La Comisión Europea trabaja en la reforma más profunda de su política de competencia en más de dos décadas. El objetivo es claro: facilitar que las empresas europeas puedan fusionarse y ganar tamaño para competir con los gigantes tecnológicos estadounidenses y los operadores chinos respaldados por el Estado. El departamento que dirige la vicepresidenta española Teresa Ribera ya tiene un primer borrador listo, adelantado por el Financial Times, y prevé someterlo a consulta pública en las próximas semanas, previsiblemente en mayo.
Hasta ahora, Bruselas evaluaba las fusiones y adquisiciones poniendo el foco principalmente en cómo la operación podía afectar a los precios para el consumidor y al grado de competencia en el mercado. La nueva propuesta no elimina ese criterio, pero sí reduce su peso relativo. En su lugar, factores como la capacidad de inversión futura de la empresa resultante, su resiliencia financiera, medioambiental y en las cadenas de suministro, y la evolución previsible del mercado ganarán protagonismo en el análisis de cada operación. Bruselas tiene en mente tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o las necesarias para la transición energética.
El impulso de Draghi y Letta
Esta reforma no surge de la nada. Dos informes encargados por la propia UE a los ex primeros ministros Enrico Letta y Mario Draghi señalaban la política de competencia como uno de los frenos al crecimiento europeo. El informe Draghi, en particular, argumentaba que el mundo corporativo había cambiado radicalmente, que las nuevas tecnologías exigen inversiones masivas y que Europa necesita empresas con músculo financiero suficiente para afrontarlas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE recogieron ese diagnóstico en la cumbre de Competitividad celebrada en febrero, donde el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió la creación de "verdaderos campeones europeos en sectores estratégicos".
El sector de las telecomunicaciones es el que más presión ha ejercido para que llegara este cambio. Operadores como Deutsche Telekom, Orange o la española Telefónica llevan años argumentando que la fragmentación del mercado europeo les impide alcanzar la escala necesaria para desplegar infraestructuras de nueva generación como el 5G o la fibra óptica. Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha repetido en múltiples foros que el modelo actual favorece la atomización y debilita la posición de las telecos europeas frente a sus competidores. Según Murtra, la consolidación es imprescindible para garantizar la soberanía digital del continente.
Las resistencias internas
Pero no todos en Bruselas están convencidos. Varios Estados miembros de perfil liberal y una parte de los técnicos de la propia Comisión alertan de los riesgos de relajar demasiado el control sobre las concentraciones. Emmanuel Tarantino, economista jefe de la Dirección General de Competencia, publicó en enero un artículo en el que concluía que los rendimientos de las telecos europeas han superado el coste del capital durante la última década, lo que pone en cuestión el argumento de que la falta de escala las está asfixiando financieramente.
A eso se suma otro debate de fondo: en sectores como las telecomunicaciones o las finanzas, Europa sigue siendo en la práctica 27 mercados distintos, no uno solo. Quienes se oponen a la reforma advierten de que permitir grandes fusiones en ese contexto no crea campeones globales, sino monopolios nacionales que subirán precios y tendrán menos incentivos para innovar al no tener rivales con los que medirse.
La propia Ribera dio voz a esa tensión esta semana en un acto del Real Instituto Elcano en Bruselas. La vicepresidenta defendió que la integración del mercado y la creación de campeones europeos son dos caras de la misma moneda, y advirtió de que bendecir fusiones que no respondan a una verdadera integración del mercado puede generar resultados positivos a corto plazo, pero fallará a medio y largo plazo.
Qué pasa ahora
El texto que ha elaborado el equipo de Ribera se abrirá a consulta pública en las próximas semanas, incorporando también las aportaciones del resto de departamentos de la Comisión y de las autoridades nacionales de competencia de los Veintisiete. La aprobación definitiva de las nuevas directrices está prevista para el último trimestre de 2025.
Mientras tanto, la posición oficial de Bruselas es que los cambios no suponen un giro radical, sino una "modernización" de las reglas existentes. El argumento central es que empresas más grandes aseguran el acceso a suministros críticos y refuerzan la resiliencia de las cadenas de valor europeas en un contexto geopolítico cada vez más incierto. En otras palabras, la consolidación empresarial dejaría de verse solo como un riesgo de monopolio para convertirse también en una herramienta de estabilidad económica y autonomía estratégica.