Hace un año, España vivió el apagón más grave de su historia eléctrica. Durante horas, millones de hogares, empresas y servicios esenciales se quedaron sin suministro en todo el territorio nacional. Doce meses después, la pregunta sigue sin respuesta oficial: ¿quién fue el responsable? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes a múltiples actores del sector, pero su conclusión provisional apunta a un origen "multifactorial", una fórmula que, en la práctica, equivale a no señalar a nadie en concreto.

Esa estrategia tiene consecuencias directas sobre los afectados. Cuando la responsabilidad se diluye entre todos los actores del sistema, resulta casi imposible que un particular o una empresa afectada pueda acreditar ante un juez quién debe indemnizarle y por qué. La mecánica es conocida: cuanto más complejo y difuso parece el origen del daño, más ciudadanos tiran la toalla antes de llegar a los tribunales. Y el tiempo, en este caso, no juega a favor de los perjudicados: este martes vence el plazo para presentar reclamaciones formales.

Red Eléctrica, en el centro del foco

La empresa que concentra la mayor parte de las críticas del sector es Red Eléctrica de España, integrada en el grupo Redeia. Y hay razones de peso para ello. La Ley del Sector Eléctrico le asigna la función de operadora del sistema: es ella quien coordina en tiempo real la generación y el transporte de electricidad en toda España, y quien da las órdenes al resto de actores. Si algo falla a escala de todo el sistema, la responsabilidad operativa recae, en primera instancia, sobre quien estaba al mando.

Lo que se supo después agravó la situación. La aparición de audios internos reveló que, dentro del sector, era un secreto a voces que la red operaba con márgenes de seguridad muy ajustados. Los responsables del sistema conocían la fragilidad del modelo antes de que se produjera el colapso. Ese conocimiento previo es relevante desde el punto de vista legal: si se sabía que el riesgo existía y no se tomaron medidas preventivas suficientes, la responsabilidad por omisión cobra más peso.

El día del apagón, la generación renovable —solar y eólica— cubría una proporción extraordinariamente alta de la demanda, con escasa presencia de tecnologías de respaldo capaces de estabilizar la frecuencia de la red ante imprevistos. Esa decisión operativa también correspondía a Red Eléctrica. El mix energético de cada momento no es un accidente: es el resultado de órdenes de despacho que emite el operador del sistema.

El problema de fondo: Red Eléctrica es, en la práctica, pública

Aquí entra una cuestión delicada. Redeia cotiza en bolsa y tiene accionistas privados, pero el Estado es su principal accionista y el Gobierno tiene una influencia decisiva sobre su dirección y su regulación. Eso la convierte, en términos reales, en una empresa pública de facto, aunque formalmente no lo sea. Y esa doble naturaleza complica el escenario de indemnizaciones: si Red Eléctrica tuviera que asumir una compensación de varios miles de millones de euros —cifra que se manejaba inicialmente—, su capacidad de inversión quedaría seriamente comprometida durante años, justo en un momento en que la transición energética exige ampliar y modernizar la red.

Esa tensión entre la responsabilidad legal y las necesidades estratégicas del sistema eléctrico puede explicar, al menos en parte, por qué los organismos reguladores avanzan tan despacio. No es descabellado hablar de una lógica de Estado: asumir públicamente la culpa implicaría costes políticos y económicos que ningún gobierno está dispuesto a afrontar de frente.

El reloj corre contra los afectados

Mientras el debate institucional se prolonga, las personas y empresas que sufrieron pérdidas económicas durante el apagón enfrentan una realidad muy concreta. Reclamar no es gratuito ni sencillo: requiere contratar abogado y procurador, elaborar informes periciales y cuantificar daños que, en muchos casos, son difíciles de documentar con precisión. Es tiempo y dinero que no todo el mundo puede o quiere invertir, especialmente cuando la percepción general es que el sistema está diseñado para agotar al reclamante antes de que llegue a cobrar nada.

Las estimaciones iniciales situaban las pérdidas totales del apagón en varios miles de millones de euros. Un año después, la cifra real de reclamaciones presentadas podría ser muy inferior, lo que reduciría drásticamente la exposición económica de los responsables. Si además los expedientes de la CNMC no concluyen con sanciones claras y atribuibles, la ventana judicial se estrecha aún más.

No se descarta tampoco un escenario de acuerdo extrajudicial entre las compañías implicadas y el Estado: que las empresas del sector asuman parte de los costes de compensación a cambio de algún tipo de contraprestación regulatoria. En ese caso, los ciudadanos perderían dos veces: primero como víctimas del apagón y después como consumidores o contribuyentes que financian indirectamente esos acuerdos.

El mayor incidente de la historia del sector eléctrico español corre el riesgo de quedar sin responsables identificados, sin sanciones proporcionales y sin indemnizaciones suficientes para quienes lo sufrieron. Lo que queda por ver es si la batalla judicial que se avecina —porque nadie va a pagar voluntariamente lo que no le corresponde, como reconocen fuentes del propio sector— consigue abrir lo que los cauces administrativos han preferido mantener cerrado.