La junta general de accionistas de Aena celebrada este martes dejó un mensaje inequívoco: el modelo de gestión centralizada de los aeropuertos españoles no está en negociación. Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de la compañía desde julio de 2018 —cargo que acaba de renovar tras ser reelegido como consejero—, dedicó gran parte de su intervención a cerrar la puerta a cualquier fórmula que implique trasladar competencias de gestión a las comunidades autónomas, y a cargar contra las aerolíneas que piden una rebaja de tasas para el próximo ciclo regulatorio.
La presión de las autonomías lleva meses acumulándose. Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia y Navarra han planteado, con distintos niveles de ambición, fórmulas para participar en la gestión de los aeropuertos de su territorio. El caso más avanzado es el acuerdo alcanzado el pasado 27 de marzo entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco sobre los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que preveía la creación de un órgano mixto de seguimiento. Para Lucena, ese órgano es «estrictamente consultivo y no decisorio» y no pone en cuestión que la gestión corresponde a Aena.
El argumento jurídico del presidente de Aena descansa en tres pilares constitucionales: los aeropuertos de interés general son competencia exclusiva del Estado, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa amparan a la compañía, y la Ley de Sociedades de Capital impide que el accionista mayoritario —el Estado, con el 51%— «imponga el rodillo» al 49% privado para ejecutar cambios estructurales. El único margen que Lucena admite es una «cooperación reforzada» con las autonomías, pero deja claro que transferir activos o compartir la gestión operativa queda fuera de cualquier escenario viable.
La batalla de las tarifas del DORA III
El otro gran frente es económico. Aena ha propuesto una subida media de tarifas del 3,8% anual para el periodo 2027-2031, recogida en el Documento de Regulación Aeroportuaria III (DORA III), que aún debe pasar por la Dirección General de Aviación Civil y ser aprobado por el Consejo de Ministros. Frente a esa cifra, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo (IATA) y aerolíneas de bajo coste como Ryanair exigen un recorte del 4,9%.
Lucena rechazó de forma contundente esa postura, a la que calificó de «insistencia frívola» al margen del marco regulatorio. Los datos que maneja la compañía refuerzan su posición: la tarifa media por pasajero en 2025 fue de 10,35 euros, un 7% por debajo en términos nominales respecto a 2015 y un 37% inferior descontando la inflación. En el mismo periodo, los billetes de avión subieron un 27% desde 2019. Además, entre 2017 y 2025 Aena acumuló un déficit de tarifa de 550 millones de euros, en gran parte por el impacto de la pandemia, lo que significa que ingresó menos de lo que gastó en términos regulados.
La inversión prevista para ese periodo justifica, según la compañía, la subida: el plan regulado contempla 9.991 millones de euros destinados principalmente a ampliar la capacidad de los principales aeropuertos del país, con una inversión total que asciende a 12.888 millones. Sin esas tarifas, argumenta Lucena, «los aeropuertos españoles acabarían funcionando peor».
Un plan estratégico centrado en IA y sostenibilidad
Una vez que el DORA III obtenga su redacción definitiva, Aena presentará un plan estratégico para el mismo horizonte temporal, 2027-2031, que Lucena espera llevar al mercado antes de que acabe 2025. Irá más allá de la actividad aeronáutica para abarcar las áreas comercial e inmobiliaria y la expansión internacional, con tres ejes transversales: innovación, inteligencia artificial y sostenibilidad.
El anuncio llega en un momento de fortaleza financiera. En 2025, según las cuentas aprobadas en la misma junta, Aena cerró con 384,6 millones de pasajeros en toda su red, un 4,2% más que el año anterior, de los que 321,6 millones correspondieron a aeropuertos españoles. El beneficio neto alcanzó 2.137 millones de euros, un 10,3% más, con ingresos de 6.379 millones (+9,5%). La ratio de deuda financiera neta sobre ebitda bajó de 1,59 a 1,31 veces, lo que Lucena considera el «punto de partida óptimo» para el nuevo ciclo inversor.
Los accionistas también aprobaron el reparto de un dividendo de 1.635 millones de euros, pagadero el próximo 27 de abril, del que el Estado percibirá cerca de 834 millones. El pay out del 80% se mantendrá, según Lucena, compatible con el ambicioso plan de inversiones. Una promesa que el mercado tomará nota de verificar cuando el plan estratégico vea la luz.
La reelección de Lucena no estuvo exenta de controversia: ISS, el principal asesor de gobierno corporativo de los fondos internacionales, recomendó votar en contra por la acumulación de las funciones de presidente y consejero delegado en una sola persona. La junta ignoró esa recomendación, pero la advertencia refleja una tensión de gobernanza que seguirá sobrevolando a la compañía en los próximos años.