El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó este martes un plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado dotado con 1.629 millones de euros. La inversión se ejecutará entre 2027 y 2031 y se suma a los 1.800 millones que el Ministerio ya destina cada año a la conservación viaria. El anuncio se produjo en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre necesidades de inversión en infraestructuras.

Puente reconoció que la inversión por kilómetro en mantenimiento ha sido insuficiente durante años y cuantificó el déficit acumulado en 5.600 millones de euros. El ministro lo definió como un problema estructural y defendió la lógica del mantenimiento preventivo: actuar antes sale más barato que esperar a que la infraestructura se deteriore por completo. El plan se centra en unos 5.000 kilómetros de vías con necesidades de intervención inmediata, según el diagnóstico elaborado por el Ministerio.

El reparto de la inversión año a año

El calendario de desembolso arranca en 2027 con 185 millones de euros y alcanza su pico en 2029, cuando se prevén 550 millones. El Gobierno estima que el programa generará 18.500 empleos directos e indirectos, tendrá un impacto de 1.200 millones en el PIB y aportará más de 400 millones en recaudación fiscal. Para gestionar el volumen de obra, el Ministerio mejorará los complementos salariales de 374 técnicos existentes y creará 143 nuevos puestos.

Puente recordó que la red de carreteras del Estado representa solo el 16% del total de vías del país, pero concentra más del 50% del tráfico. Aunque los 5.600 millones de déficit corresponden a esa red estatal, el presidente del Colegio de Ingenieros, Miguel Ángel Carrillo, advirtió de que el agujero global de mantenimiento en carreteras de todas las administraciones asciende a 13.500 millones. El presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Lazcano, añadió que en todo el territorio hay 34.000 kilómetros pendientes de mejoras urgentes.

El sector constructor pide más que inversión puntual

Las patronales presentes en el foro valoraron el anuncio, pero señalaron sus límites. Julián Núñez, presidente de Seopan, reclamó un modelo de financiación estable para las infraestructuras, algo que a su juicio todavía no existe. Desde la patronal de grandes constructoras y concesionarias llevan años defendiendo el pago por uso en las autovías como fórmula para complementar el presupuesto público.

Concha Santos, presidenta de Anci, reconoció el incremento de la inversión pública, pero advirtió de que los costes de ejecución de las obras han subido un 28% y que el marco normativo español está más orientado a controlar costes que a absorber ese choque de precios. Santos pidió una planificación a largo plazo que ofrezca estabilidad a las empresas contratistas.

El propio Puente anunció una reforma del sistema de contratación pública orientada a reducir el peso de los criterios subjetivos en los concursos y a reforzar la puntuación vinculada a la oferta económica. El objetivo declarado es blindar el sector frente a cualquier indicio de corrupción.

El accidente de Adamuz, presente en el debate

El debate sobre infraestructuras no pudo separarse del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y en el que fallecieron 46 personas. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, habló abiertamente de una crisis de confianza en el sistema ferroviario y atribuyó el siniestro a un posible fallo de inspección, no de mantenimiento. Desde Adif subrayaron que España se sitúa por encima de la media europea en inversión en mantenimiento ferroviario, aunque apostaron por avanzar hacia un enfoque más predictivo.

En ese contexto, Carrillo valoró el acuerdo alcanzado entre Adif y los sindicatos para aumentar las partidas de mantenimiento: Adif Alta Velocidad pasará de 435 millones en 2025 a 629 millones en 2030, un incremento del 44%, mientras que la red convencional subirá de 665 millones a 1.179 millones en el mismo periodo, un alza del 77%.

Más allá del plan de firmes, el periodo 2027-2031 concentrará una oleada inversora sin precedentes recientes. El Gobierno prevé 13.000 millones en ampliaciones aeroportuarias a través de Aena, 7.000 millones en Puertos del Estado, unos 6.000 millones anuales en ferrocarril y 5.000 millones por ejercicio en carreteras. La pregunta que dejó flotando el foro es si la capacidad del sector y la maquinaria administrativa serán capaces de absorber ese volumen en los plazos previstos.