Las rebajas fiscales sobre la energía aprobadas por el Gobierno español para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo favorecen de forma desproporcionada a los hogares con mayores ingresos. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2026, publicado esta semana bajo la nueva presidencia de Inés Olándrriz. La brecha es especialmente llamativa en el gas: la décima parte más rica de la población absorbe el 16% del coste público de esas medidas, mientras que la décima parte más pobre apenas capta el 5,5%.
El paquete de medidas fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo mediante un Real Decreto-ley, respaldado posteriormente por el Parlamento. El plan moviliza recursos por dos vías principales: rebajas de IVA e Impuestos Especiales sobre carburantes, electricidad y gas, con un coste estimado de 2.729 millones de euros; y ayudas directas a los sectores económicos más afectados por valor de 2.927 millones adicionales. En conjunto, se trata del paquete de respuesta más costoso de toda la Unión Europea, según los datos recogidos por la propia AIReF.
El organismo fiscalizador analiza cómo se distribuye ese esfuerzo público entre los diferentes tramos de renta. El resultado es claro: el 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo concentra el 13,8% del beneficio total del plan, frente al 5,8% que llega al 10% más pobre. La causa estructural es sencilla de explicar: cuando una rebaja fiscal es generalizada y no está condicionada al nivel de ingresos, quien más consume se lleva más ayuda. Y en energía, quienes más consumen son, en términos absolutos, los hogares con más recursos.
Las medidas dirigidas a abaratar los carburantes, con un coste de 1.412 millones de euros entre rebajas de IVA e Impuestos Especiales, son las que exhiben una distribución más regresiva dentro del plan. El 10% de hogares más ricos capta el 14,1% de esa partida, mientras que el 10% más pobre apenas recibe el 5,4%. Más revelador aún: el porcentaje de ayuda recibida crece de forma progresiva con cada escalón de ingresos. La AIReF lo atribuye a que el gasto en combustible para el vehículo privado escala directamente con el nivel de renta.
En electricidad, el desequilibrio es algo menor. Las medidas de alivio del precio de la luz, que suman 1.163 millones en IVA reducido, Impuestos Especiales suspendidos y supresión del Impuesto de generación eléctrica, dejan un 12,9% en manos de los hogares más ricos y un 6,6% en los más humildes. La razón de la menor brecha, según el informe, es que la electricidad funciona más como un bien de primera necesidad: su consumo varía menos en función del nivel de ingresos que el de carburantes o gas.
Donde la diferencia es más pronunciada es en el gas natural. Con una partida de solo 153 millones de euros en rebajas fiscales, el 10% más rico absorbe el 16,1% del total, frente al 5,5% del 10% más pobre. La AIReF explica este resultado por la estructura del mercado: el gas de red está mucho más presente en las viviendas de renta alta que en las de renta baja, donde predominan otras formas de calefacción o cocina. El resultado es que esta medida, aunque modesta en importe, resulta especialmente regresiva.
La AIReF sí reconoce un matiz importante: en términos relativos al nivel de ingresos de cada hogar, la ayuda pesa más en los bolsillos de quienes menos ganan. Para un hogar de renta baja, el beneficio recibido equivale al 1,2% de sus ingresos anuales; para uno de renta alta, apenas al 0,4%. Eso no elimina la regresividad absoluta del plan, pero sí suaviza parcialmente su impacto social.
Con todo, la institución es explícita en su recomendación: una focalización más precisa de las ayudas protegería mejor a los colectivos vulnerables y optimizaría el impacto social del gasto público. En la práctica, esto se traduce en dos alternativas concretas: transferencias directas dirigidas exclusivamente a los hogares con menos recursos, o rebajas fiscales condicionadas al nivel de ingresos de cada familia. La AIReF también advierte de otro efecto colateral no menor: mantener artificialmente bajos los precios energéticos a través de rebajas fiscales generalizadas estimula el consumo y, con él, presiona al alza la inflación, lo que puede acabar erosionando el poder adquisitivo de todos los hogares, especialmente de los más vulnerables.
El informe llega en un momento políticamente incómodo para el Ejecutivo. El vicepresidente económico Carlos Cuerpo firmó esta misma semana un comunicado conjunto con los ministros de Economía de Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, Países Bajos, Noruega y Nueva Zelanda en el que se comprometían a que cualquier respuesta nacional a la crisis de Oriente Próximo fuera fiscalmente responsable y estuviera "dirigida a quienes más necesitan apoyo". Los datos de la AIReF sugieren que el plan español aprobado en marzo no cumple del todo ese criterio.