El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha la fase decisiva para la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de que el nuevo modelo se apruebe antes de que acabe el año y entre en vigor el 1 de enero de 2025.

Este lunes, Hacienda envió una carta a todas las comunidades autónomas sin régimen foral y a las ciudades autónomas, para fijar reuniones "de manera inmediata". El propósito es abordar los puntos pendientes de negociación tras presentar en enero una propuesta que supondría un incremento de 21.000 millones de euros para los territorios, incluyendo una cesión del 55% del IRPF y el 56% del IVA.

Según confirmaron fuentes del Ministerio, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las regiones. Estas reuniones podrán ser presenciales o por videoconferencia, atendiendo a las preferencias y disponibilidad de cada comunidad. Asimismo, se prevé convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso clave antes de que el Consejo de Ministros apruebe formalmente la reforma.

El nuevo modelo plantea un cálculo basado en la población ajustada, valorando las particularidades que generan costes adicionales en cada territorio, como la dispersión geográfica, la insularidad o la estructura demográfica envejecida. El peso en el cálculo incluye, por ejemplo, un 30% de población empadronada y un 38% de población protegida equivalente, que se determina por tramos de edad, apuntando a los gastos en sanidad. Otros componentes son la educación, los servicios sociales y factores territoriales como la superficie o la dispersión.

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, había intentado en la pasada legislatura consensuar una fórmula similar, pero encontró oposición debido a los intereses contrapuestos de las diferentes comunidades. La actual propuesta ha generado dudas, especialmente entre los gobiernos autonómicos del PP y expertos como el director de Fedea, Ángel de la Fuente. Este último apunta que aunque la propuesta incluye aspectos positivos, es vital continuar negociando, sobre todo para aclarar que la introducción de un cupo catalán, el principal punto de disputa, no es viable.

Este debate sobre el modelo de financiación es crucial para el futuro de los servicios públicos en las regiones, ya que condiciona la capacidad de gasto y la autonomía financiera. La negociación sigue abierta y a lo largo de las próximas semanas se espera que se concreten acuerdos que permitan llevar al Congreso un texto consensuado.

La reforma es una de las prioridades del Gobierno para este año, dado que la actual financiación autonómica está considerada obsoleta, sin actualizar desde hace más de una década y sin reflejar cambios demográficos y económicos recientes. Su aprobación será clave para mejorar la distribución de recursos y atender mejor las necesidades de los territorios.

Para seguir de cerca las propuestas y datos oficiales, se puede consultar la información publicada por el Ministerio de Hacienda y los análisis económicos de Fedea.

La implicación de todas las comunidades será determinante para lograr un acuerdo sólido que garantice una financiación justa y sostenible para todo el país en los próximos años.