El Gobierno español ha descartado este martes impulsar una conversión masiva de trabajadores interinos en empleados fijos del sector público, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicara una sentencia que traslada al Tribunal Supremo la decisión sobre cómo actuar en estos casos.

El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública defendió en un comunicado que el fallo europeo tiene un carácter meramente aclaratorio. Según el departamento, la resolución se limita a señalar que España debe hacer más para frenar el uso abusivo de la temporalidad en las administraciones públicas, pero no impone una fórmula concreta para corregirlo.

El TJUE sí afea al Estado español que las sanciones previstas en la legislación nacional por el uso indebido de contratos temporales en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión Europea. En la práctica, esto significa que el marco legal vigente resulta insuficiente para disuadir a las administraciones de mantener a empleados en situación de interinidad durante periodos excesivamente prolongados.

La pelota queda, por tanto, en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá interpretar cómo aplicar los criterios europeos al ordenamiento jurídico español. El debate afecta a miles de trabajadores públicos que llevan años —en algunos casos más de una década— encadenando contratos temporales sin posibilidad de acceder a una plaza estable a través de un proceso ordinario de oposición.

Esta situación no es nueva. España ha acumulado durante años una de las tasas de temporalidad en el empleo público más elevadas de la Unión Europea, lo que ha generado una corriente constante de litigios tanto en los tribunales nacionales como ante las instituciones comunitarias. El Gobierno anterior ya intentó reducir esa bolsa de interinidad a través de procesos de estabilización, aunque su alcance y resultados han sido objeto de controversia.

El pronunciamiento del TJUE añade presión sobre las administraciones para que articulen soluciones definitivas, pero el Ejecutivo deja claro que no va a anticiparse a la decisión judicial ni a activar un proceso de fijeza automática. La respuesta del Supremo marcará el siguiente capítulo de un conflicto laboral que lleva años sin resolverse del todo.