El Gobierno aprobó el pasado mes de abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta que, según el Ministerio de Vivienda, triplica los recursos destinados a política habitacional respecto a planes anteriores. La medida más llamativa es la prohibición expresa de que cualquier vivienda protegida financiada con dinero público pueda ser privatizada o descalificada en el futuro, lo que en la jerga del sector se conoce como "VPO a perpetuidad".
El plan contempla una autorización de gasto garantizada hasta 2030, aprobada el mismo día en que el Consejo de Ministros dio luz verde al documento. Según el Ministerio, esto resuelve uno de los principales temores del sector: que un eventual cambio de gobierno dejara sin financiación los compromisos adquiridos. En términos concretos, la Comunidad de Madrid pasaría de recibir alrededor de 300 millones de euros a superar los 1.100 millones, siempre que firme los acuerdos bilaterales con el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
La arquitectura del plan y las comunidades autónomas
La puesta en marcha del plan depende de la firma de convenios entre el Estado y cada comunidad autónoma. El Ministerio ha fijado como objetivo celebrar la conferencia sectorial en mayo para que las regiones puedan comenzar a ejecutar los fondos en el segundo semestre de 2025. Aquellas que acuerden antes los términos de colaboración tendrán acceso a las transferencias de crédito desde julio, según las explicaciones oficiales.
No todas las comunidades han recibido el plan con el mismo entusiasmo. La Comunidad de Madrid lo ha calificado de "intervencionista" y ha anunciado su propia iniciativa de construcción de vivienda protegida, al margen del marco estatal. El Ministerio, por su parte, ha recordado las deficiencias detectadas en el programa público de alquiler autonómico, conocido como Plan Vive, señalando problemas de mantenimiento y precios elevados en algunas de sus viviendas.
El plan también incorpora una cláusula antifraude específica. Su objetivo es impedir que viviendas protegidas construidas con recursos públicos acaben en manos de personas o entidades distintas a las que las necesitan por razones socioeconómicas. El Ministerio reconoce que todavía existen administraciones que no aplican los criterios de adjudicación de forma correcta.
La ley de vivienda y el mercado del alquiler
El plan llega tres años después de la aprobación de la Ley de Vivienda de 2023, que introdujo mecanismos para contener los precios del alquiler en zonas declaradas tensionadas. Los datos de sistemas públicos en Cataluña, Navarra y el País Vasco, comunidades que han aplicado la normativa, apuntan a una contención de precios en esos mercados, según el Ministerio. Sin embargo, los precios siguen subiendo en el conjunto del país, un fenómeno que el Gobierno atribuye a la combinación de alta demanda y dificultades estructurales en la ampliación de la oferta.
Uno de los frentes abiertos es el alquiler turístico y de temporada. El registro de pisos turísticos puesto en marcha por el Gobierno ha identificado más de 100.000 viviendas en situación irregular en todo el territorio nacional, con casos relevantes en Andalucía, donde las irregularidades afectarían a unas 20.000 viviendas según los datos del Ministerio. En paralelo, el Congreso de los Diputados tramita una ponencia sobre la Ley de Alojamientos de Temporada, y la Comisión Europea ha incluido la regulación de los alojamientos turísticos de corta duración en su agenda legislativa.
El decreto de prórroga y la incertidumbre parlamentaria
Otro asunto pendiente es la convalidación del decreto de prórroga de las medidas de contención de alquileres, aprobado en el contexto de la tensión geopolítica derivada del conflicto en Oriente Próximo. El decreto ya está en vigor, pero su ratificación parlamentaria no está asegurada. El Ministerio ha expresado su intención de no perder ningún decreto y de seguir buscando apoyos en el Congreso para mantener las protecciones a los inquilinos.
La situación refleja uno de los problemas recurrentes de la política de vivienda en España durante esta legislatura: la dificultad de convertir en mayorías parlamentarias medidas que, según las encuestas y el propio Gobierno, cuentan con un respaldo social amplio. El debate sobre la vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de la precampaña electoral en Andalucía, donde el Ministerio tiene previsto aumentar su presencia en las próximas semanas.