Un año después del apagón masivo que dejó sin luz a España el 28 de abril de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta una ofensiva regulatoria sin precedentes contra las grandes eléctricas del país. El último golpe lo ha recibido Iberdrola: el regulador ha abierto un expediente sancionador por infracción muy grave contra la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, una instalación que pertenece al cien por cien a la compañía vasca.

No es un hecho aislado. Apenas una semana antes, la CNMC ya había iniciado otro expediente de la misma gravedad contra la nuclear de Almaraz, en Extremadura, en la que Iberdrola ostenta la mayor participación junto a Endesa y Naturgy. Cada uno de estos expedientes por infracción muy grave puede derivar en multas de hasta 60 millones de euros, lo que sitúa a la empresa ante una exposición económica y reputacional considerable justo cuando lleva más de un año defendiendo públicamente la necesidad de prolongar la vida útil de las nucleares españolas.

Una cascada de expedientes desde el apagón

El volumen total de investigaciones abiertas a raíz del gran corte eléctrico del 28 de abril da cuenta de la magnitud del proceso. Solo el pasado viernes, la CNMC lanzó una nueva tanda de 35 expedientes, que se sumaban a los 20 de la semana anterior. Con el de Cofrentes, la cifra total asciende ya a 56 expedientes abiertos en torno a este evento y a otras perturbaciones del sistema eléctrico detectadas desde 2023.

La distribución de responsabilidades apunta con especial intensidad hacia las dos mayores eléctricas del país. A Iberdrola le corresponden 16 de los expedientes abiertos el viernes pasado, más los cinco iniciados la semana anterior, además de los dos muy graves relacionados con Cofrentes y Almaraz. A Endesa, por su parte, le han sido abiertos 11 expedientes en la última tanda, más cinco anteriores. Entre ambas compañías, que lideran el sector tanto en número de clientes como en kilómetros de red, acumulan cerca de cuarenta expedientes en total. Redeia, el holding del que depende Red Eléctrica de España, también tiene abierto un expediente muy grave.

Iberdrola en el ojo del huracán regulatorio

La situación coloca a Iberdrola en una posición especialmente delicada. La compañía es, con diferencia, la empresa con mayor número de expedientes acumulados a raíz de las investigaciones del apagón, y los dos expedientes muy graves vinculados a centrales nucleares añaden una capa de complejidad adicional. La razón es estratégica: Iberdrola ha sido uno de los actores más activos en el debate sobre la extensión de la vida de las nucleares en España, argumentando que son instalaciones imprescindibles para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la transición energética.

Que precisamente dos de esas centrales, Cofrentes y Almaraz, sean ahora objeto de expedientes muy graves por parte del regulador energético supone una contradicción difícil de gestionar en términos de narrativa pública. El Gobierno español y el sector llevan meses debatiendo el futuro del parque nuclear nacional, con decisiones pendientes sobre los cierres programados. Este nuevo escenario regulatorio introduce más incertidumbre en ese debate.

Qué implica un expediente muy grave

En el marco de la Ley del Sector Eléctrico, las infracciones muy graves son las de mayor severidad y pueden conllevar sanciones económicas de hasta 60 millones de euros por caso, además de otras consecuencias como la inhabilitación temporal para operar determinadas instalaciones. La apertura de un expediente no implica una sanción automática: las empresas tienen derecho a presentar alegaciones y el proceso puede prolongarse durante meses o incluso años antes de resolverse. Sin embargo, el solo hecho de acumular este número de procedimientos genera presión regulatoria, posibles implicaciones en la valoración bursátil y un impacto en la relación de las compañías con las administraciones públicas.

La CNMC, por su parte, actúa en el marco de sus competencias como regulador independiente del sector energético y de la competencia en España. Su labor investigadora tras el apagón busca determinar si las empresas cumplieron con sus obligaciones de seguridad, información y operación del sistema eléctrico durante el incidente y en los meses previos.

El desarrollo de estos expedientes marcará en buena medida la relación entre el regulador y las grandes eléctricas durante los próximos años, y podría influir de forma directa en las condiciones bajo las que el sector acometa la transición energética en España. Lo que está claro es que, un año después del mayor apagón de la historia reciente del país, las consecuencias regulatorias están lejos de haberse cerrado.