El Gobierno de Donald Trump lleva meses trabajando en lo que ha bautizado como Proyecto Bóveda: una reserva estratégica de 60 minerales críticos diseñada para reducir la dependencia estadounidense de China en las cadenas de suministro de materias primas. La iniciativa, presentada con entusiasmo en el Despacho Oval, ya tiene a grandes empresas como Lockheed Martin, General Motors y Google entre sus primeros participantes. Pero entre bambalinas, el sector minero que debería ser su principal beneficiado guarda una postura mucho más ambivalente.
El programa está liderado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y funciona bajo un modelo impulsado por la demanda: los fabricantes que se adhieran al sistema pagarán una cuota de participación y fijarán un precio por los metales que retiren de la reserva en caso de crisis de suministro o emergencia. Grupos comerciales como Mercuria, Traxys, Hartree Partners y Glencore serán los encargados de adquirir y almacenar los materiales en suelo estadounidense.
Una iniciativa que divide al sector
La acogida entre los ejecutivos mineros dista mucho de ser unánime. Iván Arriagada, consejero delegado de Antofagasta, la mayor minera chilena de cobre, reconoce que los planes de almacenamiento introducen distorsiones en el mercado que su empresa debe analizar con detenimiento. Chile es el principal proveedor de cobre para Estados Unidos, y con los precios de este metal rozando máximos históricos, cualquier demanda adicional derivada del programa podría elevarlos aún más.
Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, también pide cautela: estos mecanismos pueden generar excedentes y alterar el funcionamiento habitual de los mercados de materias primas, por lo que los detalles del programa serán determinantes. Otro ejecutivo del sector va más lejos y advierte de que la iniciativa podría disparar una mentalidad de acaparamiento entre los países y distorsionar el desarrollo global al introducir barreras al libre comercio.
La preocupación no es menor. Algunos minerales incluidos en el programa, como el germanio o el galio, tienen mercados globales muy pequeños y una oferta altamente concentrada fuera de China. Cualquier movimiento brusco de compra por parte del Gobierno estadounidense podría tensionar esos mercados de forma significativa. De hecho, Ivanhoe Mines —cuyo fundador, Robert Friedland, estuvo en el acto de presentación del proyecto— ya ha iniciado conversaciones para suministrar galio y germanio de su mina de zinc Kipushi, en la República Democrática del Congo, al programa.
Geopolítica como catalizador
El contexto geopolítico no es ajeno a la urgencia con la que Washington ha impulsado esta iniciativa. Las vulnerabilidades de las cadenas de suministro de recursos naturales, puestas de manifiesto por recientes conflictos internacionales, han acelerado la búsqueda de alternativas al dominio chino en sectores como las baterías, los semiconductores o la industria de defensa. China controla una parte mayoritaria del procesamiento global de minerales críticos, lo que convierte al país en un punto de presión estratégico de primer orden.
Estados Unidos no es el único que ha sacado conclusiones. La Unión Europea y Australia, entre otros, han anunciado planes similares para crear reservas nacionales de minerales. La carrera por asegurar el acceso a estas materias primas se está convirtiendo en una de las grandes disputas económicas del siglo XXI, con implicaciones directas para industrias tan dispares como la automoción eléctrica, la generación de energía renovable o la fabricación de armamento.
Dentro del propio sector minero, algunos voces apuntan a que el enfoque del Proyecto Bóveda es el equivocado. En lugar de acumular reservas, argumentan, sería más eficaz agilizar los procesos de concesión de permisos para abrir nuevas minas en Norteamérica. La región tiene recursos propios suficientes para cubrir muchas de las necesidades del país sin depender de terceros, siempre que las relaciones con Canadá sean fluidas y la burocracia no frene la extracción.
Por ahora, los detalles operativos del Proyecto Bóveda siguen en fase de definición y no se ha realizado ninguna compra de minerales. Empresas participantes como General Motors o Clarios —fabricante de baterías— han pagado ya sus cuotas de adhesión, pero el mecanismo completo aún no está en marcha. Lo que sí está claro es que la iniciativa ha convertido a Washington en un epicentro inesperado para los principales ejecutivos del sector minero mundial, muchos de los cuales reconocen que pasan ahora más tiempo en la capital estadounidense que en cualquier otro momento reciente. La tensión entre el interés estratégico del Estado y la lógica del mercado libre raramente ha sido tan visible como en este debate.