España ha comunicado a la Comisión Europea su intención de aumentar la presión fiscal en 8.500 millones de euros para el ejercicio de 2026. Según el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, el peso de los ingresos públicos sobre el PIB pasará del 41,7% en 2025 al 42,2% el próximo año, mientras que el gasto público se incrementará ligeramente del 44,1% al 44,2%. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales europeas a pesar de las rebajas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.
El Gobierno ha detallado que la subida de ingresos se fundamentará en modificaciones en varios ámbitos tributarios, incluyendo el IRPF, los impuestos patrimoniales, los impuestos especiales y, principalmente, el Impuesto de Sociedades. Esta estrategia permitirá una recaudación adicional que compensa las reducciones fiscales aprobadas para atenuar las consecuencias del conflicto internacional.
Una parte significativa de este crecimiento proviene del compromiso de no actualizar la tarifa del IRPF por inflación, decisión que reportará un ingreso adicional estimado de 2.300 millones. Además, en 2026 se implementará el nuevo impuesto mínimo global del 15% para grandes multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, que aportará 1.708 millones de euros. España anticipó esta medida con un impuesto mínimo nacional del 15% para empresas con una facturación superior a 20 millones, con una recaudación prevista de 621 millones.
Por otro lado, se mantendrá la reducción del tipo impositivo para pymes al 23%, lo que implicará una rebaja fiscal de 307 millones para empresas con menos de 10 millones en facturación anual. Asimismo, el incremento de los gravámenes societarios impulsados en 2016 y anulados por el Tribunal Constitucional se reactivarán para sumar 2.629 millones más en ingresos.
En cuanto al IRPF, destaca la subida del tipo marginal sobre los rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros al 30%, que añadirá 472 millones de euros a la recaudación. Además, el Gobierno prevé ingresos extra por 466 millones derivados del aumento del impuesto especial sobre el tabaco y otros 623 millones mediante el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, complementado con la reactivación del Impuesto sobre Patrimonio en varias comunidades autónomas.
El control del gasto público limitando su incremento al 0,1 puntos porcentuales del PIB permitirá reducir el déficit desde el 2,4% previsto al 2,1% en 2026. Sin considerar gastos extraordinarios, esta proporción sería aún más baja, acercándose al 1,5% del PIB. Este equilibrio fiscal es clave para cumplir las metas fijadas por Bruselas y mantener la confianza de los mercados.
El plan también señala que el Gobierno tiene previsto aprobar en el segundo trimestre de 2026 medidas para recortar beneficios fiscales, con el fin de incrementar los ingresos en alrededor de 1.700 millones de euros adicionales, un compromiso derivado del Plan de Recuperación financiado por los fondos europeos Next Generation. Entre las opciones figuran ajustar deducciones por I+D+i, revisar reducciones fiscales en el IRPF por tributación conjunta o planes de pensiones, y modificar tipos reducidos de IVA o exenciones en sectores como sanidad y educación.
Otra propuesta en estudio es equiparar fiscalmente el diésel y la gasolina, una medida exigida por la Unión Europea pero cuya aprobación se complica por la actual crisis energética derivada de la guerra en Irán y la falta de consenso político. En conjunto, estas estrategias reflejan la voluntad del Ejecutivo de fortalecer la recaudación fiscal sin desbordar el gasto público, para asegurar la estabilidad presupuestaria de cara al futuro.
Estos planes fiscales han sido comunicados justo antes del puente del Primero de Mayo y suponen un refuerzo significativo del control sobre la economía pública en un contexto de incertidumbres internacionales y presiones inflacionistas. El seguimiento de estos compromisos será clave para evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales y el impacto sobre la recuperación económica española.
Para más detalles, se puede consultar el informe oficial remitido a la Comisión Europea, disponible en la página del Ministerio de Hacienda, que expone con detalle las previsiones presupuestarias y fiscales previstas por el Gobierno.
También se recomienda seguir el análisis de instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha emitido recomendaciones sobre ajustes en beneficios fiscales y otras medidas para optimizar la recaudación tributaria.
Estas decisiones suponen un paso adelante en la gestión fiscal del país y marcan el rumbo para 2026 en un escenario económico aún condicionado por la geopolítica y el contexto global, a la vez que mantienen el compromiso con la sostenibilidad financiera y las normas europeas.