El reloj corre. El próximo 28 de abril se cumple un año del apagón que dejó sin electricidad a la península Ibérica durante horas, y las grandes empresas afectadas han comenzado a moverse para no perder su derecho a reclamar. Repsol, Moeve e Iryo son algunas de las compañías que han enviado —o están ultimando— burofaxes formales a las sociedades expedientadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el objetivo de interrumpir la prescripción y ganar un año adicional para preparar una demanda.
La maniobra tiene una explicación jurídica concreta: la acción de reclamación de daños materiales o lucro cesante prescribe al año cuando no existe contrato entre las partes. La fecha límite sería el propio día 28, lo que ha obligado a las empresas afectadas a actuar con urgencia. Al comunicar formalmente su intención de demandar, el plazo se reinicia, dándoles tiempo para esperar el resultado de los procedimientos sancionadores abiertos por la CNMC.
Los expedientes de la CNMC, detonante de la oleada de burofaxes
La semana pasada, los servicios técnicos del supervisor energético acordaron incoar una primera tanda de 20 expedientes sancionadores. Entre los investigados figura Red Eléctrica, operador del sistema, por un supuesto incumplimiento calificado como infracción muy grave. También se incluyeron 17 instalaciones hidráulicas, de gas y nucleares de Endesa, Iberdrola y Naturgy, la filial eléctrica de Repsol y el ciclo combinado de Bahía de Bizkaia Electricidad. Este viernes se ha publicado una segunda lista con 35 expedientes más, con Iberdrola acumulando 18 y Endesa otros 13, además de procedimientos contra Engie, TotalEnergies y Contour Global La Rioja. La central nuclear de Almaraz enfrenta un expediente por infracción muy grave.
La apertura de estos expedientes era precisamente lo que estaban esperando las empresas y aseguradoras para identificar posibles responsables y dar el primer paso legal. Sin nombres concretos, la vía extrajudicial era difícil de articular. Ahora, con una lista de investigados sobre la mesa, las compañías afectadas tienen a quién dirigir sus reclamaciones.
Según ha podido saber este diario, Repsol habría enviado su burofax a todas las compañías expedientadas en la primera tanda, excepto a su propia filial eléctrica. Moeve, por su parte, no ha querido confirmar los detalles de su actuación. En el caso de Iryo, la operadora ferroviaria de alta velocidad participada por la estatal italiana Trenitalia, la reclamación se ha dirigido únicamente a Red Eléctrica. Fuentes internas de la compañía explican que el apagón paralizó trenes en pleno trayecto, impidió la salida de otros servicios y dejó a miles de pasajeros sin poder viajar, por lo que su equipo jurídico prepara una reclamación extrajudicial frente al operador del sistema. En las antípodas, Renfe ha decidido no reclamar daños por el incidente.
Repsol y Moeve cuantifican las pérdidas en cientos de millones
Entre las empresas más activas en este proceso destacan las dos petroleras. Repsol fue una de las primeras en poner cifras sobre la mesa: en sus cuentas del primer semestre de 2024 avanzó unas pérdidas preliminares de 175 millones de euros por daños en sus refinerías y complejos petroquímicos, incluido el de Sines, en Portugal. La cifra definitiva se ha situado en 125 millones. Moeve, antigua Cepsa, cuantificó sus daños en 50 millones de euros. Ambas cifras reflejan la magnitud del impacto que un corte eléctrico de estas características puede tener en instalaciones industriales de alta complejidad.
Las grandes aseguradoras tampoco se quedan al margen. Occident ya reconoció hace meses que estudiaba presentar una demanda para recuperar las indemnizaciones abonadas a cerca de 11.000 clientes afectados por el apagón. Mapfre, principal aseguradora multihogar en España, sigue un camino similar. En los próximos días se espera una avalancha de comunicaciones formales, a medida que más empresas y aseguradoras repliquen los movimientos de las pioneras.
El debate jurídico sobre cuándo empieza a correr el plazo
El proceso no está exento de controversia legal. Expertos en derecho energético y civil llevan meses debatiendo cuándo arranca exactamente el cómputo de la prescripción. La postura más conservadora sitúa el inicio el mismo día del apagón, lo que llevaría el vencimiento al 28 de abril de 2025. Sin embargo, otra corriente jurídica, respaldada por jurisprudencia consolidada, defiende que el plazo no puede comenzar hasta que el perjudicado conozca con certeza la existencia del daño, la relación causal y la identidad del responsable. Esos tres elementos solo podrán determinarse con las conclusiones definitivas de la CNMC, cuya resolución puede tardar hasta 18 meses.
Este debate explica por qué la vía extrajudicial —el envío del burofax— se ha convertido en la opción preferida: permite interrumpir el plazo sin necesidad de interponer ya una demanda formal, y da margen para afinar tanto el importe reclamado como los destinatarios exactos de la acción civil. Si la CNMC no resuelve antes de que venza el nuevo plazo, las empresas deberían repetir la operación.
Lo que parece claro es que el apagón del 28 de abril de 2024 va a derivar en uno de los procesos de litigación empresarial más complejos de los últimos años en España. La apertura de más de 50 expedientes sancionadores en apenas dos semanas, la cuantía de los daños declarados y el número de actores implicados —eléctricas, industriales, ferroviarias y aseguradoras— apuntan a años de disputas judiciales por delante.