El próximo martes 21 de enero, el Club de Oviedo acogerá un coloquio sobre eutanasia que reunirá a profesionales de la medicina, el derecho y la psicología para analizar uno de los debates bioéticos más complejos de la sociedad contemporánea. El encuentro se centrará en los condicionantes psicológicos de una decisión que, desde que España legalizó la eutanasia en 2021, sigue generando un debate intenso tanto en los entornos clínicos como en el conjunto de la ciudadanía.

El panel de ponentes combina perspectivas muy distintas, lo que anticipa un debate de cierto calado. Participarán Ángel Álvarez Ramos, biólogo y presidente de Vidacord, reconocido con el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI 2026 en la categoría de innovación médica; Ángel Jiménez Lacave, médico oncólogo y presidente de la Fundación para el Estudio y la Solución de los Problemas Oncológicos (FUNDESO); Borja del Campo Álvarez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo; y Pilar Cartón, en representación de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. La moderación correrá a cargo de Juan Manuel Rodríguez Jiménez, doctor en Psicología y presidente de la Asociación de Ciencias de la Conducta (ACC).

La diversidad de perfiles no es casual. La eutanasia es una cuestión que cruza varios campos del conocimiento de forma simultánea: la clínica, porque implica decisiones médicas sobre el tratamiento y el acompañamiento al paciente; la jurídica, porque su regulación establece quién puede solicitarla, en qué condiciones y con qué garantías; y la psicológica, porque tanto el paciente como el entorno familiar y el propio personal sanitario atraviesan procesos emocionales complejos a lo largo de todo el proceso.

España fue el séptimo país del mundo en despenalizar la eutanasia. La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia entró en vigor en junio de 2021 y estableció un protocolo con varias salvaguardas: la persona solicitante debe ser mayor de edad, tener residencia legal en España, padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico debilitante, y formular la solicitud de forma voluntaria, reiterada y por escrito. La ley también contempla la objeción de conciencia del personal sanitario, un punto que desde entonces ha centrado parte del debate sobre su aplicación práctica.

Según los datos de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia, el número de solicitudes atendidas ha ido creciendo desde la entrada en vigor de la norma, aunque el acceso real varía según la comunidad autónoma, algo que organizaciones como Derecho a Morir Dignamente llevan años denunciando. La distribución desigual de médicos objetores y la falta de protocolos homogéneos en algunos sistemas de salud autonómicos siguen siendo puntos de fricción en la implementación de la ley.

El coloquio del Club de Oviedo se enmarca precisamente en ese espacio de reflexión que va más allá de la norma aprobada. El debate no se limita a si la eutanasia es legal o ilegal, sino a cómo se toman las decisiones en la práctica, qué factores psicológicos, culturales o religiosos condicionan esa autonomía que la ley reconoce formalmente, y cuáles son las responsabilidades del sistema sanitario cuando un paciente solicita poner fin a su vida. Son preguntas que no tienen una respuesta sencilla y que el encuentro del martes pretende abordar desde distintos ángulos sin aspirar a un consenso cerrado.

La presencia de Pilar Cartón, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, introduce en el panel la voz de quienes defienden el derecho a la autodeterminación como eje central de la cuestión. Frente a esa posición, la participación de representantes del ámbito biomédico y jurídico permitirá explorar los límites y las garantías que el sistema establece para proteger tanto la voluntad del paciente como la integridad del personal sanitario implicado.

El coloquio, que será presentado y moderado por el psicólogo Juan Manuel Rodríguez Jiménez, tiene lugar en un momento en que la eutanasia sigue siendo un asunto vivo en el debate público español. Aunque la ley lleva ya varios años en vigor, las tensiones entre la autonomía individual y los marcos éticos, religiosos e institucionales que rodean las decisiones al final de la vida no han desaparecido. Si acaso, se han trasladado del terreno legislativo al terreno práctico, donde cada caso concreto obliga a revisar los principios generales con la realidad de cada historia personal.