El Gobierno español prepara un nuevo Real Decreto que obligará a las principales operadoras de telecomunicaciones a garantizar respaldo energético en sus redes móviles. A raíz del apagón total ocurrido el 28 de abril de 2025, que evidenció la vulnerabilidad del sistema eléctrico y de las infraestructuras móviles, se reforzarán las exigencias de seguridad y continuidad del servicio.

Según fuentes cercanas al proceso, el reglamento requerirá que Telefónica, Orange, Vodafone y Digi instalen baterías capaces de mantener el funcionamiento de las antenas móviles durante al menos cuatro horas en caso de corte eléctrico. Esta medida debe aplicarse en las infraestructuras que brinden cobertura a un 75% de la población, lo que equivale a aproximadamente 37,5 millones de personas. El despliegue completo de esta capacidad de respaldo energético deberá estar finalizado en un plazo máximo hasta finales de 2029 o principios de 2030, estableciendo un periodo de tres años desde la entrada en vigor del decreto.

Con esta regulación, España se posicionará entre los países europeos con estándares más exigentes en seguridad energética para redes móviles. No obstante, el sector de las telecomunicaciones ha recibido la medida con críticas, argumentando que la responsabilidad de asegurar la energía debería recaer sobre las compañías eléctricas y no sobre las telecos, que consideran un reparto injusto de costes.

El Gobierno decidió finalmente fijar la cobertura obligatoria en un 75%, una rebaja respecto al 85% inicial propuesto en el borrador del decreto. Esta reducción ha sido vista con cierto alivio por las operadoras, pues implica una disminución importante en la inversión necesaria y facilita la planificación de los costes a lo largo de tres años. Este margen permite distribuir el gasto y administración de baterías, que no solo suponen un desembolso inicial sino también costes continuos por mantenimiento y reposiciones periódicas, dado que la capacidad de almacenamiento de las baterías disminuye con el tiempo.

La diferencia entre cubrir el 75% o el 85% de la población se traduce en la necesidad de instalar baterías en unas 10.700 torres en lugar de más de 12.800. Esta reducción de alrededor del 16% en infraestructuras impacta directamente en la inversión, que podría pasar de unos 70 millones de euros de media a cerca de 60 millones. Además, la gestión de estas baterías puede ser asumida por las empresas propietarias de torres, como American Tower o Cellnex, que podrían ofrecer este servicio como un coste adicional a las teleoperadoras, convirtiendo la obligación en una oportunidad de negocio para las torres.

El debate central gira en torno a quién debe asumir estos costes asociados a la garantía del servicio en situaciones de emergencia energética. Desde las telecos se insiste en que la infraestructura eléctrica debe garantizar la continuidad de suministro, mientras que el Gobierno refuerza la necesidad de que las redes móviles sean resilientes ante apagones críticos, garantizando así la comunicación en situaciones excepcionales.

Este ajuste normativo llega en un momento en que la digitalización y la conectividad se consideran infraestructuras críticas. La pandemia y situaciones recientes han subrayado la importancia de mantener operativas las redes móviles para servicios esenciales y de emergencia. Por ello, la medida apunta a reforzar la seguridad, aunque implica un reto financiero para el sector.

El texto final del Real Decreto de Resiliencia de las Redes será determinante para definir el papel que jugarán los distintos actores y cómo se materializará la inversión y el mantenimiento de esos sistemas de respaldo energético. La regulación marcará un antes y un después en la gestión técnica y económica de las infraestructuras móviles en España.