La morosidad vuelve a empeorar en España y las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas. Así lo recoge el informe anual de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de pymes en todo el país. Los datos de 2025, elaborados a partir de 300 empresas consultadas, muestran que tanto las administraciones públicas como las grandes corporaciones privadas están tardando más en pagar que el año anterior, y ambas siguen muy por encima de lo que permite la ley.

La normativa española establece límites claros: las administraciones públicas deben abonar sus facturas en un máximo de 30 días, y las empresas privadas no pueden superar los 60 días. En la práctica, ninguno de los dos grupos los cumple. Según el informe, el plazo medio de pago del sector público se situó en 70 días en 2025, tres más que en 2024. Las empresas privadas pagaron de media a 67 días, también tres más que el ejercicio anterior. Es el segundo año consecutivo en que las administraciones tardan más en pagar que el sector privado, pese a que su límite legal es la mitad.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma y también de la patronal catalana Pimec, fue directo en su valoración durante la presentación del informe: en un contexto de precios energéticos elevados y desaceleración económica global, el retraso en el cobro puede comprometer la viabilidad de muchas pequeñas compañías. Para las pymes, recibir el dinero a tiempo no es una cuestión de confort, sino de supervivencia. Un retraso prolongado obliga a buscar financiación externa, encarece los costes operativos y, en los casos más graves, puede llevar al cierre.

El sector público, el peor pagador pese a recaudar más

Lo que más indigna al sector empresarial es la paradoja que señala Cañete: las administraciones están incrementando su recaudación fiscal y, al mismo tiempo, están empeorando sus plazos de pago a proveedores. En su opinión, el sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige al sector privado, ejerciendo un papel de referencia. Sin embargo, los datos apuntan en la dirección contraria.

Esta situación no es nueva, pero sí se está agravando. La Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada posteriormente para adaptarse a la normativa europea, fija esos plazos máximos precisamente para evitar que las empresas más grandes o con mayor poder negociador financien su actividad a costa de los proveedores más pequeños. Que esa práctica siga siendo habitual en 2025 evidencia una brecha significativa entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad.

Las grandes empresas usan a las pymes como línea de crédito

En el ámbito privado, el informe pone el foco en las compañías con una facturación superior a los 50 millones de euros. El 85% de ellas supera el plazo legal de 60 días. Desglosado: el 38% paga a más de 90 días y el 47% lo hace entre 60 y 90 días. Solo el 15% restante cumple con los límites establecidos por ley. En 2024, ese porcentaje de cumplidoras era del 24%, lo que supone una caída de nueve puntos en un solo año.

La lectura que hace la Plataforma es inequívoca: las grandes empresas están utilizando el retraso en los pagos como una forma encubierta de financiación. Al no abonar a tiempo a sus proveedores, retienen liquidez y evitan recurrir al crédito bancario, trasladando el coste financiero a las pymes y autónomos que tienen menos capacidad de negociación y menos recursos para absorber esa espera.

Este mecanismo es especialmente dañino en el contexto actual. Con los tipos de interés todavía en niveles relativamente elevados en la eurozona tras las subidas del Banco Central Europeo en los últimos años, obtener financiación externa es más caro. Una pyme que no cobra a tiempo se ve obligada a buscar un crédito para cubrir sus gastos corrientes, y eso tiene un precio que mella directamente su margen de beneficio.

La Plataforma pide medidas concretas: que las administraciones públicas adopten compromisos vinculantes para respetar el plazo de 30 días, y que se refuerce la vigilancia y las sanciones sobre las grandes empresas que incumplen sistemáticamente la normativa. Sin una respuesta regulatoria más firme, advierten, el deterioro de los plazos continuará y el número de pymes en apuros seguirá creciendo.