían escuchar expresiones que dejaban en evidencia el caos vivido durante el blackout. El operador del sistema respondió que esos audios eran "intoxicaciones de terceros". Iberdrola, por su parte, ha demandado personalmente a Corredor por sus declaraciones públicas.
La CNMC, atrapada entre sancionar y regular
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha tenido un papel peculiar en este conflicto. En su análisis preliminar, detectó indicios de irregularidades "muy graves" por parte del operador del sistema y solo "graves" en el caso de las eléctricas. Posteriormente amplió los expedientes sancionadores contra las compañías privadas por posibles infracciones también "muy graves". Aún no ha dictado resolución definitiva. Entretanto, en el sector se plantea abiertamente si existe un conflicto de intereses en que el mismo organismo sea a la vez regulador y juez en este asunto.
Tanto el Ejecutivo como la CNMC sostienen que las herramientas regulatorias disponibles el día del apagón eran suficientes. Sin embargo, ambos han impulsado reformas normativas desde entonces, y el informe elaborado por investigadores europeos advierte que ciertas normativas adicionales habrían reducido las probabilidades de un incidente de esta magnitud. REE, por su parte, lleva desde 2020 reclamando herramientas regulatorias que nunca llegaron, lo que complica el relato oficial de que todo estaba en orden.
Nuclear y redes, dos frentes colaterales
Al conflicto principal se han sumado dos disputas adicionales. La primera gira en torno a la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz. Tras el apagón, las eléctricas han argumentado de forma recurrente que el cierre de esa instalación comprometería la estabilidad del sistema. El ministerio que dirige Sara Aagesen ha rechazado ese argumento, y las propias eléctricas propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— no han logrado presentar una posición común sobre el futuro del parque nuclear nacional. La segunda disputa, con alusiones constantes al blackout, enfrenta a las compañías con la CNMC por la retribución a las redes de transporte y distribución.
Un año después del mayor fallo eléctrico de la historia reciente española, la factura de la luz sigue siendo más cara para los consumidores y ninguno de los afectados ha recibido compensación alguna. Los políticos prometieron desde el primer día investigar hasta las últimas consecuencias, pero la guerra de versiones ha bloqueado cualquier conclusión compartida. Hubo intentos de construir un relato colectivo donde todas las partes asumieran algo de culpa —como ocurrió tras el apagón de Barcelona de 2007—, pero no prosperaron. El resultado es que todos los implicados han salido dañados de este intercambio de golpes, y la imagen de España como país energéticamente fiable ha pagado también parte del precio.