La factura fiscal sobre la electricidad y el gas natural ha aumentado en aproximadamente 300 millones de euros desde el 1 de junio, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este incremento se debe al fin de las rebajas impositivas temporales aplicadas para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, que elevaban el IVA y el Impuesto Especial sobre la electricidad por debajo de sus niveles habituales.

El paquete de ayudas, aprobado el 20 de marzo y ratificado posteriormente por el Parlamento, movilizó casi 5.000 millones de euros entre subvenciones y reducciones fiscales para consumidores y sectores afectados. En concreto, contenía cerca de 3.000 millones en ayudas directas y algo más de 2.000 millones en rebajas tributarias dirigidas a paliar el impacto en precios de la energía.

Estas medidas fueron introducidas con una cláusula que condicionaba su duración a la inflación. En abril, la bajada en los precios provocada por las ayudas y por la menor dependencia española de materias primas del Oriente Próximo redujo el precio del gas un 9,6 % y el de la electricidad un 4,3 %, insuficiente para mantener la rebaja fiscal que se retiró automáticamente al superarse el umbral de inflación establecido.

Como consecuencia, el IVA aplicado a productos como la electricidad, el gas natural, briquetas, pellets y leña ha pasado del 10 % al 21 %, nivel nominal ordinario. Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad ha subido del tipo reducido del 0,5 % al 5,11 %. Desde compañías como Endesa advierten que muchos hogares empezarán a notar ya esta subida en sus facturas. Para una vivienda con un consumo medio, el sobrecoste oscilará entre 10 y 20 euros mensuales, dependiendo del consumo y la tarifa.

El paquete de ayudas todavía mantiene en vigor la reducción fiscal sobre los hidrocarburos durante junio, debido a que los precios de carburantes siguen elevados. La bajada del Impuesto sobre Hidrocarburos a los mínimos permitidos por la Unión Europea costará unos 660 millones, mientras que el IVA reducido del 10 % sobre gasolinas y gasóleos genera un impacto estimado de 750 millones. También continúa la devolución parcial en el gasóleo profesional.

Desde el Ministerio de Economía se indica que el Gobierno supervisa el impacto social y económico de la guerra en Irán y evalúa junto a agentes sociales y sectores la posible continuidad o ajuste de las medidas tras el 30 de junio. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, ha mantenido encuentros con sindicatos y patronal para analizar un plan de cara al verano con garantías.

La petición para prorrogar las rebajas en luz y gas ha crecido, con voces dentro y fuera del Gobierno apoyando mantener las ayudas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha urgido un nuevo decreto que recupere las medidas que han finalizado, mientras la oposición reclama evitar un “saqueo fiscal” a los ciudadanos. Por su parte, asociaciones de consumidores consideran injusto el alza abrupta y demandan un tipo reducido permanente.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha comentado que se mantendrán diálogos con los agentes sociales para definir futuras iniciativas adaptadas a la evolución económica del país. La situación energética sigue siendo un desafío central para proteger el poder adquisitivo y la actividad económica en un contexto de incertidumbre internacional.

La evolución de estas medidas y su posible extensión más allá del verano serán clave para estabilizar los precios y la economía de los hogares, con el debate político y social abierto sobre el alcance y duración de los apoyos públicos a la energía.

Para más detalles sobre los cálculos oficiales y las medidas vigentes, puede consultarse la información actualizada en la web del Ministerio de Economía y los informes de la AIReF.