Solo siete de cada diez jóvenes españoles de entre 18 y 24 años considera que los impuestos son necesarios. Entre los mayores de 65 años, esa proporción asciende al 93,6%. La diferencia, de más de 25 puntos porcentuales, no es un dato menor: refleja una brecha generacional en la relación con el sistema fiscal que preocupa a economistas y expertos en política tributaria. Así lo muestran las cifras del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que también sitúa el porcentaje entre los contribuyentes de 25 a 39 años en el 75,4%, por debajo igualmente de la media.
El Centro de Investigaciones Sociológicas aporta otra lectura igual de reveladora. Su encuesta de julio de 2025 señala que el 30% de los españoles se identifica con la idea de que los impuestos son una obligación impuesta por el Estado sin saber muy bien a cambio de qué. Es el porcentaje más alto en más de una década, aunque todavía lejos del máximo registrado en 2014, cuando llegó al 38% en plena crisis financiera. En ambas mediciones, los segmentos más jóvenes —especialmente los varones— concentran la mayor parte del malestar.
Una percepción de injusticia que alimenta el distanciamiento
La desafección no responde a un rechazo ideológico a la fiscalidad. Los expertos consultados apuntan a una combinación de factores más matizada. Uno de los principales es la percepción de que el sistema no reparte el esfuerzo de forma equitativa. El último barómetro fiscal del IEF recoge que el 83% de los ciudadanos cree que la presión fiscal recae más sobre las rentas bajas y medias que sobre las altas y las grandes empresas. Además, el 55% considera que la relación entre lo que se paga y lo que se recibe es peor en España que en otros países de la Unión Europea.
"Hay una idea bastante extendida de que el sistema no es suficientemente progresivo y de que el esfuerzo no se reparte de forma equitativa", explica Sara Torregrosa, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Pública de Navarra. Esa sensación de inequidad, unida a la dificultad para identificar el retorno concreto de lo que se paga, configura el terreno abonado para el distanciamiento. María Cadaval, profesora de Economía en la Universidad de Santiago, apunta en la misma dirección: la disposición a contribuir está muy condicionada por la percepción de justicia y de utilidad de los servicios públicos.
El peso de las expectativas rotas
En el caso de los jóvenes, ese malestar genérico se cruza con una realidad estructural específica. Las generaciones que hoy tienen entre 18 y 35 años han crecido en un entorno marcado por dos grandes crisis económicas, una elevada precariedad laboral y serias dificultades de acceso a la vivienda. La lógica del contrato fiscal —contribuyo hoy a cambio de protección en el futuro— pierde fuerza cuando ese futuro se percibe como inseguro o directamente inalcanzable.
Torregrosa lo explica con claridad: el Estado de bienestar tiene una dimensión generacional marcada, con partidas como las pensiones o la atención sanitaria claramente orientadas a los mayores. Aunque el sistema funciona bajo una lógica de ciclo vital —se paga más en unas etapas y se recibe más en otras—, esa lógica resulta poco convincente cuando las expectativas de protección futura están en entredicho. "Si percibes que no te van a garantizar ciertos niveles de bienestar, la lógica redistributiva pierde credibilidad", sostiene.
Cadaval añade que haber atravesado dos crisis profundas condiciona la forma en que los jóvenes se relacionan con las instituciones en general, y con la Hacienda pública en particular. La desconfianza no es exclusivamente fiscal: es parte de un vínculo más frágil con el Estado como garante de bienestar.
Desinformación y pedagogía pendiente
A todo lo anterior se suma un problema de comunicación y educación fiscal. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte de que el debate sobre los impuestos ha ganado espacio público, pero no siempre con rigor. Mensajes simplificados, afirmaciones parciales y, en algunos casos, datos directamente falsos —como la idea de que la presión fiscal española supera a la media europea, algo que no se sostiene según los datos de Eurostat— circulan con facilidad por las redes y llegan especialmente al público joven. Parte de esa desinformación proviene de perfiles con audiencias millonarias que, en muchos casos, residen en territorios de baja fiscalidad.
Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, señala que el problema no es tanto que la mayoría rechace los impuestos, sino que el debate público tiende a amplificar las posiciones más críticas en detrimento de una visión completa del sistema. A su juicio, cada vez que se habla de una reducción fiscal habría que explicar también qué gasto público quedaría sin financiación.
José María Durán, investigador del Instituto de Economía de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona, propone una medida concreta para revertir la desconexión: hacer visible el coste real de los servicios públicos. Que alguien sepa lo que cuesta la atención en urgencias, una plaza universitaria o una prestación por dependencia ayudaría a poner en valor lo que los impuestos financian. Cadaval, que trabaja con estudiantes universitarios cada año, observa que esa pedagogía funciona: cuando se explica el valor real del sistema, la percepción cambia. Un informe de Fedea publicado anualmente respalda esa lectura con datos: aproximadamente el 60% de los hogares con menos renta es beneficiario neto de la intervención pública, mientras que el 40% con mayor renta contribuye más de lo que recibe.