Inspección de Trabajo ha dado un espaldarazo oficial al expediente de regulación de empleo (ERE) de Tubos Reunidos, la empresa tubera con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). Un informe de 83 páginas publicado este jueves considera acreditadas las causas económicas del ajuste y califica el recorte de plantilla de "razonable y proporcional". El documento no cierra el conflicto laboral, pero refuerza la posición de la dirección frente a los sindicatos, que ya han anunciado que acudirán a los tribunales.
La situación financiera de la compañía es el eje central del informe. Tubos Reunidos cerró 2025 con unas pérdidas de 118 millones de euros, aunque el documento de Inspección maneja una cifra provisional de 63 millones adelantada previamente por la empresa. Con ese deterioro estructural de resultados, la tubera alavesa estaría técnicamente en causa legal de disolución si no fuera por un préstamo participativo de 113 millones concedido por la SEPI a través de su fondo de rescate para empresas afectadas por el Covid. Al tener carácter participativo, ese préstamo computa como patrimonio neto y evita la disolución forzosa.
El informe matiza un punto técnico relevante: no se acredita una caída persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos, requisito habitual para justificar un ERE por causas económicas. Sin embargo, la Inspección entiende que las pérdidas actuales y previstas son suficientes para cumplir con los requisitos legales vigentes. En otras palabras, el agujero económico es tan profundo que no hace falta demostrar la caída trimestral de ventas para justificar el ajuste.
El ERE afecta finalmente a 240 trabajadores, 177 en la planta de Amurrio y 63 en Trapagaran. La cifra inicial prevista era de 301 salidas. La reducción se explica por dos factores: las adscripciones voluntarias de parte de los empleados y la conversión en contratos indefinidos de 46 trabajadores temporales. Esta última medida fue consecuencia directa de un requerimiento de la propia Inspección de Trabajo, que detectó irregularidades en la contratación temporal que calificó como fraude de ley. El dato no es menor: la empresa tuvo que regularizar su situación laboral mientras negociaba el ERE.
Más allá de las causas económicas, el informe también valida las causas organizativas del expediente, que la Inspección vincula directamente con la situación financiera. Las dos medidas más polémicas son el cierre de la acería de Amurrio y la externalización del servicio de logística, dos decisiones a las que el comité de empresa se opone frontalmente. Según los cálculos incluidos en el documento, el cierre de la acería supondría un ahorro de 8,3 millones de euros anuales, mientras que externalizar la logística aportaría otros 800.000 euros al año. En total, casi 9,1 millones de reducción de costes fijos.
Para avalar la proporcionalidad del ajuste, la Inspección apoya su análisis en un informe técnico independiente elaborado por Deloitte, además de en los escenarios de viabilidad presentados por la empresa. El documento también constata que existió "negociación efectiva" entre la dirección y los sindicatos durante el periodo de consultas, aunque las conversaciones terminaron sin acuerdo. Este punto es relevante de cara a una eventual impugnación judicial: la empresa no podrá ser acusada de no haber negociado de buena fe.
A pesar del respaldo de Inspección de Trabajo, los sindicatos con representación en la empresa han reafirmado su intención de judicializar el conflicto. ELA, LAB y ESK tienen previsto impugnar las 240 salidas antes del 23 de abril. Su estrategia pasa por cuestionar ante los tribunales tanto las causas económicas como las organizativas, especialmente el cierre de la acería. El informe de Inspección no tiene carácter vinculante para los jueces, aunque sí puede ser una pieza relevante en el procedimiento.
El caso de Tubos Reunidos ilustra una tensión frecuente en la industria vasca: empresas con problemas estructurales de competitividad que recurren a fondos públicos de rescate para ganar tiempo, pero que igualmente terminan ejecutando ajustes significativos de plantilla. El debate sobre si el préstamo de la SEPI ha servido para salvar empleos o simplemente para diferir recortes inevitables seguirá sobre la mesa, ahora también en los juzgados.