El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con consecuencias directas para millones de contribuyentes españoles: ninguna comunidad autónoma puede iniciar una inspección fiscal sobre una persona que ya tributa en otra región sin haber promovido antes un expediente formal de cambio de domicilio. El fallo, emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pone coto a una práctica que generaba inseguridad jurídica y dejaba a los ciudadanos expuestos a reclamaciones duplicadas o tardías por parte de haciendas que actuaban al margen del procedimiento establecido.
El origen del conflicto es un caso concreto entre el Principado de Asturias y la Diputación Foral de Álava. Un contribuyente fallecido en 2017 llevaba censado y tributando en Vitoria-Gasteiz desde 1998, casi dos décadas de historial fiscal ininterrumpido bajo el paraguas del Concierto Económico con el País Vasco. Tras su muerte, sus herederos liquidaron el Impuesto sobre Sucesiones ante la Hacienda vasca, siguiendo la lógica del domicilio fiscal declarado. Hasta ahí, todo en orden.
El problema llegó en 2021, cuando el Principado de Asturias decidió abrir de forma sorpresiva un procedimiento inspector contra esos herederos, argumentando que el fallecido había residido realmente en Asturias durante sus últimos cinco años de vida. La administración asturiana no promovió ningún expediente de cambio de domicilio ni coordinó su actuación con la Hacienda vasca: simplemente irrumpió con una inspección dirigida, según el fallo, a interrumpir la prescripción y forzar una recaudación para la que carecía de competencia.
Lo que dice el Supremo
La sentencia, con el magistrado Francisco José Navarro Sanchís como ponente, es contundente en su diagnóstico. Califica la actuación asturiana como una "invasión sustancial" de competencias y recuerda que el artículo 43 del Concierto Económico establece un procedimiento claro para estos conflictos: si una administración cree que un contribuyente debería tributar en su territorio, debe instar a la otra hacienda a reconocer ese cambio de residencia a través de los cauces legales. Lo que no puede hacer es ignorar la situación censal existente y lanzar una inspección unilateral.
El tribunal va más lejos y advierte de las consecuencias sistémicas de tolerar este tipo de actuaciones. Si cualquier comunidad autónoma pudiera reclamar retroactivamente impuestos de contribuyentes ya censados en otra región, los ciudadanos quedarían en una situación de indefensión total: sin saber con certeza ante qué hacienda tributan, expuestos a inspecciones cruzadas años después de los hechos y sin posibilidad real de planificar su situación fiscal. Una pesadilla burocrática con consecuencias económicas reales.
Seguridad jurídica como principio
Este es, precisamente, el eje central del fallo: la seguridad jurídica. El Supremo subraya que el sistema tributario español, incluido el Concierto Económico vasco, se articula sobre la base de la colaboración entre administraciones y el respeto a los procedimientos establecidos. Actuar "manu militari", como lo denomina la propia sentencia, no solo viola esos procedimientos, sino que socava la confianza de los ciudadanos en el sistema.
La resolución confirma el criterio previo de la Junta Arbitral del Concierto Económico, que ya había dado la razón a la parte vasca, y condena al Principado de Asturias al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 4.000 euros. No es una cifra desorbitada, pero el mensaje simbólico es claro: iniciar procedimientos sin base competencial tiene consecuencias.
Más allá del caso concreto, este criterio sienta jurisprudencia aplicable a cualquier conflicto de competencia entre comunidades autónomas en materia tributaria, no solo a los que involucran territorios forales. La doctrina del Supremo establece que el domicilio fiscal declarado por el contribuyente, y aceptado durante años por una hacienda, no puede ser ignorado por otra administración que decida actuar por su cuenta. Para cambiarlo, hay que seguir el procedimiento. Punto.
En un contexto en el que varias comunidades autónomas compiten por atraer contribuyentes de alto patrimonio —y en el que los conflictos de residencia fiscal han aumentado al calor de la movilidad postpandemia y el teletrabajo— esta sentencia llega en un momento especialmente relevante. Los asesores fiscales ya la señalan como una referencia obligatoria para cualquier litigio futuro sobre competencia territorial en materia tributaria, según recogen medios especializados como El Economista.
La conclusión práctica para los contribuyentes es clara: si tributan en una comunidad y otra decide reclamar su parte sin seguir el procedimiento formal, tienen ahora un aval del Tribunal Supremo para defenderse. Eso no elimina los conflictos de residencia, que seguirán existiendo, pero sí obliga a las administraciones a jugar con las reglas del juego.