El Gobierno está ultimando una nueva herramienta informática que permitirá a la Agencia Tributaria bloquear el pago de ayudas públicas a quienes tengan deudas con la administración, ya sea estatal, autonómica o local. Esta plataforma, conocida como "punto neutro de embargos", cruzará diariamente datos de todas las administraciones para impedir que un moroso reciba subvenciones o pagos provenientes de otro organismo público.
Este desarrollo queda recogido en un borrador del Real Decreto que regula el funcionamiento de esta aplicación y que está en consulta pública hasta el 25 de junio. La iniciativa surge del trabajo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para modernizar los órganos públicos y favorecer la competitividad económica.
Según el texto, el sistema facilitará intercambio de información entre Hacienda, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y los órganos pagadores de entidades locales, con el fin de emitir embargos cuando corresponda. Así, se asegura que quienes tengan deudas con una administración no puedan cobrar pagos o ayudas de otra, cerrando fisuras en la recaudación y control financiero del sector público.Más detalles sobre la CORA
Aunque el sistema aplicará embargos a muchas partidas, existen excepciones importantes para proteger ciertos pagos, como salarios de funcionarios, pensiones de Clases Pasivas, prestaciones de la Seguridad Social o devoluciones tributarias por ingresos indebidos. También quedan blindados los fondos destinados a compensación territorial y pagos en divisas, que no podrán ser embargados incluso si el beneficiario mantiene deudas.
Por tanto, quedarán sujetos a embargo otras partidas como facturas entre administraciones y proveedores o subvenciones públicas. El sistema realizará una revisión automática diaria para determinar embargos, garantizando que los derechos de los contribuyentes sean respetados. En casos con deudas a varias administraciones, se seguirá el orden de prelación establecido por la ley para la asignación de fondos embargados.
Debido a la complejidad de integrar a las múltiples administraciones implicadas, se ha establecido un periodo de adaptación que puede extenderse hasta un año y medio, dependiendo del tamaño del municipio o entidad. Las grandes administraciones tendrán un plazo de un año tras la publicación definitiva del decreto en el BOE, mientras que los municipios pequeños contarán con seis meses adicionales y apoyo técnico de sus diputaciones.
Además, está prevista una fase piloto de seis meses para probar la plataforma, lo que podría retrasar la implementación completa hasta principios de 2028. Esta gradualidad busca asegurar una incorporación ordenada y evitar problemas técnicos.
Curiosamente, Hacienda ha decidido excluir el uso de Inteligencia Artificial en este sistema, a diferencia de otros proyectos donde sí emplea IA para mejorar la eficiencia administrativa. Según el borrador, el sistema empleará algoritmos basados en reglas explícitas sin análisis predictivo ni toma de decisiones automatizadas, lo que evita perfiles económicos o patrimoniales con otros fines que no sea la ejecución del embargo.
El sistema actualizará diariamente la lista global de deudores entre las 00:00 y las 03:59 horas, cruzando estos datos con las solicitudes de pago. Esta lista permanecerá estable durante el resto del día, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.
Esta herramienta representa un avance importante en la coordinación y control de la gestión pública en España, buscando evitar fraudes o cobros indebidos por parte de quienes mantienen deudas con el sector público. En un contexto donde la eficiencia y la modernización de las administraciones son prioritarias, este punto neutro de embargos puede marcar un antes y un después en la recaudación y gestión financiera estatal.
Para profundizar en el reglamento en consulta pública, puede consultarse el borrador del Real Decreto en la web del Ministerio de Hacienda.