Tubos Reunidos (TR) reconoció este lunes que no descarta solicitar un concurso de acreedores voluntario. La compañía vasca lo comunicó a través de un hecho relevante dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una vez que el mercado ya había cerrado, después de una jornada en la que sus acciones se desplomaron un 37,5%, hasta los 0,14 euros por título. En los últimos seis meses, la caída acumulada supera el 74%.
En el documento remitido al supervisor, la empresa explicó que sigue trabajando en un plan de viabilidad, pero advirtió con claridad: si no logra sacarlo adelante, la situación del grupo compromete su continuidad y podría obligar a adoptar medidas adicionales, entre ellas la declaración de concurso voluntario. No es una amenaza vacía. Según adelantó El Confidencial y confirmaron fuentes financieras a Cinco Días, TR trabaja junto al bufete Uría Menéndez en la preparación de ese proceso. El calendario tentativo apunta a la primera semana de mayo, con el objetivo de ordenar el pasivo y atraer a un inversor industrial.
La viabilidad de la compañía, según su propio diagnóstico, depende de varios frentes simultáneos: adaptar la capacidad productiva a una actividad muy reducida, renegociar la deuda con sus principales financiadores, obtener nueva financiación a corto plazo y construir alianzas estratégicas que impulsen el negocio, especialmente fuera de Estados Unidos. Un programa exigente para una empresa que lleva años en números rojos.
El detonante más reciente de la crisis ha sido la política arancelaria de la administración Trump. Los aranceles del 50% impuestos sobre el acero y el aluminio importados en EE UU golpean de lleno el modelo de negocio de TR, dado que el mercado estadounidense representa el 45% de sus ventas consolidadas. A eso se suma la debilidad del dólar frente al euro y la presión de precios en Europa por la competencia de tubo de bajo coste procedente de terceros países. La empresa lo resumió ella misma: una industria con costes fijos elevados necesita un volumen mínimo de producción para ser rentable, y ese volumen ha desaparecido.
El resultado es una pérdida neta de 118 millones de euros en el último ejercicio, un vuelco dramático respecto a los 28,6 millones de beneficio registrados en 2023. La deuda financiera bruta cerró 2025 en 298,2 millones, unos 30 millones más que un año antes. En términos netos, el pasivo financiero ascendió a 264,2 millones. EY, auditor de la compañía, incluyó en su informe anual una advertencia explícita sobre la existencia de una incertidumbre material que genera dudas significativas acerca de la capacidad del grupo para continuar operando con normalidad. En la última década, Tubos Reunidos solo ha obtenido resultados positivos en dos ejercicios.
El principal acreedor de la empresa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene pendiente de cobro unos 150 millones de euros. La SEPI ya acudió en socorro de TR en 2021 con un préstamo de 112 millones; los intereses han ido engordando esa cifra hasta el nivel actual. El Gobierno vasco trasladó a la SEPI una propuesta de reestructuración de la deuda, pero las condiciones que ofrece el organismo estatal, que rechaza cualquier quita y apuesta únicamente por ampliar plazos e intereses, no resultan suficientes para desatascar la situación. Sin un acuerdo con la SEPI, la búsqueda de inversores industriales también se complica.
Para tratar de reducir costes, la empresa presentó ante la Inspección de Trabajo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 285 despidos mediante bajas incentivadas, sobre una plantilla de 1.300 trabajadores. La cifra inicial contemplaba 301 salidas. La fábrica de Amurrio, en Álava, es la principal instalación del grupo.
En paralelo a los movimientos financieros, el consejo de administración también ha sufrido un cambio este lunes. El consejero dominical Cristóbal Valdés Guinea presentó su cese voluntario alegando razones profesionales: la imposibilidad de compaginar el cargo en TR con sus responsabilidades como CEO de otra empresa y consejero independiente de otras dos. Valdés Guinea representaba en el consejo el paquete accionarial de la familia Zorrilla Lequerica, que controla el 10,26% del capital de la compañía.
Mientras tanto, los representantes de los trabajadores de la planta de Amurrio se reunieron este lunes en Bilbao con el CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, junto a la secretaria del consejo y el director financiero. Según trasladaron los miembros del comité de empresa, la dirección les comunicó que desconoce el origen de la información sobre el concurso y que ninguna decisión está tomada, puesto que cualquier medida de ese calado requiere la convocatoria previa del consejo de administración. TR lleva 134 años de actividad industrial. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si continúa.