Un hombre de 63 años, vecino del concejo asturiano de Yermes y Tameza, ha quedado investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave. El caso arranca el 6 de octubre de 2025, cuando el investigado conducía un tractor por el kilómetro 21,900 de la carretera AS-311, que une Grado con Tameza, con un pasajero situado sobre el guardabarros de una de las ruedas, una práctica prohibida y sumamente peligrosa. La persona que viajaba en esa posición perdió el equilibrio, cayó a la calzada y fue arropellada y arrastrada por el remolque del vehículo. Las lesiones fueron de gravedad y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Central de Asturias (HUCA).
Hasta aquí los hechos. Lo que convirtió este suceso en un caso de investigación policial fue lo que ocurrió después. Según las declaraciones recogidas durante la instrucción, el conductor del tractor trasladó en su propio turismo al herido hasta el servicio de urgencias del HUCA, pero antes de que este entrara al centro sanitario le sugirió que explicara a los médicos que las heridas se debían a una caída desde una escalera. El objetivo era evidente: eludir cualquier responsabilidad derivada del accidente y blindarse frente a una posible reclamación civil por las lesiones causadas.
La maniobra funcionó, al menos temporalmente. En urgencias, el lesionado no especificó cómo se habían producido realmente los traumatismos, lo que dificultó la identificación inmediata del siniestro. Sin embargo, el 16 de octubre de 2025, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Luarca, integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias, tuvo conocimiento de los hechos y activó una investigación formal.
Desde el primer momento, los agentes detectaron indicios que no encajaban con la versión ofrecida en el hospital. Las lesiones presentadas por la víctima no eran coherentes con una caída doméstica desde una escalera, sino con un atropello. A partir de ahí, el equipo de investigación desplegó un trabajo minucioso que se prolongó durante más de dos meses. Las diligencias practicadas incluyeron la toma de declaraciones testificales, la identificación del tractor implicado y la localización exacta del lugar del accidente, la realización de inspecciones oculares sobre el terreno, el análisis detallado de la vestimenta del lesionado y un estudio técnico forense de las lesiones.
El resultado fue concluyente: los traumatismos que presentaba la víctima eran plenamente compatibles con haber sido atropellado y arrastrado por un remolque en una carretera, no con ningún otro tipo de caída. La reconstrucción de los hechos realizada por la Guardia Civil situó el accidente el 6 de octubre de 2025, en el punto kilométrico ya señalado de la AS-311, y contradijo de forma directa lo declarado inicialmente en el ámbito sanitario.
Pero la investigación deparó aún más hallazgos sobre el estado del vehículo implicado. El tractor carecía de seguro en vigor en el momento del accidente, lo que agrava notablemente la situación del conductor, ya que deja a la víctima sin la cobertura ordinaria que ofrecería una póliza de responsabilidad civil. Para más inri, la inspección técnica del vehículo había caducado en enero de 2012, es decir, llevaba más de trece años circulando sin pasar la revisión obligatoria. Ambas circunstancias constituyen infracciones graves bajo la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y añaden más capas de responsabilidad al caso.
El perfil del investigado tampoco resulta nuevo para las fuerzas de seguridad. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el hombre ya había sido investigado anteriormente por un hecho de naturaleza similar, lo que añade antecedentes relevantes a su expediente.
Tras concluir las diligencias, el atestado completo ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Grado, que es el órgano judicial competente para continuar con la instrucción del caso. Será la jueza o el juez de instancia quien determine si existen indicios suficientes para llevar el asunto a juicio oral y depurar las responsabilidades penales y civiles que correspondan.
El caso pone de relieve un problema que la Dirección General de Tráfico lleva años tratando de erradicar: el uso de tractores agrícolas como vehículo de transporte informal de personas, una práctica extendida en entornos rurales pero que carece de cualquier respaldo legal y que, como demuestra este accidente, puede tener consecuencias muy graves. La normativa vigente prohíbe expresamente viajar en zonas del vehículo no habilitadas para ello, y los tractores sin cabina o con escaso espacio habilitado para pasajeros son escenario frecuente de accidentes mortales o con lesiones severas en el medio rural español.