La Comisión Europea ha tendido la mano al nuevo Gobierno húngaro que liderará Peter Magyar tras la histórica derrota electoral de Viktor Orbán. Bruselas está dispuesta a retomar las relaciones, pero espera señales concretas de cambio antes de mover ficha. En juego hay algo muy tangible: cerca de 17.000 millones de euros en fondos europeos que llevan meses —en algunos casos años— congelados por las disputas en torno al Estado de derecho bajo el ejecutivo saliente.
La situación que hereda Magyar no es precisamente cómoda. La economía húngara atraviesa un momento delicado, y esa precariedad económica fue, según los análisis electorales, uno de los factores clave que erosionó el apoyo popular a Orbán tras más de una década en el poder. El electorado húngaro, en parte hastiado del aislamiento europeo y sus consecuencias materiales, optó por un giro que ahora obliga al nuevo ejecutivo a moverse con rapidez si quiere capitalizar la apertura que ofrece Bruselas.
Los plazos son estrechos. La Comisión Europea ha dejado claro que la voluntad política existe, pero que el tiempo apremia: los mecanismos de desbloqueo de fondos requieren cumplir con una serie de hitos relacionados con la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y las garantías al Estado de derecho. Todas ellas son materias en las que el gobierno de Orbán incumplió reiteradamente los estándares que Bruselas exige a sus socios.
La congelación de esos 17.000 millones no es un capricho burocrático. Se produjo al amparo de mecanismos que la UE activó precisamente para blindar su presupuesto común frente a gobiernos que no respetan los principios democráticos fundamentales. El Reglamento de Condicionalidad, aprobado en 2020 y respaldado posteriormente por el Tribunal de Justicia de la UE, fue la herramienta principal que Bruselas utilizó para suspender los pagos a Budapest.
Un punto de partida complicado
Peter Magyar irrumpió en la política húngara como una figura relativamente nueva, pero con un perfil que genera expectativas tanto en Bruselas como entre buena parte del electorado urbano y joven del país. Su partido, TISZA, se posicionó durante la campaña como una alternativa proeuropea y favorable al Estado de derecho, lo que facilitó el acercamiento inicial con las instituciones comunitarias.
Sin embargo, la magnitud de los retos es considerable. Normalizar las relaciones con la UE no depende solo de buenas intenciones declaradas: exige reformas legislativas concretas, cambios en la composición de organismos judiciales y un ajuste en las políticas de medios de comunicación que durante los años de Orbán quedaron bajo una influencia gubernamental muy estrecha. Cada uno de esos pasos tiene un coste político interno, y Magyar deberá negociarlo con una base electoral que, aunque mayoritaria, tampoco es homogénea.
Desde Bruselas, el mensaje que trasladan fuentes comunitarias es de pragmatismo: no se piden grandes gestos simbólicos, sino avances verificables. La Comisión tiene experiencia en este tipo de procesos —el caso polaco tras el cambio de gobierno en 2023 es el referente más reciente— y sabe que los cambios reales llevan tiempo. Pero también sabe que los fondos congelados son un incentivo poderoso, y que usarlos bien puede acelerar las reformas.
El modelo polaco como referencia
Cuando Polonia eligió a Donald Tusk como primer ministro en 2023, el proceso de desbloqueo de fondos europeos también fue gradual y no estuvo exento de tensiones. El Gobierno de Tusk tuvo que lidiar con un Tribunal Constitucional que seguía bajo influencia del anterior partido gobernante, y con una mayoría parlamentaria ajustada que dificultaba las reformas legislativas. A pesar de ello, Bruselas fue liberando fondos de forma progresiva a medida que se producían avances constatables.
Ese itinerario es probablemente el que espera a Magyar. La Comisión no exigirá que todo esté resuelto antes de mover un euro, pero sí querrá ver un calendario de reformas creíble y los primeros pasos dados. Los estados miembros que han apostado históricamente por una línea dura con Budapest —entre ellos los Países Bajos o los países del norte de Europa— estarán atentos a que el proceso tenga rigor y no se convierta en un lavado de imagen sin cambios reales.
Para Hungría, la apuesta europea es también una necesidad económica urgente. Con una inflación que ha castigado con dureza a los hogares en los últimos años y unas inversiones extranjeras que han resentido la incertidumbre política, acceder a esos fondos comunitarios podría ser un balón de oxígeno significativo para el nuevo gobierno. La cuenta atrás ha comenzado, y tanto Magyar como Von der Leyen saben que la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente.