El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que las compensaciones que ofrece España a los empleados públicos que han sufrido abusos de temporalidad son insuficientes. La sentencia, emitida en respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, cuestiona las tres vías principales que hasta ahora se aplicaban: las indemnizaciones al cesar el contrato, los procesos selectivos que valoran la experiencia previa y la figura del contrato indefinido no fijo.
Entre medio millón y 800.000 trabajadores públicos siguen en situación temporal en España, según cifras manejadas por sindicatos y administraciones, pese a los procesos extraordinarios de estabilización de los últimos años que ya convirtieron en fijos a otro medio millón de empleados. De ese total, el sindicato de funcionarios CSIF calcula que unos 125.000 estarían encadenando contratos de forma abusiva durante años, y muchos ya han acudido a los tribunales o tienen previsto hacerlo.
Por qué las medidas actuales no convencen a Luxemburgo
El fallo europeo es especialmente crítico con el contrato indefinido no fijo, una figura creada por el Supremo español para dar cierta estabilidad a quienes acumulaban contratos eventuales en la Administración. Para el TJUE, esta fórmula no garantiza la estabilidad laboral real, que considera un elemento esencial de la protección de los trabajadores según el derecho comunitario. Dicho de otro modo: tener un contrato indefinido no fijo no es lo mismo que ser funcionario de carrera, y esa diferencia es la que Luxemburgo considera incompatible con la directiva europea sobre empleo temporal.
También cuestionan los procesos de estabilización convocados en los últimos años. El problema, según la sentencia, es que en esas oposiciones la experiencia previa puntuaba para todos los aspirantes, no solo para quienes habían sufrido el abuso. Eso hace que la medida no funcione como sanción específica al incumplimiento, sino como un criterio general de selección.
El Gobierno resta importancia al fallo y el Supremo tiene la última palabra
Antes incluso de que el Supremo se pronuncie, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, salió a calmar las aguas. Desde el Ejecutivo describieron la sentencia como una "mera aclaración" que no obliga a cambiar la legislación vigente ni impone ninguna sanción concreta. El Gobierno también descarta la conversión automática de estos trabajadores en funcionarios de carrera, algo que ya vetó el Tribunal Constitucional al entender que ello vulneraría el principio de igualdad en el acceso a la función pública mediante oposición.
Ahora corresponde al Tribunal Supremo determinar si las herramientas que tiene España son suficientes o si, por el contrario, el marco normativo debe revisarse. La resolución que dicte será clave para cientos de miles de trabajadores públicos y también para las arcas del Estado.
En juego: 626 millones de los fondos europeos
El asunto tiene además una dimensión económica directa. Las reformas que España comprometió para reducir la temporalidad en el sector público formaban parte de los hitos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el mecanismo con el que la UE distribuyó fondos extraordinarios tras la pandemia. Cuando el TJUE dictaminó el año pasado que esas reformas no eran suficientes, la Comisión Europea se vio obligada a revertir su propia valoración positiva y congeló 626 millones de euros pendientes de desembolso.
Esa cantidad sigue bloqueada y todo apunta a que España podría acabar perdiéndola si no aprueba una reforma que satisfaga los estándares europeos. La paradoja es que el coste de las compensaciones exigidas por Bruselas podría superar con creces los fondos en juego, lo que reduce el incentivo político para actuar con urgencia.