Cuatro de cada diez contribuyentes españoles ya no marcan ninguna de las casillas del IRPF que permiten destinar el 0,7% de su cuota a la Iglesia Católica o a actividades de interés social. Es el dato más llamativo del informe anual de recaudación de 2025 publicado esta semana por la Agencia Tributaria, que analiza la evolución de estas opciones desde su puesta en marcha en 2007. Aunque seis de cada diez declarantes todavía utilizan alguna de estas casillas, la tendencia general apunta en una sola dirección: la participación se reduce.
El mecanismo existe desde que entró en vigor la ley de presupuestos de 2007. En su primer año, el 34,1% de los contribuyentes marcó la casilla de fines sociales, el 21,7% la de la Iglesia y el 12,7% ambas. Solo el 31,5% dejó las dos en blanco. Casi dos décadas después, el mapa ha cambiado de forma notable: la casilla exclusiva de la Iglesia ha bajado al 10,1%, la de fines sociales al 29,9%, la doble se mantiene estable en torno al 20,5% y los que no marcan nada ya son el 39,5%.
La Iglesia, la gran perdedora del sistema
El descenso más pronunciado corresponde a la casilla destinada a la Iglesia Católica. La caída fue gradual en los primeros años, pero se aceleró a partir de 2012, coincidiendo con un período de mayor tensión social y mediática en torno a la institución. En 2024, solo uno de cada diez contribuyentes la marcó en exclusiva, lo que supone prácticamente la mitad del porcentaje registrado en el año de lanzamiento del sistema.
La casilla de fines sociales también retrocede, aunque de forma más moderada: ha perdido algo más de cuatro puntos porcentuales en diecisiete años. La opción de marcar ambas casillas a la vez es la única que creció con fuerza en los primeros años —llegó a superar el 20% en 2015— y desde entonces se ha mantenido relativamente estable, con una leve tendencia a la baja en los últimos ejercicios.
El grupo que más ha crecido es, sin duda, el de quienes optan por no marcar nada. Ese porcentaje ha subido ocho puntos desde 2007, con una aceleración visible a partir de 2016. Las razones pueden ser múltiples: desconfianza en las instituciones, desconocimiento del mecanismo o simplemente desinterés. El informe de la Agencia Tributaria no entra en las causas, pero los datos hablan por sí solos.
La renta marca la diferencia
Uno de los análisis más reveladores del informe es el que cruza la participación en estas casillas con el nivel de ingresos declarados. La conclusión es clara: a mayor renta, mayor participación.
Entre los contribuyentes que declaran menos de 21.000 euros, más del 40% no marca ninguna casilla. En cambio, ese porcentaje cae al 22,6% entre quienes declaran entre 60.000 y 150.000 euros, y al 21,9% entre los que superan los 150.000 euros. En el extremo opuesto, marcar ambas casillas es la opción favorita entre los declarantes de más de 150.000 euros, con un 30,3% del total, frente a menos de uno de cada cinco en los tramos más bajos.
La casilla exclusiva de la Iglesia también sigue esta lógica: apenas la marca uno de cada diez contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros, pero ese porcentaje sube al 12,8% en el tramo de 30.000 a 60.000 euros, al 16,2% entre 60.000 y 150.000 euros, y alcanza el 22,7% por encima de los 150.000 euros. Este patrón sugiere que la vinculación con la Iglesia Católica, al menos en términos de decisiones fiscales, está más asociada a contribuyentes de rentas medias y altas.
La casilla de fines sociales, por su parte, tiene una distribución más equilibrada. Supera el 30% en los tramos de renta media (entre 21.000 y 150.000 euros) y no baja del 20% en casi ningún grupo, lo que la convierte en la opción con mayor penetración transversal del sistema.
968 millones distribuidos en la campaña de 2024
En términos económicos, la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2024 generó un total de 968 millones de euros distribuidos entre ambos destinos. La Iglesia Católica recibió 401 millones procedentes del régimen común —149 millones de quienes marcaron solo su casilla y 252 millones de quienes marcaron las dos—. Si se suman las aportaciones de País Vasco y Navarra, que tienen regímenes fiscales propios, la cifra sube hasta los 423 millones.
Los fines sociales captaron 567 millones en total: 315 millones de los declarantes que marcaron únicamente esa casilla y 252 millones de los que optaron por ambas. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, este sistema de asignación tributaria lleva casi dos décadas permitiendo que los ciudadanos decidan, de forma voluntaria y sin coste económico adicional para ellos, a qué destina el Estado una fracción pequeña pero significativa de la recaudación.
El debate sobre si este mecanismo sigue siendo útil o si debería reformarse es recurrente en los círculos fiscales y políticos. Lo que los datos dejan claro es que la tendencia va hacia una mayor desafección: cada vez más contribuyentes dejan que sea el Estado quien decida, bien por desconocimiento, bien por convicción. La pregunta es si esa tendencia tiene marcha atrás.